El magistrado reclama a las aministraciones los estatutos de la entidad para aclarar si existe una posible malversación de fondos
EFE - Barcelona
El juez del caso Millet ha pedido al consorcio del Palau de la Música Catalana que aporte los estatutos de la institución y un certificado de los ingresos que la nutren, tanto públicos como privados, después de que las auditorías contables realizadas apuntaran a una posible malversación en el desvío de fondos.
En una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, ha requerido al consorcio que entregue "la cifra de ingresos provenientes de fondos públicos y la de otros que no lo sean" entre los años 2002 y 2009, que son los que ha auditado la Intervención General de la Generalitat.
La petición del juez instructor se ha producido unos días después de que las auditorías contables de la Generalitat y del Palau de la Música constataran que Fèlix Millet y Jordi Montull desviaron al menos 2,9 millones de euros del consorcio del Palau, integrado por la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona.
El resultado de las auditorías abre la puerta a que se pueda imputar un delito de malversación de fondos públicos a Millet y Montull, por lo que ambos podrían llegar a afrontar penas de hasta 22 años de cárcel, sumados los de apropiación indebida y falsedad documental.
De hecho, junto a la auditoría realizada por la Generalitat, el Consorcio del Palau de la Música ha presentado al juez un escrito en el que plantea que, a la luz de esos informes, Millet y Montull podrían haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos y también de fraude en subvenciones.
Por el contrario, la defensa de los querellados cuestiona que pueda imputarse a sus clientes un delito de malversación, alegando que más del 60% de los recursos del consorcio no son públicos, sino que proceden de la recaudación de taquilla y de las entradas de las visitas turísticas al edificio modernista, entre otras fuentes.
Respuesta de recurso
Por ese motivo, la defensa de Millet y Montull plantea en su respuesta al recurso de apelación que las acusaciones han presentado contra la libertad provisional de los imputados que la naturaleza jurídica del Consorcio no es pública.
En ese escrito, los abogados defensores también responden a las acusacones que, aún en el caso de que se pudiera imputar a los ex responsables del Palau de la Música un delito de malversación, éste no comportaría una elevación de la pena, porque consideran que la jurisprudencia impide condenar al mismo tiempo por sendos delitos continuados de malversación y apropiación indebida.
elpaís.com
En una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, ha requerido al consorcio que entregue "la cifra de ingresos provenientes de fondos públicos y la de otros que no lo sean" entre los años 2002 y 2009, que son los que ha auditado la Intervención General de la Generalitat.
La petición del juez instructor se ha producido unos días después de que las auditorías contables de la Generalitat y del Palau de la Música constataran que Fèlix Millet y Jordi Montull desviaron al menos 2,9 millones de euros del consorcio del Palau, integrado por la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona.
El resultado de las auditorías abre la puerta a que se pueda imputar un delito de malversación de fondos públicos a Millet y Montull, por lo que ambos podrían llegar a afrontar penas de hasta 22 años de cárcel, sumados los de apropiación indebida y falsedad documental.
De hecho, junto a la auditoría realizada por la Generalitat, el Consorcio del Palau de la Música ha presentado al juez un escrito en el que plantea que, a la luz de esos informes, Millet y Montull podrían haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos y también de fraude en subvenciones.
Por el contrario, la defensa de los querellados cuestiona que pueda imputarse a sus clientes un delito de malversación, alegando que más del 60% de los recursos del consorcio no son públicos, sino que proceden de la recaudación de taquilla y de las entradas de las visitas turísticas al edificio modernista, entre otras fuentes.
Respuesta de recurso
Por ese motivo, la defensa de Millet y Montull plantea en su respuesta al recurso de apelación que las acusaciones han presentado contra la libertad provisional de los imputados que la naturaleza jurídica del Consorcio no es pública.
En ese escrito, los abogados defensores también responden a las acusacones que, aún en el caso de que se pudiera imputar a los ex responsables del Palau de la Música un delito de malversación, éste no comportaría una elevación de la pena, porque consideran que la jurisprudencia impide condenar al mismo tiempo por sendos delitos continuados de malversación y apropiación indebida.
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