Mas, del PP, concedió licencias en suelo rústico de Llíber a cambio de dinero
ARTURO RUIZ - Dénia
El ex alcalde de Llíber José Mas, del PP, encarcelado el pasado mes de diciembre por autorizar 300 chalés en suelo rústico entre 1999 y 2003 a cambio de dinero, salió en la tarde de ayer de la cárcel de Fontcalent. El ex regidor quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 6.000 euros. Por estos hechos, la juez también envió a prisión al aparejador municipal y al cabecilla de la red, el promotor de Xàbia Miguel Muntaner. Éstos dos últimos también han quedado en libertad provisional, aunque en este caso previo pago de una fianza de 100.000 euros.
Aunque en un principio la magistrada, que instruye una causa por cohecho y estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio, había fijado para Mas prisión sin fianza dada la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, ahora el tribunal ha aceptado un recurso presentado por la defensa del ex regidor en el que solicitaba que se estableciera esa fianza de tan poca cuantía económica alegando razones humanitarias, toda vez que el ex edil es de avanzada edad, su riesgo de fuga es mínimo al ser una persona muy conocida en la comarca y además carece en la actualidad de recursos económicos. El juzgado ha aceptado los argumentos del letrado del ex alcalde tras el informe favorable del fiscal. En el ánimo del ministerio público también han pesado las razones "humanitarias y de salud [Mas sufre una dolencia cardiaca]", según precisaron fuentes de la fiscalía.
Las dificultades financieras por las que, según su defensa, dice pasar el ex alcalde contrastan con las declaraciones del supuesto cabecilla de la trama, el constructor de Xàbia Miguel Muntaner, quien aseguró que pagó a Mas 3.000 euros de soborno por cada una de las viviendas ilegales que se edificaron. Por cierto, que ya no queda en prisión ninguno de los implicados en el escándalo urbanístico que ha sacudido La Marina Alta durante las últimas semanas. Muntaner, también detenido en diciembre, ya ha salido de la cárcel después de haber pagado una fianza de 100.000 euros. Según la instrucción del caso, este constructor lideró la organización que tramitó la venta de las parcelas en suelo rústico en parcelas menores de 10.000 metros cuadrados y en la que están implicadas un total de 18 personas. También está ya fuera de la cárcel el ex aparejador municipal tras depositar otra fianza de 100.000 euros. Según la investigación, Muntaner habría sobornado con 25.000 euros a ese ex funcionario municipal por cada uno de los informes técnicos que permitieron validar las construcciones irregulares.
Para los principales implicados en la trama, la magistrada instructora del caso ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los 300 propietarios, la mayoría de origen británico, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, por las prebendas que el ex alcalde y el ex aparejador recibieron de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y de ordenación contra el territorio porque el suelo rústico de Llíber se vio afectado por una plaga de urbanizaciones surgidas de la nada.
Por su parte, los 300 afectados exigen no sólo la legalización de sus viviendas, sino también que se investiguen los paraísos fiscales donde los principales imputados desviaron el dinero que habrían ganado con la trama.
elpaís.com
Aunque en un principio la magistrada, que instruye una causa por cohecho y estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio, había fijado para Mas prisión sin fianza dada la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, ahora el tribunal ha aceptado un recurso presentado por la defensa del ex regidor en el que solicitaba que se estableciera esa fianza de tan poca cuantía económica alegando razones humanitarias, toda vez que el ex edil es de avanzada edad, su riesgo de fuga es mínimo al ser una persona muy conocida en la comarca y además carece en la actualidad de recursos económicos. El juzgado ha aceptado los argumentos del letrado del ex alcalde tras el informe favorable del fiscal. En el ánimo del ministerio público también han pesado las razones "humanitarias y de salud [Mas sufre una dolencia cardiaca]", según precisaron fuentes de la fiscalía.
Las dificultades financieras por las que, según su defensa, dice pasar el ex alcalde contrastan con las declaraciones del supuesto cabecilla de la trama, el constructor de Xàbia Miguel Muntaner, quien aseguró que pagó a Mas 3.000 euros de soborno por cada una de las viviendas ilegales que se edificaron. Por cierto, que ya no queda en prisión ninguno de los implicados en el escándalo urbanístico que ha sacudido La Marina Alta durante las últimas semanas. Muntaner, también detenido en diciembre, ya ha salido de la cárcel después de haber pagado una fianza de 100.000 euros. Según la instrucción del caso, este constructor lideró la organización que tramitó la venta de las parcelas en suelo rústico en parcelas menores de 10.000 metros cuadrados y en la que están implicadas un total de 18 personas. También está ya fuera de la cárcel el ex aparejador municipal tras depositar otra fianza de 100.000 euros. Según la investigación, Muntaner habría sobornado con 25.000 euros a ese ex funcionario municipal por cada uno de los informes técnicos que permitieron validar las construcciones irregulares.
Para los principales implicados en la trama, la magistrada instructora del caso ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los 300 propietarios, la mayoría de origen británico, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, por las prebendas que el ex alcalde y el ex aparejador recibieron de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y de ordenación contra el territorio porque el suelo rústico de Llíber se vio afectado por una plaga de urbanizaciones surgidas de la nada.
Por su parte, los 300 afectados exigen no sólo la legalización de sus viviendas, sino también que se investiguen los paraísos fiscales donde los principales imputados desviaron el dinero que habrían ganado con la trama.
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En el día de ayer aparecieron otros titulares menos escandalosos y más pegados al derecho a la información y al deber de no levantar falso testimonio. Lástima que hayan escogido éste.
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