N.T.
El PP valenciano dirigido por el también presidente de la Generalitat, Francisco Camps, financió varios actos electorales con dinero de seis constructoras, que desviaron fondos al partido con la mediación de Orange Market, una terminal de la red Gürtel. Entre las mecenas de los populares estarían Lubasa, una de las entidades más importantes de la Comunidad, y Sedesa, fundada y dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Camps. El método con el que funcionaba esta red de financiación paralela sería simple: las constructoras pagaban a Orange Market por servicios no prestados, mientras ésta organizaba los actos del partido. El círculo se cerraría en la Generalitat, que otorgó hasta 45 contratos por 8 millones de euros, la mayoría de ellos a dedo, a la sucursal Gürtel. Todos estos datos constan en el informe que la Brigada de Blanqueo remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia el pasado 31 de julio y que este órgano no quiso investigar por considerar que su contenido se refiere a un “objeto diferente” al cohecho de los trajes.
El TSJV presidido por Juan Luis de la Rúa, un magistrado que se define a sí mismo como “más que amigo” de Camps, rehusó investigar la financiación ilegal del PP por considerar que este tema rebasaba los objetivos de la causa contra el presidente y tres de sus altos cargos acotada, desde el principio y contra toda lógica, al delito de aceptar regalos (cohecho).
Financiación ilegal
Hoy se han empezado a conocer, no obstante, los detalles del citado informe de la Brigada Policial del Blanqueo que De la Rúa y los suyos no quisieron estudiar. En los 89 folios y 5 anexos del escrito se detallaría cómo media docena de constructoras pagaron a Orange Market por servicios no prestados para que ésta última destinara esos fondos a actos al PP regional, recoge El País. La terminal Gürtel montaba eventos electorales a los conservadores y, posteriormente, recibiría dádivas de la Generalitat, también gobernada por el PP. Esta empresa consiguió 45 contratos, la mayoría de ellos otorgados a dedo, por casi ocho millones de euros. Toda esta información ha sido extraída de la documentación incautada a la propia Orange Market.
Lubasa
Pero no fue ésta entidad la única que se benefició de las bondades de la administración regional. La misma Lubasa, una de las donantes, figura entre las principales adjudicatarias de obras públicas de la Generalitat. Esta constructora ha admitido que contrató “alguna cosa de merchandising” a la sucursal Gürtel, pero se ha desmarcado de la financiación paralela. “Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido”, han declarado al rotativo de Prisa.
Sedesa
Por su parte Sedesa, otra entidad mecenas, tendría nexos con el consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda y ex director general de la policía de José María Aznar, Juan Cotino. Esta constructora fundada por el padre de Cotino tiene, curiosamente, intereses en la cartera que lleva el dirigente regional: tratamiento de residuos, limpieza inmobiliaria o depuración de aguas. Sedesa no ha hecho declaraciones sobre estas acusaciones.
¡Y el TSJV se queja!
A todo esto, ¿qué dicen el TSJV y De la Rúa? La postura del Tribunal y su presidente se sintetiza en un comunicado fechado el 10 de septiembre pasado: es una queja por la forma en la que se ha recibido el informe policial. “El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo”, explicaron.
¿Asunto zanjado?
“Es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes” apuntaron, sin explicar el contenido del informe. De lo que sí dejaron constancia los magistrados del TSJV es de que consideraron innecesario analizarlo porque las diligencias contra Camps y sus tres dirigentes “están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente” al cohecho al que se limitó la investigación por un supuesto pacto entre los jueces. A esta información le faltarían dos matices: cuando el informe llegó la causa no estaba archivada –lo estaría dos días después- y la vía de la financiación ilegal sí estaba incluida en el sumario inicial, siendo estos mismos magistrados quienes se negaron a analizarla.
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o De la Rúa: presidente del TSJV y también de la Junta Electoral
o El TSJV rechazó investigar si el PP se financió ilegalmente con la Gürtel
o El presidente del TSJV, íntimo amigo de Camps, investigaría su presunta implicación en la Operación...
o Cotino dice que la posible relación entre Orange Market y la empresa de su familia es comercial...
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El TSJV presidido por Juan Luis de la Rúa, un magistrado que se define a sí mismo como “más que amigo” de Camps, rehusó investigar la financiación ilegal del PP por considerar que este tema rebasaba los objetivos de la causa contra el presidente y tres de sus altos cargos acotada, desde el principio y contra toda lógica, al delito de aceptar regalos (cohecho).
Financiación ilegal
Hoy se han empezado a conocer, no obstante, los detalles del citado informe de la Brigada Policial del Blanqueo que De la Rúa y los suyos no quisieron estudiar. En los 89 folios y 5 anexos del escrito se detallaría cómo media docena de constructoras pagaron a Orange Market por servicios no prestados para que ésta última destinara esos fondos a actos al PP regional, recoge El País. La terminal Gürtel montaba eventos electorales a los conservadores y, posteriormente, recibiría dádivas de la Generalitat, también gobernada por el PP. Esta empresa consiguió 45 contratos, la mayoría de ellos otorgados a dedo, por casi ocho millones de euros. Toda esta información ha sido extraída de la documentación incautada a la propia Orange Market.
Lubasa
Pero no fue ésta entidad la única que se benefició de las bondades de la administración regional. La misma Lubasa, una de las donantes, figura entre las principales adjudicatarias de obras públicas de la Generalitat. Esta constructora ha admitido que contrató “alguna cosa de merchandising” a la sucursal Gürtel, pero se ha desmarcado de la financiación paralela. “Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido”, han declarado al rotativo de Prisa.
Sedesa
Por su parte Sedesa, otra entidad mecenas, tendría nexos con el consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda y ex director general de la policía de José María Aznar, Juan Cotino. Esta constructora fundada por el padre de Cotino tiene, curiosamente, intereses en la cartera que lleva el dirigente regional: tratamiento de residuos, limpieza inmobiliaria o depuración de aguas. Sedesa no ha hecho declaraciones sobre estas acusaciones.
¡Y el TSJV se queja!
A todo esto, ¿qué dicen el TSJV y De la Rúa? La postura del Tribunal y su presidente se sintetiza en un comunicado fechado el 10 de septiembre pasado: es una queja por la forma en la que se ha recibido el informe policial. “El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo”, explicaron.
¿Asunto zanjado?
“Es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes” apuntaron, sin explicar el contenido del informe. De lo que sí dejaron constancia los magistrados del TSJV es de que consideraron innecesario analizarlo porque las diligencias contra Camps y sus tres dirigentes “están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente” al cohecho al que se limitó la investigación por un supuesto pacto entre los jueces. A esta información le faltarían dos matices: cuando el informe llegó la causa no estaba archivada –lo estaría dos días después- y la vía de la financiación ilegal sí estaba incluida en el sumario inicial, siendo estos mismos magistrados quienes se negaron a analizarla.
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