'CASO MATSA' | Por prevaricaciónEl vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en la sesión de control al Gobierno. | Efe
Antonio Salvador | Sevilla
El PP andaluz considera que el informe en el que el fiscal solicita al Tribunal Supremo que dé carpetazo a la querella interpuesta contra Manuel Chaves por la concesión del incentivo millonario a la empresa que apodera su hija (Minas de Aguas Teñidas SAU) durante su etapa como presidente autonómico «obvia» hechos esenciales y «no desmonta» ninguna de las «dudas razonables» planteadas en la denuncia interpuesta el pasado 15 de julio.
En un documento de siete páginas elaborado por sus servicios jurídicos, al que ha tenido acceso este periódico, los 'populares' analizan detalladamente los ‘olvidos’ e inexactitudes en que incurre el teniente fiscal del Supremo en los razonamientos con los que insta la inadmisión de la acción penal.
Así, recuerda que la Fiscalía soslaya en su informe el hecho de que la propuesta de incentivo de 10,1 millones de euros a favor de Matsa elevada a la comisión de valoración autonómica para su aprobación no esté firmada por el técnico correspondiente, a diferencia de lo que ocurrió con las dos propuestas anteriores (fechadas los días 4 y 5 de noviembre de 2008). Tampoco merece la consideración del fiscal –critica el Partido Popular– el cambio de criterio en la aplicación de los módulos industriales, pese a elevar en tres millones de euros la cantidad susceptible de ser incentivada.
En paralelo, considera «sorprendente» que la Fiscalía no haga referencia alguna en las 13 páginas de su escrito a la subvención que con el mismo objeto denegó el Ministerio de Industria meses antes por estar iniciadas las inversiones antes de solicitarse la ayuda, uno de los hechos en los que abunda la querella. De igual manera, censuran el «desconocimiento absoluto» que muestra el fiscal acerca de la orden que regula concesión de incentivos, puesto que la empresa no solicita el importe de la subvención sino el volumen de la inversión a realizar.
Chaves, ¿papel secundario
Llama también la atención esta formación política sobre el papel secundario que el Ministerio Público atribuye a Chaves en la aprobación del incentivo, al afirmar que se limitó a «ratificar» lo que el consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y empresa– ya había aprobado.
En este sentido, el PP recuerda que la ratificación de un acuerdo por parte del Consejo de Gobierno «no es un mero acto de trámite», como demuestra el hecho de que sin esta sanción «no hay resolución, ni provisional ni definitiva, de concesión de la subvención». «Es un acto resolutorio», recalca.
Invocando la misma doctrina que alega el fiscal, los 'populares' insisten en que el «cúmulo de irregularidades» en la tramitación del expediente es tan «flagrante» –propuesta sin la firma del técnico, cambio de criterio sin justificación alguna que permite elevar la cantidad subvencionable, no presentación de documentación con la que Matsa acreditara estar al día con la Seguridad Social...– que exceden el «mero ilícito administrativo». Ni una sola línea en el informe del Ministerio Público.
Resulta sorprendente también para este partido que el fiscal justificara el cambio de la orden reguladora de incentivos para amparar inversiones ya en marcha no como una maniobra para modificar una norma en beneficio de una empresa, sino como una medida para contribuir a «paliar la crisis económica por la que atraviesa la sociedad en su conjunto». «Más parece un argumento político que un informe de un experto jurista», responden.
Una mera empleada
Tampoco pasan por alto los 'populares' la consideración de mera empleada que viene a atribuirle Martín Casallo a Paula Chaves Iborra, pese a acreditar que ésta ya ejercía de apoderada de Matsa antes de que su padre ratificara en Consejo de Gobierno la ayuda.
En este sentido, consideran que la Fiscalía «no desmonta» ninguno de los argumentos esgrimidos en la querella, como la falta de compulsa de su segundo apoderamiento o el hecho de que la Junta se dirigiera a ella antes de la aceptación. Tampoco hay ninguna referencia a la ausencia en el expediente del informe que justifica la estimación del recurso de reposición interpuesto por la hija del ex presidente andaluz sobre el incremento del capital social de la empresa en 38 millones de euros.
