Pide a la Junta la lista completa de ayudas a la empresa municipal en los cuatro últimos años «para verificar el destino» del dinero
Juan Ignacio Zoido presentó el pasado 24 de abril la denuncia por el caso Mercasevilla que, a instancia de la jueza, transformó ayer en querella. JÉSÚS SPÍNOLA
El auto señala a la secretaria de dirección y directora de proyectos
Zoido: «Lo miserable es la actuación de quien ha pedido 300.000 euros»
El PP sustituye la denuncia por una querella
El PP presentó ayer la querella por el «caso Mercasevilla» —intento de cobro de comisiones a empresarios por directivos del mercado central— en lugar de la denuncia aunque en los mismos términos que ésta y con las mismas peticiones de imputación: además de los dos directores, la querella se dirige también contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteserín, el primer teniente de alcalde y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), Manuel Marchena, y el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaño. En este sentido, Juan Ignacio Zoido afirmó que en este «escándalo sin precedentes en la historia democrática del Ayuntamiento han sido señalados, no sólo el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía», considerando los hechos «de absoluta gravedad» pese a que «el PSOE no haya hecho nada por esclarecerlos».
EDUARDO BARBA. SEVILLA
El «caso Mercasevilla» ha cogido rápidamente impulso una vez se ha hecho cargo del mismo el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. Una vez incorporadas las actuaciones de la Fiscalía, su titular, Mercedes Alaya, ya ha ampliado la investigación, de hecho, a todas las subvenciones recibidas por la fundación del mercado central sevillano. Así se advierte en el auto en el que solicita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía un listado con todas las subvenciones concedidas por la Delegación provincial del ramo —de la que es delegado Antonio Rivas— en los últimos cuatro años «a fin de verificar el destino de las mismas».
Esta novedad en el caso fue anunciada ayer por el PP, que había denunciado el asunto en los juzgados el 24 de abril adjuntando en su escrito la transcripción de la grabación —publicada por ABC— en la que los dos directores de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, instan a los empresarios del Grupo La Raza a «colaborar» con una aportación económica de 450.00 euros en dinero «B». El portavoz municipal de los populares, Juan Ignacio Zoido, hizo ayer público el citado auto, al que tuvieron acceso la tarde anterior y en el que la jueza, que asume también la causa abierta en el Juzgado 7 tras la denuncia del PA por el mismo asunto, determina que «los hechos que resultan de la denuncia y de las diligencias practicadas por la Fiscalía presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de cohecho y fraude cometido por funcionario público, entre otros».
Ante este panorama, la encargada del caso considera «procedente» instruir diligencias previas, instando al PP a formular una querella, no una denuncia, para ejercer la acción popular. Este formulismo fue resuelto en la misma mañana de ayer por la oposición, que presentó dicha querella con los mismos fundamentos que la denuncia precedente y que ha dado lugar a estas actuaciones.
La Junta, señalada
La base principal del auto se centra en la reclamación por parte de la Justicia a la Consejería de Empleo, y «a la mayor brevedad posible», de que informe de si, más allá de las subvenciones mencionadas en el informe de la Fiscalía, también se han concedido a la Fundación Mercasevilla otras subvenciones de 378.696 —en noviembre de 2006— y 650.791 euros —en agosto de 2008—, además de los motivos por los que se ha retenido otra subvención ascendente a 100.000 euros de la que se indica su número de expediente y que no ha llegado a otorgarse. Junto a ello, se exige a este departamento del Ejecutivo regional que traslade al juzgado un «listado completo de todas las subvenciones recibidas por la Fundación Mercasevilla y copia compulsada e íntegra de todos los expedientes relativos a los mismos, incluyendo los informes de auditoría externos de que dispusieran y la fiscalización posterior por el Interventor de la Consejería o, en su caso, por la Intervención General de la Junta de Andalucía».
Asimismo, Alaya encomienda a la Policía Judicial que «se informe» sobre «si ya se ha encargado la auditoría externa a la que hacía referencia en su declaración Alfonso Mir, qué empresa en su caso la está realizando, cuál es el ámbito de la misma y si ya se han comenzado los trabajos, debiendo dar oportuna cuenta de los mismos».
Cuatro implicados
La jueza, además, ha ordenado que se ponga en conocimiento de Mellet, Ponce, la que ha sido secretaria de dirección de la empresa, Regla Pereira Baus, y el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, «la existencia del presente procedimiento a fin de que puedan ejercitar su correspondiente derecho de defensa». O sea, que se les señala claramente como los cuatro principales implicados en el asunto.
Por otra parte, el juzgado cita como testigos a los empresarios del Grupo La Raza que denunciaron el caso, Pedro Sánchez Cuerda y Juan Ignacio de Rojas, que tendrán que prestar declaración el 24 de junio, y reclama a través de la Policía Judicial «el contrato existente entre Mercasevilla, propietaria de la parcela en la que iba a ubicarse la nave de la Escuela de Hostería, y la empresa Sando, propietaria de la referida nave».
