El pago de comisiones para obtener licencias, tratos de favor o agilizar trámites burocráticos en el Ayuntamiento de Estepona era habitual, según se desprende del sumario del 'caso Astapa' contra la corrupción municipal en este municipio.
De hecho, el ex edil de Urbanismo Rafael Duarte habría llegado a admitir que en su departamento se cobraba «por todo», según consta en el informe policial, que apela a diversas informaciones aportadas por los denunciantes –el actual alcalde, David Valadez, y la concejal Cristina Rodríguez–.
La Policía apunta que el cohecho se materializaba de varias maneras, de modo que habitualmente se realizaban aportaciones en metálico, pero que en otras ocasiones se efectuaban pagos en especie y en otras camuflados bajo patrocinios puntuales.
La Policía señala entre los que más se beneficiaron de estas actuaciones al ex regidor Antonio Barrientos y a diferentes concejales o miembros del gabinete, como Francisco Zamorano, Manuel Reina o el primo del alcalde Carlos Barrientos, quien «ha ocasionado quejas por las abultadas comisiones que solicita».
El sumario destaca que no sólo se exigen comisiones a las empresas, sobre todo a las relacionadas con el sector de la construcción, sino también a particulares. De estas operaciones se encargaban, según los denunciantes, Carlos Barrientos y Manuel Reina.
En una de las operaciones que se investigan, un concejal se habría apoderado de 150 millones de pesetas al cobrar un 10% de comisión por una operación urbanística.
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