Igualmente, los populares critican que la Fiscalía sostenga «tan tajantemente» que Chaves no incurrió en el deber de inhibición sin esperar a que transcurran los dos meses de plazo de que disponen para presentar recurso ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
Además
* El fiscal pide al TS que rechace la querella del PP contra Chaves
ELMUNDO.ES
En un documento de siete páginas elaborado por sus servicios jurídicos, al que ha tenido acceso este periódico, los 'populares' analizan detalladamente los ‘olvidos’ e inexactitudes en que incurre el teniente fiscal del Supremo en los razonamientos con los que insta la inadmisión de la acción penal.
Así, recuerda que la Fiscalía soslaya en su informe el hecho de que la propuesta de incentivo de 10,1 millones de euros a favor de Matsa elevada a la comisión de valoración autonómica para su aprobación no esté firmada por el técnico correspondiente, a diferencia de lo que ocurrió con las dos propuestas anteriores (fechadas los días 4 y 5 de noviembre de 2008). Tampoco merece la consideración del fiscal –critica el Partido Popular– el cambio de criterio en la aplicación de los módulos industriales, pese a elevar en tres millones de euros la cantidad susceptible de ser incentivada.
En paralelo, considera «sorprendente» que la Fiscalía no haga referencia alguna en las 13 páginas de su escrito a la subvención que con el mismo objeto denegó el Ministerio de Industria meses antes por estar iniciadas las inversiones antes de solicitarse la ayuda, uno de los hechos en los que abunda la querella. De igual manera, censuran el «desconocimiento absoluto» que muestra el fiscal acerca de la orden que regula concesión de incentivos, puesto que la empresa no solicita el importe de la subvención sino el volumen de la inversión a realizar.
Chaves, ¿papel secundario
Llama también la atención esta formación política sobre el papel secundario que el Ministerio Público atribuye a Chaves en la aprobación del incentivo, al afirmar que se limitó a «ratificar» lo que el consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y empresa– ya había aprobado.
En este sentido, el PP recuerda que la ratificación de un acuerdo por parte del Consejo de Gobierno «no es un mero acto de trámite», como demuestra el hecho de que sin esta sanción «no hay resolución, ni provisional ni definitiva, de concesión de la subvención». «Es un acto resolutorio», recalca.
Invocando la misma doctrina que alega el fiscal, los 'populares' insisten en que el «cúmulo de irregularidades» en la tramitación del expediente es tan «flagrante» –propuesta sin la firma del técnico, cambio de criterio sin justificación alguna que permite elevar la cantidad subvencionable, no presentación de documentación con la que Matsa acreditara estar al día con la Seguridad Social...– que exceden el «mero ilícito administrativo». Ni una sola línea en el informe del Ministerio Público.
Resulta sorprendente también para este partido que el fiscal justificara el cambio de la orden reguladora de incentivos para amparar inversiones ya en marcha no como una maniobra para modificar una norma en beneficio de una empresa, sino como una medida para contribuir a «paliar la crisis económica por la que atraviesa la sociedad en su conjunto». «Más parece un argumento político que un informe de un experto jurista», responden.
Una mera empleada
Tampoco pasan por alto los 'populares' la consideración de mera empleada que viene a atribuirle Martín Casallo a Paula Chaves Iborra, pese a acreditar que ésta ya ejercía de apoderada de Matsa antes de que su padre ratificara en Consejo de Gobierno la ayuda.
En este sentido, consideran que la Fiscalía «no desmonta» ninguno de los argumentos esgrimidos en la querella, como la falta de compulsa de su segundo apoderamiento o el hecho de que la Junta se dirigiera a ella antes de la aceptación. Tampoco hay ninguna referencia a la ausencia en el expediente del informe que justifica la estimación del recurso de reposición interpuesto por la hija del ex presidente andaluz sobre el incremento del capital social de la empresa en 38 millones de euros.
Igualmente, los populares critican que la Fiscalía sostenga «tan tajantemente» que Chaves no incurrió en el deber de inhibición sin esperar a que transcurran los dos meses de plazo de que disponen para presentar recurso ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
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* El fiscal pide al TS que rechace la querella del PP contra Chaves
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