Francisco Marqués (Efe)
corrupción urbanística, Lorca
@Vidal Coy
La detención esta mañana del ex alcalde socialista de Lorca, Miguel Navarro, es una bomba política que ha sacudido hoy a la comunidad de Murcia. No sólo porque el detenido, sospechoso de cohecho, fuera en su día miembro de la dirección federal del PSOE, partido del que ha sido expulsado hoy mismo, presidente de la Asamblea Regional y diputado nacional hasta que dejó la alcaldía hace tres años, sino también porque va a acompañada de otras cinco detenciones realizadas ayer: un ex concejal socialista, un interventor municipal, un agente de seguros, un médico y un notario. Y otra hoy: la de un ex edil socialista que ha acompañado a Navarro en la comisaría de Policía de Lorca.
Todos ellos han sido o son socios del ex gerente de la empresa municipal de basuras de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, en prisión provisional desde el 3 de marzo, y son sospechosos de presunta corrupción que se concretaría en los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas etcétera.
Los detenidos ayer, el dentista (Urbano Alejo Vicente), el notario (Sebastián Fernández Rabal), el agente de seguros (Ángel Trinidad Martínez Tudela), el ex concejal socialista (Miguel Miras García) y el que fue interventor del Ayuntamiento de Lorca y que ahora lo es del de Cartagena (Francisco Poyatos) fueron puestos en libertad tras prestar declaración. Pero lo escandaloso del caso no viene dado solamente por la detención esta mañana de Miguel Navarro y el ex concejal del PSOE Jesús Molina, sino porque todos juntos forman un granado conjunto de lo mejor de la sociedad lorquina, de izquierdas y de derechas.
Sorprendentemente, el fedatario público Sebastián Fernández Rabal, ya fue detenido hace menos de un mes, cuando la Guardia Civil inició la segunda parte de la investigación del ex consejero de Medio Ambiente y actual director general de Hefame, Francisco Marqués, por una presunta trama de corrupción en Águilas en la que apareció relacionado el nombre de la actual consejera murciana de Hacienda, Inmaculada García, muy amiga de Marqués y del notario.
Miguel Navarro fue alcalde de Lorca durante 14 años, hasta julio de 2006, cuando dejó la alcaldía presionado por la dirección regional del PSOE con cuyo secretario general, Pedro Saura, estaba enfrentado políticamente. Navarro, socialista de la dirección nacional en Madrid, aplicaba en Lorca políticas urbanísticas más propias del PP, decían sus críticos. Navarro fue también miembro del Comité Federal del PSOE hasta 2003. Desde las elecciones de 2007, el municipio está gobernado por los ‘populares’. Testigos presenciales aseguraron en su momento que Navarro celebró la derrota de su partido.
No obstante, el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, se ha apresurado a declarar esta mañana, tras la consabida referencia a la presunción de inocencia, que la Justicia "debe actuar y llegar al fondo del asunto".
Corrupción generalizada
Ese fondo no es ni más ni menos, a tenor de las detenciones realizadas y las conexiones con otros casos de corrupción a través de personas implicadas en ambos, que la existencia de una corrupción generalizada no sólo en el municipio de Lorca, sino también en el vecino de Águilas, y en toda la Comunidad Autónoma como muestra el hecho de que hay al menos una quincena de los 45 alcaldes (la gran mayoría del PP) bajo el escrutinio de la Justicia, algunos de estos con paso incluido por prisión; dos diputados regionales (uno ex del PP y otro del PSOE) con acusaciones firmes; un alcalde del PP con petición formal de pena de cárcel; un senador del PSOE que está siendo investigado judicialmente. Y todo ello sin contar el cúmulo de casos de funcionarios, altos cargos regionales y municipales, dirigentes empresariales y concejales de todo pelaje escrutados por la Fiscalía.
El caso de Miguel Navarro viene a ser el paradigma de lo que desde hace años viene trascendiendo de la clase política murciana y de la "buena sociedad" civil que la acoge y convive con ella.
ELCONFIDENCIA.COM
Todos ellos han sido o son socios del ex gerente de la empresa municipal de basuras de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, en prisión provisional desde el 3 de marzo, y son sospechosos de presunta corrupción que se concretaría en los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas etcétera.
Los detenidos ayer, el dentista (Urbano Alejo Vicente), el notario (Sebastián Fernández Rabal), el agente de seguros (Ángel Trinidad Martínez Tudela), el ex concejal socialista (Miguel Miras García) y el que fue interventor del Ayuntamiento de Lorca y que ahora lo es del de Cartagena (Francisco Poyatos) fueron puestos en libertad tras prestar declaración. Pero lo escandaloso del caso no viene dado solamente por la detención esta mañana de Miguel Navarro y el ex concejal del PSOE Jesús Molina, sino porque todos juntos forman un granado conjunto de lo mejor de la sociedad lorquina, de izquierdas y de derechas.
Sorprendentemente, el fedatario público Sebastián Fernández Rabal, ya fue detenido hace menos de un mes, cuando la Guardia Civil inició la segunda parte de la investigación del ex consejero de Medio Ambiente y actual director general de Hefame, Francisco Marqués, por una presunta trama de corrupción en Águilas en la que apareció relacionado el nombre de la actual consejera murciana de Hacienda, Inmaculada García, muy amiga de Marqués y del notario.
Miguel Navarro fue alcalde de Lorca durante 14 años, hasta julio de 2006, cuando dejó la alcaldía presionado por la dirección regional del PSOE con cuyo secretario general, Pedro Saura, estaba enfrentado políticamente. Navarro, socialista de la dirección nacional en Madrid, aplicaba en Lorca políticas urbanísticas más propias del PP, decían sus críticos. Navarro fue también miembro del Comité Federal del PSOE hasta 2003. Desde las elecciones de 2007, el municipio está gobernado por los ‘populares’. Testigos presenciales aseguraron en su momento que Navarro celebró la derrota de su partido.
No obstante, el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, se ha apresurado a declarar esta mañana, tras la consabida referencia a la presunción de inocencia, que la Justicia "debe actuar y llegar al fondo del asunto".
Corrupción generalizada
Ese fondo no es ni más ni menos, a tenor de las detenciones realizadas y las conexiones con otros casos de corrupción a través de personas implicadas en ambos, que la existencia de una corrupción generalizada no sólo en el municipio de Lorca, sino también en el vecino de Águilas, y en toda la Comunidad Autónoma como muestra el hecho de que hay al menos una quincena de los 45 alcaldes (la gran mayoría del PP) bajo el escrutinio de la Justicia, algunos de estos con paso incluido por prisión; dos diputados regionales (uno ex del PP y otro del PSOE) con acusaciones firmes; un alcalde del PP con petición formal de pena de cárcel; un senador del PSOE que está siendo investigado judicialmente. Y todo ello sin contar el cúmulo de casos de funcionarios, altos cargos regionales y municipales, dirigentes empresariales y concejales de todo pelaje escrutados por la Fiscalía.
El caso de Miguel Navarro viene a ser el paradigma de lo que desde hace años viene trascendiendo de la clase política murciana y de la "buena sociedad" civil que la acoge y convive con ella.
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