• La madre de Muñoz certifica su alzhéimer, pero en la etapa investigada por Garzón no lo padecía
• El exalto cargo de CiU Genís Carbó afirma que el juez desconoce cómo se gestiona el urbanismo
• El exalto cargo de CiU Genís Carbó afirma que el juez desconoce cómo se gestiona el urbanismo
Lluís Falcón, arquitecto de Santa Coloma; el empresario Manuel Valera y Genís Carbó, exasesor del Govern, llegan a la Audiencia. Foto: JOSÉ LUIS ROCAMÁS INFORMACIÓN
* Nadal pone «la mano en el fuego» por el Incasòl «exclusivamente»
* Pesquisas abiertas en el ‘caso Pretoria’
* Garzón deja en libertad sin medidas cautelares al exalcalde y al exconcejal de Sant Andreu de Llavaneres
* Pesquisas abiertas en el ‘caso Pretoria’
* Garzón deja en libertad sin medidas cautelares al exalcalde y al exconcejal de Sant Andreu de Llavaneres
MAYKA NAVARRO / MADRID
Cinco de los 11 nuevos imputados del caso Pretoria pasaron ayer, con brevísimos interrogatorios en algunos casos, por el despacho del 
juez Baltasar Garzón y, terminado su paso por la Audiencia Nacional, volvieron a casa sin medidas cautelares, es decir, ni fianza, ni firmar cada tantos días en un juzgado y, por supuesto, ni cárcel. Hoy es el turno de otros cinco imputados, entre ellos el hasta anteayer gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) de la Generalitat, Emili Mas. La primera sesión de interrogatorios de ayer no conllevó, fiel a su estrategia hasta ahora, ningún tipo de nueva luz por parte de Garzón, pero al menos uno de los acusados, Genís Carbó, exalto cargo de CiU durante el pujolismo, decidió dar su versión sobre lo que, al menos por lo que a él le concierne, es el caso Pretoria: un error de interpretación por parte del juez sobre lo que son los procesos urbanísticos.
La jornada de interrogatorios comenzó con una apabullada Doris Malfeito (foto tercera), la mu
jer de Macià Alavedra, sorprendida por la presencia de fotógrafos y periodistas. Muy pocas preguntas le formuló Garzón. Solo estuvo ante el instructor del caso unos breves minutos. A la salida, más agobiada aún, se agarró con decisión al cuello de un policía que le abría paso entre las cámaras y le suplicó: «Por favor, sáqueme de aquí». Malfeito estaba imputada, de hecho, desde el pasado 30 de octubre, el día Garzón firmó el auto de prisión de su marido, firmó también el de imputación de la mujer. Y Juan Córdoba, el letrado del matrimonio, regresó a Barcelona con los dos escritos, aunque fiel a su extrema discrección, no comentó en público la imputación de Malfeito, conocida por ella desde el primer momento.
La siguiente en comparecer fue Maria Lluïsa Mas Crussels (foto segunda), esposa de Lluís Prenafeta. Mostró mucha más entereza. No dijo nada en público, pero fuentes próximas a la investigación afirman que tanto ella como Malfeito le explicaron al juez que, pese a que sus nombres figuran en algunas sociedades investigadas, se limitaban a hacer lo que sus maridos les pedían.
COMISIÓN DE 244.011 EUROS / Fueron, sin duda, las imputadas más apetecibles desde el punto de vista fotográfico, pero por su supuesto papel en la trama resultó más interesante la presencia de Carbó en la Audiencia Nacional. «Garzón confunde cargos y competencias» se defendió el excoordinador de plan territorial metropolitano de Barcelona. El exalto cargo convergente aseguró sentirse en parte aliviado por poder, según él, aclarar al juez algunas de las acusaciones que le formula. La principal de ellas es el cobro de una comisión de 244.011 euros que habría recibido de manos de Niesma Corporación SL cuando aún trabajaba para la administración autonómica. No precisó Carbó si esa coincidencia en el tiempo es tal cual la cuenta Garzón en el último auto, pero sí quiso subrayar que fue un pago «legal» fruto de una labor de asesoría.
El exarquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcón, acusado de favorecer con sus decisiones a la trama corrupta, y el administración empresarial Manuel Valera, supuesto autor del pago a Carbó, acudieron impertérritos al interrogatorio y se despidieron muy parcos en palabras: «Gracias», dijo el primero; y «siempre he estado muy tranquilo», el segundo.
Así termino la primera sesión de interrogatorios de este segundo capítulo del caso Pretoria. Pero la jornada dio para más.
