En libertad provisional hasta el juicioMatas durante la entrevista concedida a IB3. | Efe
* Afirma en IB3 que 'no sólo es la fianza, me he quedado sin trabajo'
* El ex ministro considera la caución 'desproporcionada e injusta'
* El ex ministro considera la caución 'desproporcionada e injusta'
"Me ha causado un trastorno irreparable, la fianza es desproporcionada e injusta". Así califica el ex president balear y ex ministro de Medio Ambiente con Aznar, Jaume Matas, la fianza de tres millones de euros impuesta por el juez Castro por su presunta implicación en el caso Palma Arena y que ha hecho efectiva esta mañana mediante sendas transferencias de 1,5 millones desde el Banco de Valencia y la Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa de Crédito.
En una entrevista con la cadena autonómica de Baleares IB3 Televisión, Matas asegura que que esta fianza y el resto de medidas cautelares decretadas por el juez -retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de presentarse cada quince días en los juzgados- han supuesto un "trastorno irreparable" a su vida.
El ex presidente balear, que en estos momentos se encuentra en Madrid, se lamenta en la entrevista y afirma que "me he quedado sin trabajo. No sólo es la fianza, yo estaba trabajando, a eso me dedicaba, tenía un muy buen contrato en una compañía americana». Matas aprovecha su intervención televisiva para recalcar que es inocente de todos los cargos que se le imputan, y aunque respeta las decisiones del juez, dice que "no tiene ningún tipo de acusación probada".
Para Matas, la fianza de tres millones de euros -la más alta jamás impuesta a un político en España- es «desproporcionada» e «injusta» y pide que se respete la presunción de inocencia ya que «no quiero ni más ni menos que otros".
En estos momentos y tras hacer efectiva la fianza, Matas queda en situación de libertad provisional aunque tiene prohibido abandonar el territorio nacional ya que se le ha retirado el pasaporte, y está obligado a presentarse los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial, según disponen las medidas cautelares impuestas por el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Sobre el ex ministro de Medio Ambiente pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
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