* Entiende que presentó la querella del litigio como alcalde y no como particular
José A. Cano | Granada
Los nueve miembros jurado popular no tardaron ni dos horas en decidir exculpar al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, del delito de malversación por el que Fiscalía le pedía dos años de inhabilitación y una multa de 27.000 euros. La portavoz del jurado informó que la documentación y los testimonios aportados por la defensa han sido claves en la decisión.
El fallo se hizo público pasada la una de la tarde, con Benavides celebrando una nueva victoria judicial a la salida de la sede del TSJA en Granada, donde se ha celebrado el juicio. La resolución se ha producido de manera más rápida de lo habitual para los juicios con jurado popular, y ahora sólo queda esperar a la sentencia de la Audiencia Provincial en sentido absolutorio.
El jurado ha considerado que la querella que interpuso en 2004 contra su antecesor José Luis González Montoro fue como representante del Ayuntamiento y no a título particular, por lo que estaba justificado el pago de la fianza de 9.000 euros con dinero público, pese a que este se le pedía por ser querellante particular ni ofendido ni perjudicado por el delito, pago además que según declaró el alcalde en la primera sesión del juicio "se aprobó en Junta de Gobierno".
En este sentido, el testimonio del secretario municipal en el momento de la querella, quien afirmó que se decidió pagarla pero se recurrió, ha resultado decisivo. Además, Benavides defendió que "en ningún momento" la asesoría jurídica del Ayuntamiento, la empresa privada Urbalex Consultores S.L., le comunicó que presentase la querella como particular, y que el objetivo era la recuperación de 38.000 euros del municipio supuestamente usados ilegalmente por Montoro durante la campaña electoral y que "al ser de todos los sexitanos, procedía que denunciase el Consistorio", según el edil andalucista. La defensa añadió que resultaba "increíble" que de la documentación se pudiese deducir que la querella se presentaba como ciudadano particular.
Así, a la espera de la sentencia, se diluye la petición de inhabilitación de Fiscalía y Juan Carlos Benavides supera otro escollo en el slalom judicial que lleva prácticando los últimos meses y que se había recrudecido para final de año.
Tras ser absuelto definitivamente por el Supremo en el caso Tropical Fruits el pasado octubre, un caso que se arrastraba por distintos juzgados desde hace casi 15 años, el andalucista se enfrentó el pasado 2 de diciembre a un juicio por injurias contra la ex portavoz del grupo municipal socialista de Almuñécar, Rocío Palacios, y el secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, por el Ministerio Público pedía 21.600 euros de multa y la acusación particular 14.400 y 6.000 de indemnización, juicio que espera sentencia.
A partir de este miércoles, por otro lado, Benavides regresará al Juzgado de Motril para enfrentarse, junto a seis concejales de su equipo de Gobierno en la legislatura anterior, a un acusación de delito delito contra la ordenación del territorio en la construcción del pabellón de La Herradura en terreno protegido. Aquí el fiscal solicita dos años de cárcel y diez de inhabilitación.
Mientras, continúa pendiente de su recurso en la Audiencia Provincial de Granada contra una sentencia, de nuevo, de los juzgados de Motril, que lo condena a 28 meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación por coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión municipal del municipio en el año 2004.
elmundo.es
El fallo se hizo público pasada la una de la tarde, con Benavides celebrando una nueva victoria judicial a la salida de la sede del TSJA en Granada, donde se ha celebrado el juicio. La resolución se ha producido de manera más rápida de lo habitual para los juicios con jurado popular, y ahora sólo queda esperar a la sentencia de la Audiencia Provincial en sentido absolutorio.
El jurado ha considerado que la querella que interpuso en 2004 contra su antecesor José Luis González Montoro fue como representante del Ayuntamiento y no a título particular, por lo que estaba justificado el pago de la fianza de 9.000 euros con dinero público, pese a que este se le pedía por ser querellante particular ni ofendido ni perjudicado por el delito, pago además que según declaró el alcalde en la primera sesión del juicio "se aprobó en Junta de Gobierno".
En este sentido, el testimonio del secretario municipal en el momento de la querella, quien afirmó que se decidió pagarla pero se recurrió, ha resultado decisivo. Además, Benavides defendió que "en ningún momento" la asesoría jurídica del Ayuntamiento, la empresa privada Urbalex Consultores S.L., le comunicó que presentase la querella como particular, y que el objetivo era la recuperación de 38.000 euros del municipio supuestamente usados ilegalmente por Montoro durante la campaña electoral y que "al ser de todos los sexitanos, procedía que denunciase el Consistorio", según el edil andalucista. La defensa añadió que resultaba "increíble" que de la documentación se pudiese deducir que la querella se presentaba como ciudadano particular.
Así, a la espera de la sentencia, se diluye la petición de inhabilitación de Fiscalía y Juan Carlos Benavides supera otro escollo en el slalom judicial que lleva prácticando los últimos meses y que se había recrudecido para final de año.
Tras ser absuelto definitivamente por el Supremo en el caso Tropical Fruits el pasado octubre, un caso que se arrastraba por distintos juzgados desde hace casi 15 años, el andalucista se enfrentó el pasado 2 de diciembre a un juicio por injurias contra la ex portavoz del grupo municipal socialista de Almuñécar, Rocío Palacios, y el secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, por el Ministerio Público pedía 21.600 euros de multa y la acusación particular 14.400 y 6.000 de indemnización, juicio que espera sentencia.
A partir de este miércoles, por otro lado, Benavides regresará al Juzgado de Motril para enfrentarse, junto a seis concejales de su equipo de Gobierno en la legislatura anterior, a un acusación de delito delito contra la ordenación del territorio en la construcción del pabellón de La Herradura en terreno protegido. Aquí el fiscal solicita dos años de cárcel y diez de inhabilitación.
Mientras, continúa pendiente de su recurso en la Audiencia Provincial de Granada contra una sentencia, de nuevo, de los juzgados de Motril, que lo condena a 28 meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación por coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión municipal del municipio en el año 2004.
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario