miércoles, 14 de octubre de 2009

"CASO GÜRTEL"; MURCIA CONTRATÓ A LAS TRES EMPRESAS ACUSADAS DE FINANCIAR ILEGALMENTE AL PP

Sedesa, Facsa y Ortiz e Hijos obtuvieron adjudicaciones para carreteras, depuradoras de agua y tranvías

Cinco de seis. Es el saldo de comunidades gobernadas por el PP a las que habría salpicado, en mayor o menor medida, la trama Gürtel: Valencia, Madrid, Castilla y León, Galicia y, finalmente, Murcia. Tal como cuenta Vega Media Press, tres empresas a las que la Brigada de Blanqueo Policial acusó de financiar ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valencia obtuvieron sustanciosas adjudicaciones del Ejecutivo murciano.

Sedesa, Enrique Ortiz y Facsa, a las que la Unidad de Delincuencia Económica culpa de desviar fondos al PP Valenciano y a actos institucionales de Esperanza Aguirre vía Gürtel (pagando facturas infladas a terminales de la red) se hicieron con concesiones tan jugosas como la de un tranvía, una carretera o la depuración del agua en la autonomía gobernada por Ramón Luis Valcarcel.

Enrique Ortiz, Sedesa y Facsa, a las que la Brigada de Blanqueo Policial acusa de pagar irregularmente actos del PP, fueron bendecidas con adjudicaciones del Gobierno murciano.

Ortiz e Hijos
Enrique Ortiz e Hijos, que actualmente se denomina Grupo Cívica, se alzó con el tramo experimental del tranvía de Murcia. Según el sumario del caso Gürtel, esta entidad hizo tres aportaciones por un total de 215.848 euros a Orange Market, terminal valenciana de la red corrupta. Como las otras dos empresas señaladas, Enrique Ortiz habría pagado facturas infladas y facturadas por un sistema de contabilidad doble cuyo sobrecoste se destinaría a actos del PP Valenciano. A cambio, la Generalitat Valenciana le recompensaba con adjudicaciones que entre 2005 y 2008 alcanzaron los 205 millones de euros.

Sedesa
En el caso de Sedesa, dirigida por un sobrino del vicepresidente tercero y consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda valenciano, Juan Cotino, habría logrado meter la cabeza en la construcción de la Ronda Transversal de Cartagena como socio del Grupo Generala UTE. Esta empresa se embolsó 825 millones de euros solo de la Comunidad Valenciana fortaleciéndose hasta el punto de negociar con Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, cerebro valenciano y número dos de la Gürtel, la compra de la terminal corrupta Easy Concept.

Facsa
En cuanto a Fomento Agrícola de Castellón S.A. (Facsa), ha sido adjudicataria de varios contratos para la gestión y el mantenimiento del sistema de depuración de aguas en varios municipios de Murcia (Totana, Aledo y Pliego). Su contratante ha sido la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua y las concesiones han alcanzado los 330.302 en un solo término territorial (Pliego). Cabe destacar que a Facsa, además de relacionársele con el PP Valenciano, se le acusa de financiar actos institucionales de Esperanza Aguirre a través de terminales corruptas.

Pidiendo explicaciones
La diputada regional del PSOE Begoña García Retegui ha sido una de las primeras en valorar estas informaciones, pidiendo prudencia respecto a “toda la trama de empresas que van a ir saliendo que han estado trabajando en el caso Gürtel. A lo mejor en esta región nos llevamos la sorpresa, o no tanto, de que algunas de ellas, no es que hayan trabajado, es que trabajan y han obtenido contratos en la región”. "Hay que ver las cosas con detenimiento, la justicia que siga haciendo su trabajo. Le corresponde dar explicaciones al PP de España por la magnitud del caso y al PP de Murcia, porque por lo menos una de las personas imputadas fue durante bastante años senador por Murcia" agregó, refiriéndose a Jesús Sepúlveda, dimitido alcalde de Pozuelo y ex senador imputado en el caso.

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elplural.com

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