sábado, 5 de diciembre de 2009

GARZÓN RECIBE INFORMES POLICIALES QUE APUNTALAN EL "CASO PRETORIA"

ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

El juez mantiene imputadas a 20 personas y por el momento no prevé ampliar la lista de acusados
• Las nuevas pruebas obtenidas por la Guardia Civil refuerzan la existencia de una trama urbanística

El exalcalde de Llavaneres, Víctor Ros, con bufanda, y el exconcejal de esta localidad, Antoni Jiménez , en primer plano, salen de la Audiencia, ayer. Foto: JUAN MANUEL PRATS

Emili Mas sale de la Audiencia. Foto: JUAN MANUEL PRATS

M. BATALLAS / M. NAVARRO
MADRID

El caso Pretoria entró ayer en una nueva fase. El juez Baltasar Garzón y la fiscalía anticorrupción terminaron de interrogar a los nuevos imputados que quedaron en libertad con cargos. No se prevén por el momento nuevas imputaciones, pero la Guardia Civil ha entregado varios informes al juez que confirman el funcionamiento de la supuesta trama de corrupción que se desarrolló en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, según fuentes de la investigación.

Los acusados defendieron ante el juez y el fiscal su actividad pública y negaron haberse beneficiado con las operaciones urbanísticas que están bajo sospecha. El exgerente del Instituto Català del Sòl Emili Mas, el exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), el exconcejal socialista de esta localidad Antoni Jiménez y el consejero delegado de Marina Badalona Juan Felipe Ruiz Sabido afirmaron que su actuación fue «política» y siempre en «beneficio público». El letrado de Mas, Joan Castelló, definió este caso como «una comedida de enredo de graves consecuencias» y el de Ruiz i Sabido, José María Fuster Fabra, negó tener una relación «estrecha» con el supuesto jefe de esta trama, Luis García, Luigi.

Hasta el momento han sido imputadas 20 personas. Las últimas 11 han comparecido ante el juez entre el jueves y el viernes y, tras declarar, no se les ha impuesto ninguna medida cautelar. Sin embargo, fuentes jurídicas han explicado que estas personas fueron convocadas para aclarar su papel en esta trama. «No todos tienen el mismo grado de responsabilidad», apostillaron.

LAS PRUEBAS / Las fuentes consultadas revelan que la Guardia Civil ha confirmado la mayoría de los indicios que pesan contra los imputados y que acreditan la existencia de un «grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet» que se dedicaba a «lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, cobro de comisiones, cohecho, fraude a Hacienda, fraude a las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias», según explicó el juez Baltasar Garzón en el auto de prisión que dictó contra los primeros imputados el pasado 30 de octubre.

De momento, ni el juez ni el fiscal tienen previsto ampliar la lista de imputados. En enero interrogarán a 10 testigos. Por ello, lo más probable es que la actividad judicial se centre ahora en modificar la situación de prisión por la de libertad con fianza de los encarcelados en esta causa. El juez Garzón justificó su decisión de mandarles a prisión para evitar la destrucción de pruebas. Sin embargo, este peligro ya se ha reducido considerablemente porque la Guardia Civil ha examinado la abultada documentación intervenida en los registros practicados.

LA APELACIÓN / Además, la próxima semana la sección cuarta de la Audiencia Nacional tiene previsto comenzar a revisar el auto dictado por el juez Garzón contra Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñoz, Luis García, el exconcejal de urbanismo Manuel Dobarco y otras cuatro personas que quedaron en libertad bajo fianzas que oscilan entre los 25.000 y el medio millón de euros.

elperiódico.com

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