SEVILLA. El alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), prestó ayer declaración en calidad de imputado ante el Juzgado Mixto número 1 de Sanlúcar la Mayor, donde ante la denuncia elevada por el PSOE por supuestas infracciones penales de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los derechos cívicos, ha alegado que se abstuvo «en todas las votaciones» relacionadas con la operación urbanística en la que se incluyó la ampliación de una vivienda de su propiedad.
En declaraciones a E.P., Domingo Salado explicó que se ha defendido de las acusaciones formuladas por la portavoz municipal del PSOE, Matilde Marín, quien había elevado al juez una denuncia en la que advertía de que una «ampliación» de la vivienda del primer edil contravendría las normas urbanísticas. Marín, igualmente, aseguraba que la obra habría sido consumada tras una operación urbanística en cuya tramitación el alcalde no se habría abstenido de votar.
En su denuncia, el PSOE relataba que entre 1999 y 2002, vecinos de la urbanización La Juliana habían solicitado sin éxito al Ayuntamiento la adquisición de unas fincas de titularidad municipal que colindaban con sus respectivas viviendas al objeto de ampliarlas, pero «el Ayuntamiento se negó en todo momento», toda vez que el propio alcalde es uno de los propietarios de las viviendas que se alzan en esta urbanización.
No obstante, y pese a que el Ayuntamiento alegaba las normas urbanísticas para tal denegación, el Ayuntamiento vendió los suelos a la promotora «Acimentar SL» en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaban 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 «vio aumentada su edificabilidad y mejoradas sus condiciones», una parcela que fue «vendida» por «Acimentar» al propio alcalde por 39.065,79 euros.
ABC.ES
En declaraciones a E.P., Domingo Salado explicó que se ha defendido de las acusaciones formuladas por la portavoz municipal del PSOE, Matilde Marín, quien había elevado al juez una denuncia en la que advertía de que una «ampliación» de la vivienda del primer edil contravendría las normas urbanísticas. Marín, igualmente, aseguraba que la obra habría sido consumada tras una operación urbanística en cuya tramitación el alcalde no se habría abstenido de votar.
En su denuncia, el PSOE relataba que entre 1999 y 2002, vecinos de la urbanización La Juliana habían solicitado sin éxito al Ayuntamiento la adquisición de unas fincas de titularidad municipal que colindaban con sus respectivas viviendas al objeto de ampliarlas, pero «el Ayuntamiento se negó en todo momento», toda vez que el propio alcalde es uno de los propietarios de las viviendas que se alzan en esta urbanización.
No obstante, y pese a que el Ayuntamiento alegaba las normas urbanísticas para tal denegación, el Ayuntamiento vendió los suelos a la promotora «Acimentar SL» en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaban 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 «vio aumentada su edificabilidad y mejoradas sus condiciones», una parcela que fue «vendida» por «Acimentar» al propio alcalde por 39.065,79 euros.
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