lunes, 16 de noviembre de 2009

"CASO CAN DOMENGE"; EL JUEZ MANTIENE A MUNAR LA IMPUTACIÓN BAJO LOS MISMOS CARGOS

Imputada por esta causa

La presidenta del Parlament balear a su llegada a los juzgados | Pep Vicens

* Fernando Rubio ya ha concluido también su declaración ante el magistrado
* La Fiscalía aprecia en el caso malversación, prevaricación y fraude

Agencias | Palma


Libertad con cargos. Eso es lo que ha decidido el juez esta mañana tras tomarle declaración a Maria Antónia Munar. La presidenta del Parlament balear sigue imputada en la causa de Can Domenge con los mismos cargos que figuran en la querella inicial: malversación, prevaricación y fraude.

La presidenta del Parlament ha declarado ante el juez en la Audiencia Provincial de Palma por espacio de dos horas. Si a la llegada todo eran besos, sonrisas y saludos al más puro estilo 'alfombra roja', pese a los abucheos e improperios lanzados por un centenar de personas concentradas a las puertas de los juzgados, la salida no ha sido en absoluto tan efusiva. Munar no ha querido hacer declaraciones y su semblante era serio. Apenas media hora después leía una declaración ante los medios de la prensa pero evitaba responder preguntas.

En dicha declaración la presidenta de honor de UM ha agradecido el apoyo de los suyos y ha asegurado: "a partir de ahora continuaré trabajando, que es lo realmente importante para ayudar a solucionar los problemas de los ciudadanos".

En cuanto a su comparecencia se ha excusado diciendo que "tomar decisiones en política implica alguna vez tener algún problema" y ha reprochado que "los políticos ya tenemos lo que se llama la pena del telediario".

Por otro lado el diputado en el Consell del PP, Fernando Rubio, ya ha concluido también su declaración ante el magistrado.

El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha declarado ante el juez que su grupo firmó la venta del solar de Can Domenge creyendo que era ajustada a la legalidad y por lealtad a Unió Mallorquina (UM).

'Firmé obligado por el pacto de gobernabilidad'
Rubio ha declarado por espacio de una hora ante el magistrado instructor de las diligencias abiertas en la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, Francisco Javier Muñoz, por el caso Can Domenge, que investiga la venta del solar público durante la legislatura pasada, cuando era portavoz del PP en el Consell.

Su abogado, Rafael Perera, ha explicado que Rubio ha indicado, a preguntas del juez, que el PP gobernaba con UM cuando se vendió el solar y estaba "obligado por ese pacto de gobernabilidad a apoyar las mociones que hacía UM".

En el caso de la venta de Can Domenge, investigada por haberse efectuado por la mitad del valor que ofertó un comprador, ha dicho que los consellers del PP no vieron "ningún motivo especial para apartarse de esta línea de actuación política pactada", puesto que comprobaron que "los informes técnicos que avalaban el proyecto estaban todos correctos y ajustados a la legalidad".

También ha dicho al juez que a los miembros del PP en el Consell "les extrañó" tener que votar en pleno esta venta, puesto que era una competencia de la presidenta de la institución insular, Maria Antònia Munar, actualmente presidenta del Parlament y que ha declarado ante el juez justo antes que Rubio.

Esta medida fue, por "transparencia", revocada por un decreto de avocación, lo que, según ha dicho Perera, "sorprendió" a los populares.

"Ellos, confiados en que todo estaba ajustado al interés general, a la corrección y a la legalidad, no pusieron obstáculos puesto que no había motivo alguno", ha añadido el letrado.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que investiga el caso Can Domenge procesa a la presidenta de honor de UM por la presunta malversación de 30 millones de euros públicos al vender a mitad de precio la finca de Can Domenge a la promotora catalana Sacresa mientras presidía el Consell en un concurso plagado de irregularidades.

Un asunto en el que la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios sólidos de que se malversó, se prevaricó y se defraudó conscientemente a las arcas públicas. Pero en el que, pese a que el caso lleva tres años en los juzgados, los fiscales no han considerado necesario pedir explicaciones a la máxima autoridad de la institución que malvendió la parcela.

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