María Rionegro | Sevilla
Las cláusulas que favorecieron la adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla a la empresa Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial de Sando, se incluyeron en el pliego de condiciones del concurso una vez que ya estaba redactado el borrador. Se trata de los dos requisitos que la jueza Mercedes Alaya investiga por supuesta «adjudicación ilegal y fraudulenta» de los terrenos: la limitación al alza –o ‘alza temeraria’– y la titularidad previa.
La modificación del pliego de condiciones se produjo entre el 13 de octubre y el 10 de noviembre de 2005, tres meses antes de adjudicar el concurso. Así se desprende de algunos de los correos electrónicos del ordenador de la técnico imputada María Victoria Bustamante que obra en poder la juez.
Un cruce de e-mails entre ésta, la delegación de Vía Pública –dirigida por el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño– y la ex secretaria de dirección, Regla Pereira –también imputada por el supuesto cobro de comisiones–, revelan la inclusión de hasta tres nuevas cláusulas que, según la instrucción podrían constituir un delito de maquinación y prevaricación.
El concejal del PP, Beltrán Pérez, explicó ayer que el primer e-mail data del 13 de octubre de 2005 desde el correo de Bustamante a la cuenta electrónica de Vía Pública donde se adjunta el pliego de condiciones. Casi un mes después, el 10 de noviembre, Pereira le reenvía el pliego ya modificado a la técnico municipal, con copia, además a Ví Pública.
Limitación al alza
La cláusula que ha centrado hasta ahora buena parte de la investigación judicial es la de limitación al alza. De hecho, la cláusula 5.1 del pliego de condiciones establecía: «Las ofertas que sean superiores en más de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, se considerarán desproporcionadas y se valorará con mayor puntuación a menor puntuación las que más se aproximen a la referida». Este requisito fue en detrimento de la constructora Nago, también ofertante, que rebasó en al menos 62 millones de euros la oferta de Sando. Este hecho ha sido calificado por la juez de «ilegal» y «antieconómico».
El otro baremo que ha despertado las sospechas de la juez es la de derecho de titularidad previa sobre los terrenos, un requisito que sólo podía cumplir Sando debido al derecho adquirido tras la rescisión de un contrato que tenía la empresa Larena 98. Sanma alcanzó hasta siete puntos atendiendo a la cláusula 5.4: «Se valorará la previa implantación y operatividad del concursante en locales o terrenos enclavados en la parcela objeto de la opción de compra, por título de concesión, alquiler, derecho de superficie o cualquier otro de ocupación temporal».
Según la juez del ‘caso Mercasevilla’, si se excluyeran estas dos cláusulas que beneficiaron a Sanma y se hubieran valorado «adecuadamente» las «mejoras sociales» –otro de los baremos modificados– ofertadas por Sanma y Noga, ésta habría ganado el concurso por 73,95 puntos frente a 66,63 puntos.
Esta investigación es paralela a la de un posible caso de corrupción y de cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla -participada en un 48% por la Sepi y el Ministerio de Medio Ambiente- que investiga también el juzgado.
elmundo.es
La modificación del pliego de condiciones se produjo entre el 13 de octubre y el 10 de noviembre de 2005, tres meses antes de adjudicar el concurso. Así se desprende de algunos de los correos electrónicos del ordenador de la técnico imputada María Victoria Bustamante que obra en poder la juez.
Un cruce de e-mails entre ésta, la delegación de Vía Pública –dirigida por el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño– y la ex secretaria de dirección, Regla Pereira –también imputada por el supuesto cobro de comisiones–, revelan la inclusión de hasta tres nuevas cláusulas que, según la instrucción podrían constituir un delito de maquinación y prevaricación.
El concejal del PP, Beltrán Pérez, explicó ayer que el primer e-mail data del 13 de octubre de 2005 desde el correo de Bustamante a la cuenta electrónica de Vía Pública donde se adjunta el pliego de condiciones. Casi un mes después, el 10 de noviembre, Pereira le reenvía el pliego ya modificado a la técnico municipal, con copia, además a Ví Pública.
Limitación al alza
La cláusula que ha centrado hasta ahora buena parte de la investigación judicial es la de limitación al alza. De hecho, la cláusula 5.1 del pliego de condiciones establecía: «Las ofertas que sean superiores en más de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, se considerarán desproporcionadas y se valorará con mayor puntuación a menor puntuación las que más se aproximen a la referida». Este requisito fue en detrimento de la constructora Nago, también ofertante, que rebasó en al menos 62 millones de euros la oferta de Sando. Este hecho ha sido calificado por la juez de «ilegal» y «antieconómico».
El otro baremo que ha despertado las sospechas de la juez es la de derecho de titularidad previa sobre los terrenos, un requisito que sólo podía cumplir Sando debido al derecho adquirido tras la rescisión de un contrato que tenía la empresa Larena 98. Sanma alcanzó hasta siete puntos atendiendo a la cláusula 5.4: «Se valorará la previa implantación y operatividad del concursante en locales o terrenos enclavados en la parcela objeto de la opción de compra, por título de concesión, alquiler, derecho de superficie o cualquier otro de ocupación temporal».
Según la juez del ‘caso Mercasevilla’, si se excluyeran estas dos cláusulas que beneficiaron a Sanma y se hubieran valorado «adecuadamente» las «mejoras sociales» –otro de los baremos modificados– ofertadas por Sanma y Noga, ésta habría ganado el concurso por 73,95 puntos frente a 66,63 puntos.
Esta investigación es paralela a la de un posible caso de corrupción y de cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla -participada en un 48% por la Sepi y el Ministerio de Medio Ambiente- que investiga también el juzgado.
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario