Hasta 14 horas seguidas declaró el pasado martes el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (Coalición Canaria), ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la localidad, Nelson Díaz Frías, que intenta desenmarañar una red de corrupción vinculada a favores y concesión de licencias urbanísticas durante años en uno de los principales puntos turísticos de España, el litoral sur de Tenerife. A los delitos iniciales de prevaricación y contra la ordenación del territorio, el juez sumó los de tráfico de influencias y malversación, según informó el Tribunal Superior de Canarias.
"Me he limitado a hacer lo que cualquier alcalde de Canarias y España: preocuparse por el bienestar de sus vecinos más desfavorecidos", dijo González Reverón tras su maratoniana jornada. También ha sido imputado por nuevos delitos Félix Sierra (PP), consejero del Cabildo Insular de Tenerife delegado para el sur de la isla y concejal en Arona, municipio de 75.000 habitantes.
Sierra fue edil de Urbanismo entre 1999 y 2003 y estaba imputado por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. El juez ha sumado dos delitos tras escuchar su testimonio el miércoles: cohecho y tráfico de influencias. Ayer declararon otros dos ediles de Coalición Canaria: Antonio Sosa y Clara Pérez. Sosa esperó que con su declaración "se haya aclarado todo".
Conversación con Rivero
Durante más de dos años el juez ha ido acumulando documentación (sólo del domicilio y oficinas del consejero del PP salieron numerosas bolsas con papeles y material informático) y transcripción de conversaciones telefónicas; en una de ellas se escucha al presidente de Canarias, Paulino Rivero (Coalición Canaria), solicitando al alcalde de Arona que interceda para que una sobrina ingrese en la Policía Local, presuntamente manipulando unas oposiciones.
Por esta conversación, uno de los abogados de la defensa, Juan Manuel Fernández del Torco, ha insistido desde el lunes ante el juez para que se inhiba o, al menos, cree una pieza separada y la envíe al Tribunal Superior de Canarias para juzgar a Rivero. El propio Del Torco ha comparado el caso Arona con "los escándalos urbanísticos de Marbella".
Los abogados de la acusación afirman: "Estamos ante un pelotazo galopante". En el caso hay 34 imputados, entre políticos, funcionarios, empresarios y agentes de la policía local y de la Guardia Civil.
elpaís.com
"Me he limitado a hacer lo que cualquier alcalde de Canarias y España: preocuparse por el bienestar de sus vecinos más desfavorecidos", dijo González Reverón tras su maratoniana jornada. También ha sido imputado por nuevos delitos Félix Sierra (PP), consejero del Cabildo Insular de Tenerife delegado para el sur de la isla y concejal en Arona, municipio de 75.000 habitantes.
Sierra fue edil de Urbanismo entre 1999 y 2003 y estaba imputado por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. El juez ha sumado dos delitos tras escuchar su testimonio el miércoles: cohecho y tráfico de influencias. Ayer declararon otros dos ediles de Coalición Canaria: Antonio Sosa y Clara Pérez. Sosa esperó que con su declaración "se haya aclarado todo".
Conversación con Rivero
Durante más de dos años el juez ha ido acumulando documentación (sólo del domicilio y oficinas del consejero del PP salieron numerosas bolsas con papeles y material informático) y transcripción de conversaciones telefónicas; en una de ellas se escucha al presidente de Canarias, Paulino Rivero (Coalición Canaria), solicitando al alcalde de Arona que interceda para que una sobrina ingrese en la Policía Local, presuntamente manipulando unas oposiciones.
Por esta conversación, uno de los abogados de la defensa, Juan Manuel Fernández del Torco, ha insistido desde el lunes ante el juez para que se inhiba o, al menos, cree una pieza separada y la envíe al Tribunal Superior de Canarias para juzgar a Rivero. El propio Del Torco ha comparado el caso Arona con "los escándalos urbanísticos de Marbella".
Los abogados de la acusación afirman: "Estamos ante un pelotazo galopante". En el caso hay 34 imputados, entre políticos, funcionarios, empresarios y agentes de la policía local y de la Guardia Civil.
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