EDUARDO BARBA. SEVILLALa publicación de las conversaciones entre los directivos de la sociedad pública Mercasevilla y empresarios de La Raza donde los primeros piden comisiones a los segundos no sólo destapó hace varios meses un grave caso de corrupción que supuso el relevo en la cúpula del mercado central de abastos sevillano y la apertura de un proceso penal, sino que generó la realización de una auditoría en la Fundación Mercasevilla -germen de la polémica por ser la receptora de las «donaciones»- cuyos resultados han sido reveladores. Así, éstos han mostrado un descontrol enorme en todo lo referente a los gastos y las contrataciones, al tiempo que señalan un agujero financiero de al menos 1,1 millones de euros; en concreto, la contabilidad registra un resultado negativo de 1.116.148 euros.
La auditoría, realizada con el asesoramiento de la empresa Deloitte, fue trasladada a una comisión auditora nombrada por los partidos políticos, que extrajo conclusiones tan contundentes que el Ayuntamiento decidió disolver la Fundación de inmediato alegando que llevaba una contabilidad «a espaldas del patronato de la empresa». Esta auditoría acabó en manos de la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, que rápidamente abrió una investigación en torno a las donaciones a esta fundación asistencial y centró buena parte de sus pesquisas en la venta del suelo del «Merca» en 2006 a la empresa Sando.
Del trabajo auditor se desprende un auténtico descontrol en las cuentas y las contrataciones de la fundación, puesta en marcha en verano de 2006, precisamente en el mismo período en que se adjudicaron los terrenos de Mercasevilla a Sando pese a ser su oferta menor que la de su competidora, Osuna. En poco más de dos años, el desfase contable -dinero que ha entrado del que no se encuentra destino o destinatario- supera el millón de euros. asegura que se constata «un exceso» de personal empleado en la Fundación de la empresa pública, con el consiguiente gasto que implica la abultada plantilla para la entidad, de la que formaba parte incluso la esposa del ex director gerente Fernando Mellet, nombrada directora de la guardería de la empresa de abastos.
«A dedo»
Las irregularidades detectadas en el informe profundizan en el sistema de contratación, señalando que para contratar al personal no cualificado el sistema utilizado por la directiva cesada era el de la bolsa de empleo, de la que se iba llamando al personal según las necesidades. Eso sí, para el operario cualificado la técnica cambiaba: de hecho, ni existía, ya que la contratación se realizaba a dedo. Tanto es así que el documento señala al mismo Mellet como el que se encargaba de la elección «discrecional» del personal que acababa siendo contratado por la Fundación.
La auditoría incide en que este apartado de las contrataciones de trabajadores cualificados, usando múltiples e ilustrativos ejemplos, se gestionaba sin conocimiento alguno de los órganos directivos de la empresa, al igual que ocurría con la propia contabilidad de la fundación. Destaca incluso la auditoría que la contabilidad se llevaba «con el mismo modo de operar» con respecto a la empresa pública, esto es, sin informar de todo. Éste es el principal argumento usado por el Ayuntamiento para disolver la fundación -gracias a su 51% en el consejo de administración- hace unas semanas, pese a que desde el Consistorio se ha sacado pecho constantemente en los últimos años de la impecable gestión económica de Mellet.
También señala el trabajo de los auditores de Deloitte que en la entidad también se llevaron a cabo actos de aprobación de gastos y ordenación de pagos sin someterlos a ratificación, algo básico para la transparencia contable. Es más, todas estas actuaciones «ni siquiera» se pusieron en conocimiento del Patronato de la Fundación, al que tampoco le han llegado a rendir cuentas por parte de los gestores de la empresa pública de abastos.
Pagos e intermediación
De la auditoría también destacan varios aspectos más que llamativos. En ella, por ejemplo, se mencionan el abono de 143.145 euros a la empresa «Maginae Solutions» entre 2007 y 2008 por asesorar a Mercasevilla en la tramitación ante la Consejería de Empleo del expediente de regulación de empleo (ERE) en el que resultaron afectados 63 trabajadores de los 176 que componían la plantilla. El responsable de esta empresa, Jaime Sierra, admitió a este periódico ser cuñado del ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en torno a su papel en la concesión de los 900.000 euros de subvención desde la Delegación de Empleo al «Merca» para la construcción de la Escuela de Hostelería, que dio origen a la petición de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza, adelantada por ABC.
