lunes, 12 de octubre de 2009

LA FISCALÍA INVESTIGA POR MALVERSACIÓN AL EX ALCALDE DE BARBATE

PEDRO ESPINOSA - Cádiz -

La Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias contra el ex alcalde de Barbate (Cádiz), Juan Manuel de Jesús (PP), tras una denuncia por una operación de cesión de una parcela municipal a una empresa privada. El ministerio público cree que hay indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos en su actuación, que favoreció que esta compañía consiguiera más de dos millones con la reventa de esos terrenos. La investigación ya ha sido trasladada al juzgado de esta misma localidad.

De Jesús fue alcalde de Barbate entre 1999 y 2007. En 2001 la empresa Hijos de Juan Moreno Amaya S. L. se hizo con un solar, propiedad del Ayuntamiento, junto al Paseo Marítimo de la playa de El Carmen de 1.355 metros cuadrados para construir apartamentos. Para ello, según la Fiscalía, pagó con dos cheques sin fondo. El alcalde aceptó compensarlo con la anulación de una supuesta deuda municipal contraída con esta compañía. De esta manera, la empresa terminó abonando unos 400.000 euros. El entonces alcalde se saltó un informe jurídico del Consistorio que alertaba de la ilegalidad de compensar los cheques sin fondo con una deuda municipal, que además nunca fue reconocida por el Pleno.

La denuncia había sido presentada el pasado marzo por el que había sido concejal de Urbanismo, Jesús López, socio de gobierno inicial de De Jesús en su primer mandato. Entonces alertó de que en esta operación se habían perjudicado los intereses de otra empresa y se había favorecido a la que finalmente obtuvo el solar. En su denuncia, López atribuyó esta decisión del alcalde a que debía un favor a la promotora beneficiada, puesto que ésta le había pagado una deuda inmobiliaria particular. "Es lo más grave. El alcalde estaba devolviendo un favor. Los favores personales los devolvía con operaciones que, al beneficiar a particulares, perjudicaban al interés general", apunta López.

El ex alcalde ha sido recientemente condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público porque no abonó una deuda acumulada de diez años a una empresa contratada por el Ayuntamiento en 1992.

elpaís.com

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