Los abogados de Josefina Calvet, madre del exalcalde Bartomeu Muñoz, llevaron ayer a la Audiencia Nacional un paquete de certificados médicos que acreditan el progresivo deterioro físico de su cliente para justificar así por qué hoy no irá a declarar. El alzhéimer que padece le ha degenerado en una demencia senil severa. No obstante, admiten sus abogados, en el año 2004, cuando Garzón sitúa su implicación en el caso, estaba en plenitud de facultades mentales y llevaba personalmente «las riendas del patrimonio» que le dejó su marido, el también exalcalde de Santa Coloma, Blas Muñoz.
Y el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco salió anoche de prisión tras abonar su familia la fianza de 200.000 euros.
elperiódico.com
juez Baltasar Garzón y, terminado su paso por la Audiencia Nacional, volvieron a casa sin medidas cautelares, es decir, ni fianza, ni firmar cada tantos días en un juzgado y, por supuesto, ni cárcel. Hoy es el turno de otros cinco imputados, entre ellos el hasta anteayer gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) de la Generalitat, Emili Mas. La primera sesión de interrogatorios de ayer no conllevó, fiel a su estrategia hasta ahora, ningún tipo de nueva luz por parte de Garzón, pero al menos uno de los acusados, Genís Carbó, exalto cargo de CiU durante el pujolismo, decidió dar su versión sobre lo que, al menos por lo que a él le concierne, es el caso Pretoria: un error de interpretación por parte del juez sobre lo que son los procesos urbanísticos.La jornada de interrogatorios comenzó con una apabullada Doris Malfeito (foto tercera), la mu
jer de Macià Alavedra, sorprendida por la presencia de fotógrafos y periodistas. Muy pocas preguntas le formuló Garzón. Solo estuvo ante el instructor del caso unos breves minutos. A la salida, más agobiada aún, se agarró con decisión al cuello de un policía que le abría paso entre las cámaras y le suplicó: «Por favor, sáqueme de aquí». Malfeito estaba imputada, de hecho, desde el pasado 30 de octubre, el día Garzón firmó el auto de prisión de su marido, firmó también el de imputación de la mujer. Y Juan Córdoba, el letrado del matrimonio, regresó a Barcelona con los dos escritos, aunque fiel a su extrema discrección, no comentó en público la imputación de Malfeito, conocida por ella desde el primer momento.La siguiente en comparecer fue Maria Lluïsa Mas Crussels (foto segunda), esposa de Lluís Prenafeta. Mostró mucha más entereza. No dijo nada en público, pero fuentes próximas a la investigación afirman que tanto ella como Malfeito le explicaron al juez que, pese a que sus nombres figuran en algunas sociedades investigadas, se limitaban a hacer lo que sus maridos les pedían.
COMISIÓN DE 244.011 EUROS / Fueron, sin duda, las imputadas más apetecibles desde el punto de vista fotográfico, pero por su supuesto papel en la trama resultó más interesante la presencia de Carbó en la Audiencia Nacional. «Garzón confunde cargos y competencias» se defendió el excoordinador de plan territorial metropolitano de Barcelona. El exalto cargo convergente aseguró sentirse en parte aliviado por poder, según él, aclarar al juez algunas de las acusaciones que le formula. La principal de ellas es el cobro de una comisión de 244.011 euros que habría recibido de manos de Niesma Corporación SL cuando aún trabajaba para la administración autonómica. No precisó Carbó si esa coincidencia en el tiempo es tal cual la cuenta Garzón en el último auto, pero sí quiso subrayar que fue un pago «legal» fruto de una labor de asesoría.
El exarquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcón, acusado de favorecer con sus decisiones a la trama corrupta, y el administración empresarial Manuel Valera, supuesto autor del pago a Carbó, acudieron impertérritos al interrogatorio y se despidieron muy parcos en palabras: «Gracias», dijo el primero; y «siempre he estado muy tranquilo», el segundo.
Así termino la primera sesión de interrogatorios de este segundo capítulo del caso Pretoria. Pero la jornada dio para más.
Los abogados de Josefina Calvet, madre del exalcalde Bartomeu Muñoz, llevaron ayer a la Audiencia Nacional un paquete de certificados médicos que acreditan el progresivo deterioro físico de su cliente para justificar así por qué hoy no irá a declarar. El alzhéimer que padece le ha degenerado en una demencia senil severa. No obstante, admiten sus abogados, en el año 2004, cuando Garzón sitúa su implicación en el caso, estaba en plenitud de facultades mentales y llevaba personalmente «las riendas del patrimonio» que le dejó su marido, el también exalcalde de Santa Coloma, Blas Muñoz.
Y el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco salió anoche de prisión tras abonar su familia la fianza de 200.000 euros.
elperiódico.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario