miércoles, 24 de junio de 2009

DECLARA COMO IMPUTADA LA EX ALCALDESA DE JEREZ POR UNA EXPROPIACIÓN IRREGULAR

TRIBUNALES | Insiste en que el acuerdo contaba con todos los parabienes

* Los suelos se transfirieron a una empresa que construyó viviendas

Europa Press | Granada

La ex alcaldesa de Jerez de la Frontera y parlamentaria andaluza del PP María José García-Pelayo ha declarado este miércoles ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, por su condición de aforada, como imputada en el caso de 'Los Huertos de Ocio'.

García-Pelayo está acusada de haber acordado en 2003, cuando era alcaldesa de la localidad gaditana, una expropiación supuestamente irregular de unos terrenos, situados junto a 'San José Obrero', para transferirlos a una promotora que edificó decenas de casas unifamiliares.

Los arrendatarios, que fueron desalojados en mayo de 2004, acudieron entonces a los tribunales para denunciar esta supuesta ilegalidad, que se remonta a la fecha en la que García-Pelayo, actual vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz, presidía el Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el Ayuntamiento de Jerez, cuando Pedro Pacheco era además edil de Urbanismo.

La también presidenta del PP en Jerez estuvo declarando desde las 10.00 horas de la mañana y durante algo más de una hora y, a la salida, defendió su actuación como lo lleva haciendo en los últimos meses, incidiendo en que dio su voto al acuerdo adoptado en el mismo sentido que lo hicieron los demás grupos municipales, como el PSOE o PSA.

En declaraciones a Europa Press, destacó que la resolución contaba con el visto bueno de los informes técnicos y se mostró confiada en que el caso se archive, convencida de la legalidad del proceso, y desde el "respeto" a los jueces, según señaló.

El Ayuntamiento de la localidad gaditana informó recientemente de que hará efectiva la sentencia del TSJA que ya declaró contrarios a derecho los acuerdos adoptados por la Gerencia de Urbanismo el 7 de agosto de 2003, no devolviendo los terrenos a los afectados, puesto que actualmente ya hay en ellos una urbanización residencial consolidada, sino mediante indemnizaciones, a pagar por la administración.

ELMUNDO.ES

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