ABC.ES
Juan Ignacio Zoido presentó el pasado 24 de abril la denuncia por el caso Mercasevilla que, a instancia de la jueza, transformó ayer en querella. JÉSÚS SPÍNOLA
El auto señala a la secretaria de dirección y directora de proyectos
Zoido: «Lo miserable es la actuación de quien ha pedido 300.000 euros»
El PP sustituye la denuncia por una querella
El PP presentó ayer la querella por el «caso Mercasevilla» —intento de cobro de comisiones a empresarios por directivos del mercado central— en lugar de la denuncia aunque en los mismos términos que ésta y con las mismas peticiones de imputación: además de los dos directores, la querella se dirige también contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteserín, el primer teniente de alcalde y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE), Manuel Marchena, y el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaño. En este sentido, Juan Ignacio Zoido afirmó que en este «escándalo sin precedentes en la historia democrática del Ayuntamiento han sido señalados, no sólo el Ayuntamiento, sino la Junta de Andalucía», considerando los hechos «de absoluta gravedad» pese a que «el PSOE no haya hecho nada por esclarecerlos».
EDUARDO BARBA. SEVILLA
El «caso Mercasevilla» ha cogido rápidamente impulso una vez se ha hecho cargo del mismo el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. Una vez incorporadas las actuaciones de la Fiscalía, su titular, Mercedes Alaya, ya ha ampliado la investigación, de hecho, a todas las subvenciones recibidas por la fundación del mercado central sevillano. Así se advierte en el auto en el que solicita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía un listado con todas las subvenciones concedidas por la Delegación provincial del ramo —de la que es delegado Antonio Rivas— en los últimos cuatro años «a fin de verificar el destino de las mismas».
Esta novedad en el caso fue anunciada ayer por el PP, que había denunciado el asunto en los juzgados el 24 de abril adjuntando en su escrito la transcripción de la grabación —publicada por ABC— en la que los dos directores de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, instan a los empresarios del Grupo La Raza a «colaborar» con una aportación económica de 450.00 euros en dinero «B». El portavoz municipal de los populares, Juan Ignacio Zoido, hizo ayer público el citado auto, al que tuvieron acceso la tarde anterior y en el que la jueza, que asume también la causa abierta en el Juzgado 7 tras la denuncia del PA por el mismo asunto, determina que «los hechos que resultan de la denuncia y de las diligencias practicadas por la Fiscalía presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de cohecho y fraude cometido por funcionario público, entre otros».
Ante este panorama, la encargada del caso considera «procedente» instruir diligencias previas, instando al PP a formular una querella, no una denuncia, para ejercer la acción popular. Este formulismo fue resuelto en la misma mañana de ayer por la oposición, que presentó dicha querella con los mismos fundamentos que la denuncia precedente y que ha dado lugar a estas actuaciones.
La Junta, señalada
La base principal del auto se centra en la reclamación por parte de la Justicia a la Consejería de Empleo, y «a la mayor brevedad posible», de que informe de si, más allá de las subvenciones mencionadas en el informe de la Fiscalía, también se han concedido a la Fundación Mercasevilla otras subvenciones de 378.696 —en noviembre de 2006— y 650.791 euros —en agosto de 2008—, además de los motivos por los que se ha retenido otra subvención ascendente a 100.000 euros de la que se indica su número de expediente y que no ha llegado a otorgarse. Junto a ello, se exige a este departamento del Ejecutivo regional que traslade al juzgado un «listado completo de todas las subvenciones recibidas por la Fundación Mercasevilla y copia compulsada e íntegra de todos los expedientes relativos a los mismos, incluyendo los informes de auditoría externos de que dispusieran y la fiscalización posterior por el Interventor de la Consejería o, en su caso, por la Intervención General de la Junta de Andalucía».
Asimismo, Alaya encomienda a la Policía Judicial que «se informe» sobre «si ya se ha encargado la auditoría externa a la que hacía referencia en su declaración Alfonso Mir, qué empresa en su caso la está realizando, cuál es el ámbito de la misma y si ya se han comenzado los trabajos, debiendo dar oportuna cuenta de los mismos».
Cuatro implicados
La jueza, además, ha ordenado que se ponga en conocimiento de Mellet, Ponce, la que ha sido secretaria de dirección de la empresa, Regla Pereira Baus, y el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, «la existencia del presente procedimiento a fin de que puedan ejercitar su correspondiente derecho de defensa». O sea, que se les señala claramente como los cuatro principales implicados en el asunto.
Por otra parte, el juzgado cita como testigos a los empresarios del Grupo La Raza que denunciaron el caso, Pedro Sánchez Cuerda y Juan Ignacio de Rojas, que tendrán que prestar declaración el 24 de junio, y reclama a través de la Policía Judicial «el contrato existente entre Mercasevilla, propietaria de la parcela en la que iba a ubicarse la nave de la Escuela de Hostería, y la empresa Sando, propietaria de la referida nave».
ABC.ES
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