Incumplía la Ley de Contratación
* La redacción final excluyó al secretario o al interventor de la mesa
* El grupo municipal del PP sostiene que el urbanismo está bajo sospecha
* Reclama nuevamente la dimisión del alcalde después de ocho meses de escándalo
* La redacción final excluyó al secretario o al interventor de la mesa
* El grupo municipal del PP sostiene que el urbanismo está bajo sospecha
* Reclama nuevamente la dimisión del alcalde después de ocho meses de escándalo
María Rionegro | Agencias | Sevilla
El PP ha asegurado hoy que la mesa de contratación que adjudicó la venta de los terrenos de Mercasevilla no cumplía la composición prevista en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por lo tanto, es ilegal viciando así desde el origen el proceso que ahora está bajo investigación judicial.
El Partido Popular considera que el primer borrador del pliego de condiciones para la enajenación del suelo del mercado central sevillano sí era perfectamente conforme con lo establecido en la Disposición Novena de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero fue modificado tras pasar por los "agujeros negros de los despachos políticos" en referencia a Domingo Enrique Castaño, quien ha declarado ante la policía en el curso de las investigaciones.
En rueda de prensa, el concejal del PP Beltrán Pérez ha asegurado que la técnico que redactó la propuesta de pliego de condiciones fijó una composición de la mesa acorde con la ley, pero la definitiva eliminó la figura del interventor o secretario del Ayuntamiento y a los tres miembros del consejo de administración de Mercasevilla, lo que hubiera permitido estar presente a la oposición.
La adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla, acordada en febrero de 2005, a la empresa Sando está siendo investigada por la juez de instrucción 6 de Sevilla pues supuestamente fue una "operación fraudulenta" para beneficiar a esta empresa, que había ofrecido 52 millones de euros menos que su competidora Noga.
Según los datos del PP, la técnico de Urbanismo M.V.B., imputada en la causa, propuso una mesa que incluía al presidente de Mercasevilla, al secretario o interventor municipal y a tres técnicos o consejeros, pero estos cuatro últimos fueron eliminados mediante un correo electrónico del entonces gerente de la empresa municipal Fernando Mellet, también imputado.
La nueva composición incluyó, junto al propio Mellet, al entonces presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, al vicesecretario del consejo de administración Jorge Piñero, a la directora económica de Mercasevilla y a dos técnicos, que según Pérez constituyeron "una mesa de camilla reducida, a medida de lo que se quería aprobar".
El concejal ha indicado que su grupo "va a dar cuenta de nuestra opinión a la juez porque vemos una clara intencionalidad de aprobar lo que querían" a la vez que ha indicado que el urbanismo de Sevilla está bajo sospecha, puesto que la juez instructora lo tiene bajo la lupa de su investigación.
El concejal ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, porque el caso Mercasevilla "tiene paralizada la compañía y el propio Ayuntamiento"", en "un escándalo sin fin que no ha llevado a ni una sola dimisión en ocho meses".
El PP lamenta también que los responsables políticos del Ayuntamiento intenten crear "un cordón sanitario de técnicos, poniéndolos como escudo humano" de sus decisiones y ha afirmado que "apoyamos al cien por cien" el documento suscrito por dos centenares de técnicos municipales en apoyo de su compañera imputada.
Según Pérez, estos técnicos "no pueden ser utilizados como parapeto porque los despachos políticos son los que toman las decisiones".
elmundo.es
El Partido Popular considera que el primer borrador del pliego de condiciones para la enajenación del suelo del mercado central sevillano sí era perfectamente conforme con lo establecido en la Disposición Novena de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pero fue modificado tras pasar por los "agujeros negros de los despachos políticos" en referencia a Domingo Enrique Castaño, quien ha declarado ante la policía en el curso de las investigaciones.
En rueda de prensa, el concejal del PP Beltrán Pérez ha asegurado que la técnico que redactó la propuesta de pliego de condiciones fijó una composición de la mesa acorde con la ley, pero la definitiva eliminó la figura del interventor o secretario del Ayuntamiento y a los tres miembros del consejo de administración de Mercasevilla, lo que hubiera permitido estar presente a la oposición.
La adjudicación de la venta de los terrenos de Mercasevilla, acordada en febrero de 2005, a la empresa Sando está siendo investigada por la juez de instrucción 6 de Sevilla pues supuestamente fue una "operación fraudulenta" para beneficiar a esta empresa, que había ofrecido 52 millones de euros menos que su competidora Noga.
Según los datos del PP, la técnico de Urbanismo M.V.B., imputada en la causa, propuso una mesa que incluía al presidente de Mercasevilla, al secretario o interventor municipal y a tres técnicos o consejeros, pero estos cuatro últimos fueron eliminados mediante un correo electrónico del entonces gerente de la empresa municipal Fernando Mellet, también imputado.
La nueva composición incluyó, junto al propio Mellet, al entonces presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, al vicesecretario del consejo de administración Jorge Piñero, a la directora económica de Mercasevilla y a dos técnicos, que según Pérez constituyeron "una mesa de camilla reducida, a medida de lo que se quería aprobar".
El concejal ha indicado que su grupo "va a dar cuenta de nuestra opinión a la juez porque vemos una clara intencionalidad de aprobar lo que querían" a la vez que ha indicado que el urbanismo de Sevilla está bajo sospecha, puesto que la juez instructora lo tiene bajo la lupa de su investigación.
El concejal ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, porque el caso Mercasevilla "tiene paralizada la compañía y el propio Ayuntamiento"", en "un escándalo sin fin que no ha llevado a ni una sola dimisión en ocho meses".
El PP lamenta también que los responsables políticos del Ayuntamiento intenten crear "un cordón sanitario de técnicos, poniéndolos como escudo humano" de sus decisiones y ha afirmado que "apoyamos al cien por cien" el documento suscrito por dos centenares de técnicos municipales en apoyo de su compañera imputada.
Según Pérez, estos técnicos "no pueden ser utilizados como parapeto porque los despachos políticos son los que toman las decisiones".
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