Eduardo Colom | Palma
La Fiscalía apunta ahora que los políticos de UM en el Consell usaron el Plan Territorial como mero pretexto para favorecer a Sacresa al adjudicar la parcela de Can Domenge por 30 millones de euros y que sacaron el concurso en plenas fechas navideñas con el fin de "eliminar la competencia" a la promotora catalana y propiciar así que se quedase con el mejor solar público "por la mitad de su precio real". En lo que califica como la "primera vez en la historia de la Administración española que se establece un precio máximo, es decir, que la administración renuncia de forma altruista a obtener el valor real de un bien público".
Estas acusaciones están contenidas en el escrito presentado por el fiscal Pedro Horrach ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma. Un informe aportado con el fin de que la magistrada se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ya que la Fiscalía ha detectado indicios de que dos de los acusados, que son aforados, pudieron cometer «malversación, fraude y prevaricación». Se trata concretamente de Bartomeu Vicens y Miquel Nadal, ex conseller de Territorio y vicepresidente del Consell y hoy diputado y conseller de Turismo del Govern respectivamente.
‘No motiva la fianza’
Concretamente, Horrach remarca como uno de los indicios incriminatorios la fecha de publicación del concurso. "El acuerdo se produce el 30 de diciembre de 2006" y se publica la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas el 3 de enero de 2006. "La elección de las fechas –añade– es una decisión plenamente consciente y deliberada (plenas fechas navideñas)". "El objetivo", concluye, "era demorar el conocimiento de los eventuales interesados en la licitación, y forma parte de la estrategia seguida por los imputados, eliminando posibles competidores". Es decir, "dirigir el procedimiento administrativo para que la adjudicataria [del solar en el que se podrían construir 600 viviendas] fuese la Unión Temporal de Empresas" que lideraba la promotora catalana.
Según la Fiscalía, en ese mismo fin se enmarca una de las cláusulas que pusieron en el concurso: "Que el proyecto constituyese un claro exponente de las determinaciones previstas en el Plan Territorial de Mallorca (PTM)". Una condición que representaba el 15% de la puntuación global cuando "el Plan nada tiene que ver con la venta de una finca ubicada en el casco urbano de Palma, al contrario, contraviene el propio PTM". Y en el "hipotético caso de que estas determinaciones existieran", añade, "qué sentido tiene que se valore y se puntúe el cumplimiento de la legalidad vigente".
Además
* La defensa de Flaquer presenta un recurso
* Lea el recurso completo
ELMUNDO.ES
Estas acusaciones están contenidas en el escrito presentado por el fiscal Pedro Horrach ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma. Un informe aportado con el fin de que la magistrada se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ya que la Fiscalía ha detectado indicios de que dos de los acusados, que son aforados, pudieron cometer «malversación, fraude y prevaricación». Se trata concretamente de Bartomeu Vicens y Miquel Nadal, ex conseller de Territorio y vicepresidente del Consell y hoy diputado y conseller de Turismo del Govern respectivamente.
‘No motiva la fianza’
Concretamente, Horrach remarca como uno de los indicios incriminatorios la fecha de publicación del concurso. "El acuerdo se produce el 30 de diciembre de 2006" y se publica la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas el 3 de enero de 2006. "La elección de las fechas –añade– es una decisión plenamente consciente y deliberada (plenas fechas navideñas)". "El objetivo", concluye, "era demorar el conocimiento de los eventuales interesados en la licitación, y forma parte de la estrategia seguida por los imputados, eliminando posibles competidores". Es decir, "dirigir el procedimiento administrativo para que la adjudicataria [del solar en el que se podrían construir 600 viviendas] fuese la Unión Temporal de Empresas" que lideraba la promotora catalana.
Según la Fiscalía, en ese mismo fin se enmarca una de las cláusulas que pusieron en el concurso: "Que el proyecto constituyese un claro exponente de las determinaciones previstas en el Plan Territorial de Mallorca (PTM)". Una condición que representaba el 15% de la puntuación global cuando "el Plan nada tiene que ver con la venta de una finca ubicada en el casco urbano de Palma, al contrario, contraviene el propio PTM". Y en el "hipotético caso de que estas determinaciones existieran", añade, "qué sentido tiene que se valore y se puntúe el cumplimiento de la legalidad vigente".
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