Además, la auditoría detectó 30.200 euros sin justificar que se pagaron con una tarjeta de crédito VISA que pertenecía al departamento de dirección general, del que estaba al cargo Mellet, principal imputado por la petición de comisiones. Se indica en el informe que, sobre este gasto, «no se aporta soporte documental justificativo. Además, se refleja otro gasto de 11.417 euros sin justificar correspondiente a dos viajes realizados por el ex subdirector, Daniel Ponce, a Vietnam; el coste de estos trayectos es de 33.321 euros, de los que no se justificaron esos 11.417.
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ABC.ES
La auditoría, realizada con el asesoramiento de la empresa Deloitte, fue trasladada a una comisión auditora nombrada por los partidos políticos, que extrajo conclusiones tan contundentes que el Ayuntamiento decidió disolver la Fundación de inmediato alegando que llevaba una contabilidad «a espaldas del patronato de la empresa». Esta auditoría acabó en manos de la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, que rápidamente abrió una investigación en torno a las donaciones a esta fundación asistencial y centró buena parte de sus pesquisas en la venta del suelo del «Merca» en 2006 a la empresa Sando.
Del trabajo auditor se desprende un auténtico descontrol en las cuentas y las contrataciones de la fundación, puesta en marcha en verano de 2006, precisamente en el mismo período en que se adjudicaron los terrenos de Mercasevilla a Sando pese a ser su oferta menor que la de su competidora, Osuna. En poco más de dos años, el desfase contable -dinero que ha entrado del que no se encuentra destino o destinatario- supera el millón de euros. asegura que se constata «un exceso» de personal empleado en la Fundación de la empresa pública, con el consiguiente gasto que implica la abultada plantilla para la entidad, de la que formaba parte incluso la esposa del ex director gerente Fernando Mellet, nombrada directora de la guardería de la empresa de abastos.
«A dedo»
Las irregularidades detectadas en el informe profundizan en el sistema de contratación, señalando que para contratar al personal no cualificado el sistema utilizado por la directiva cesada era el de la bolsa de empleo, de la que se iba llamando al personal según las necesidades. Eso sí, para el operario cualificado la técnica cambiaba: de hecho, ni existía, ya que la contratación se realizaba a dedo. Tanto es así que el documento señala al mismo Mellet como el que se encargaba de la elección «discrecional» del personal que acababa siendo contratado por la Fundación.
La auditoría incide en que este apartado de las contrataciones de trabajadores cualificados, usando múltiples e ilustrativos ejemplos, se gestionaba sin conocimiento alguno de los órganos directivos de la empresa, al igual que ocurría con la propia contabilidad de la fundación. Destaca incluso la auditoría que la contabilidad se llevaba «con el mismo modo de operar» con respecto a la empresa pública, esto es, sin informar de todo. Éste es el principal argumento usado por el Ayuntamiento para disolver la fundación -gracias a su 51% en el consejo de administración- hace unas semanas, pese a que desde el Consistorio se ha sacado pecho constantemente en los últimos años de la impecable gestión económica de Mellet.
También señala el trabajo de los auditores de Deloitte que en la entidad también se llevaron a cabo actos de aprobación de gastos y ordenación de pagos sin someterlos a ratificación, algo básico para la transparencia contable. Es más, todas estas actuaciones «ni siquiera» se pusieron en conocimiento del Patronato de la Fundación, al que tampoco le han llegado a rendir cuentas por parte de los gestores de la empresa pública de abastos.
Pagos e intermediación
De la auditoría también destacan varios aspectos más que llamativos. En ella, por ejemplo, se mencionan el abono de 143.145 euros a la empresa «Maginae Solutions» entre 2007 y 2008 por asesorar a Mercasevilla en la tramitación ante la Consejería de Empleo del expediente de regulación de empleo (ERE) en el que resultaron afectados 63 trabajadores de los 176 que componían la plantilla. El responsable de esta empresa, Jaime Sierra, admitió a este periódico ser cuñado del ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en torno a su papel en la concesión de los 900.000 euros de subvención desde la Delegación de Empleo al «Merca» para la construcción de la Escuela de Hostelería, que dio origen a la petición de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza, adelantada por ABC.
Además, la auditoría detectó 30.200 euros sin justificar que se pagaron con una tarjeta de crédito VISA que pertenecía al departamento de dirección general, del que estaba al cargo Mellet, principal imputado por la petición de comisiones. Se indica en el informe que, sobre este gasto, «no se aporta soporte documental justificativo. Además, se refleja otro gasto de 11.417 euros sin justificar correspondiente a dos viajes realizados por el ex subdirector, Daniel Ponce, a Vietnam; el coste de estos trayectos es de 33.321 euros, de los que no se justificaron esos 11.417.
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