Toñi Caravaca | Córdoba
Aunque el bufete de abogados contratado por el Ayuntamiento cordobés de Baena confiaba en poder evitarlo, definitivamente habrá un segundo informe pericial independiente sobre las presuntas facturas falsas. La declaración ayer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del aparejador de la empresa Tinsa Javier Molina, que se ratificó en la veracidad de los recibos, no sirvió para evitar que se efectúe un nuevo estudio reclamado por la Fiscalía, que en esta ocasión tendrá que ser elaborado por un arquitecto superior.
Según fuentes cercanas al caso consultadas por EL MUNDO de Andalucía, para el primer informe no se realizaron las correspondientes «catas» que garanticen, por ejemplo, que en efecto los mallados de hierro que se han enterrado en el subsuelo de una obra sean los realizados con cargo a esas facturas realmente están ahí.
«Nadie ha excavado para comprobar que esos hierros se encuentran en el lugar que dice el estudio del perito de Tinsa que, sin embargo, certifica que esa obra se ha ejecutado con cargo a uno de estos recibos», señalaron las fuentes consultadas.
La Policía Judicial tiene evidencias de que con las facturas se pagó a prostitutas
Por su parte, fuentes de la defensa mantenían ayer la validez del cuestionado informe de Tinsa, aludiendo a que «el propio perito ha reconocido en su declaración que un arquitecto técnico es el más adecuado para valorar los precios de los materiales y el de la ejecución de las obras».
Las dudas sobre el contenido de la primera prueba pericial que encargó el juez surgen a raíz de un informe elaborado por Javier Astolfi, arquitecto contratado por la acción popular, que puso en entredicho el realizado por Tinsa por «falta de rigor y veracidad» y que ayer mantuvo en sede judicial sus conclusiones.
En todo caso, tampoco se puede olvidar la contundencia del resto de pruebas que obran ya en la causa, como las escuchas telefónicas e investigaciones realizadas por la Policía Judicial, de las que se desprenden que las facturas investigadas sirvieron para financiar juergas de personal de confianza del alcalde, el senador del PSOE Luis Moreno, en el club de alterne de Marbella Milady Palace.
Red de corrupción
En el Consistorio baenense operaba presuntamente una red de corrupción que se dedicaba a reclamar facturas, por servicios no prestados, a empresas que trabajaban habitualmente para el Ayuntamiento. Tras su abono, los empresarios eran reclamados para entregar el dinero en mano a Rafael Santano (que ejercía las funciones de secretario personal del alcalde, según reconoció ante el juez a principios de este mismo año el otro imputado, Juan Díaz Pérez) una vez extraída la parte correspondiente al IVA.
Con el dinero presuntamente malversado, la Guardia Civil ha confirmado importantes desembolsos en Marbella, tanto en hoteles como en el Milady Palace. Según consta en una de las escuchas telefónicas intervenidas, Juan Díaz llegó a llamar un supuesto empleado de este burdel para preguntarle, antes de desplazarse a la Costa del Sol, si en aquel momento estaba trabajando en el local «una brasileña, una alta que está muu buena».
Las visitas al establecimiento les salían supuestamente gratis a Díaz Pérez y Santano. Conforme a las escuchas ordenadas por el juzgado, este último condicionaba los viajes a Marbella a la obtención de liquidez mediante las facturas falsas, justificándose ante el otro funcionario imputado en que «a mí me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas».
ELMUNDO.ES
Aunque el bufete de abogados contratado por el Ayuntamiento cordobés de Baena confiaba en poder evitarlo, definitivamente habrá un segundo informe pericial independiente sobre las presuntas facturas falsas. La declaración ayer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del aparejador de la empresa Tinsa Javier Molina, que se ratificó en la veracidad de los recibos, no sirvió para evitar que se efectúe un nuevo estudio reclamado por la Fiscalía, que en esta ocasión tendrá que ser elaborado por un arquitecto superior.
Según fuentes cercanas al caso consultadas por EL MUNDO de Andalucía, para el primer informe no se realizaron las correspondientes «catas» que garanticen, por ejemplo, que en efecto los mallados de hierro que se han enterrado en el subsuelo de una obra sean los realizados con cargo a esas facturas realmente están ahí.
«Nadie ha excavado para comprobar que esos hierros se encuentran en el lugar que dice el estudio del perito de Tinsa que, sin embargo, certifica que esa obra se ha ejecutado con cargo a uno de estos recibos», señalaron las fuentes consultadas.
La Policía Judicial tiene evidencias de que con las facturas se pagó a prostitutas
Por su parte, fuentes de la defensa mantenían ayer la validez del cuestionado informe de Tinsa, aludiendo a que «el propio perito ha reconocido en su declaración que un arquitecto técnico es el más adecuado para valorar los precios de los materiales y el de la ejecución de las obras».
Las dudas sobre el contenido de la primera prueba pericial que encargó el juez surgen a raíz de un informe elaborado por Javier Astolfi, arquitecto contratado por la acción popular, que puso en entredicho el realizado por Tinsa por «falta de rigor y veracidad» y que ayer mantuvo en sede judicial sus conclusiones.
En todo caso, tampoco se puede olvidar la contundencia del resto de pruebas que obran ya en la causa, como las escuchas telefónicas e investigaciones realizadas por la Policía Judicial, de las que se desprenden que las facturas investigadas sirvieron para financiar juergas de personal de confianza del alcalde, el senador del PSOE Luis Moreno, en el club de alterne de Marbella Milady Palace.
Red de corrupción
En el Consistorio baenense operaba presuntamente una red de corrupción que se dedicaba a reclamar facturas, por servicios no prestados, a empresas que trabajaban habitualmente para el Ayuntamiento. Tras su abono, los empresarios eran reclamados para entregar el dinero en mano a Rafael Santano (que ejercía las funciones de secretario personal del alcalde, según reconoció ante el juez a principios de este mismo año el otro imputado, Juan Díaz Pérez) una vez extraída la parte correspondiente al IVA.
Con el dinero presuntamente malversado, la Guardia Civil ha confirmado importantes desembolsos en Marbella, tanto en hoteles como en el Milady Palace. Según consta en una de las escuchas telefónicas intervenidas, Juan Díaz llegó a llamar un supuesto empleado de este burdel para preguntarle, antes de desplazarse a la Costa del Sol, si en aquel momento estaba trabajando en el local «una brasileña, una alta que está muu buena».
Las visitas al establecimiento les salían supuestamente gratis a Díaz Pérez y Santano. Conforme a las escuchas ordenadas por el juzgado, este último condicionaba los viajes a Marbella a la obtención de liquidez mediante las facturas falsas, justificándose ante el otro funcionario imputado en que «a mí me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas».
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