Manuel Chaves, PSOEDos meses y medio antes de convertirse en vicepresidente tercero del Gobierno, cuando todavía ocupaba la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves otorgó una subvención de casi 10,1 millones de euros a una empresa de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra, según informa El Mundo en su edición de hoy. La empresa en cuestión se llama Mina de Aguas Teñida (Matsa), una sociedad dedicada a la extración de minerales metálicos no ferreos, y el dinero iba dirigido a la construcción de una planta de tratamiento mineral en el municipio onubense de Almonaster la Real.
En un principio, la subvención que se barajaba era bastante inferior a la que finalmente se concedió. De hecho, según los datos del periódico, hubo dos propuestas y ninguna de ellas superaba los siete millones de euros. Así, una vez que la hija de Chaves fue designada apoderada de la empresa, se produjo una tercera propuesta por parte de la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva en la que se proponían tres millones de euros más de la cantidad inicial, casi 10,1 millones, que fue lo que definitivamente se concedió a Matsa el pasado 20 de enero.
Asimismo, existe una discrepancia en torno a la fecha en la que Paula Chaves se elevó como apoderada de la empresa. Según el expediente administrativo, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía aprobó esta ayuda el 13 de enero, una semana antes de que fuera ratificada por el Gobierno andaluz. Y cuando este expediente llegó al Consejo de Gobierno, "la carpeta contenía una escritura de apoderamiento a favor de la hija de Chaves fechada el 14 de enero, un día después de que el órgano decisorio hubiera acordado la subvención", según el diario. Sin embargo, el Registro Mercantil contradice esta información ya que, según sus datos, el nombramiento de la hija de Chaves como representante legal de la compañía se inscribió dos meses antes de la subvención, el 12 de noviembre de 2008.
Conforme la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Andalucía referente a los Altos Cargos, Manuel Chavez habría violado esta ley ya que, según la misma, "los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil." (Artículo 7 de la Ley 3/2005). Según el acta de la sesión, el entonces presidente de la Junta presidió la reunión en la que se otorgó la subvención y además ratificó dicha ayuda.
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En un principio, la subvención que se barajaba era bastante inferior a la que finalmente se concedió. De hecho, según los datos del periódico, hubo dos propuestas y ninguna de ellas superaba los siete millones de euros. Así, una vez que la hija de Chaves fue designada apoderada de la empresa, se produjo una tercera propuesta por parte de la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva en la que se proponían tres millones de euros más de la cantidad inicial, casi 10,1 millones, que fue lo que definitivamente se concedió a Matsa el pasado 20 de enero.
Asimismo, existe una discrepancia en torno a la fecha en la que Paula Chaves se elevó como apoderada de la empresa. Según el expediente administrativo, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía aprobó esta ayuda el 13 de enero, una semana antes de que fuera ratificada por el Gobierno andaluz. Y cuando este expediente llegó al Consejo de Gobierno, "la carpeta contenía una escritura de apoderamiento a favor de la hija de Chaves fechada el 14 de enero, un día después de que el órgano decisorio hubiera acordado la subvención", según el diario. Sin embargo, el Registro Mercantil contradice esta información ya que, según sus datos, el nombramiento de la hija de Chaves como representante legal de la compañía se inscribió dos meses antes de la subvención, el 12 de noviembre de 2008.
Conforme la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Andalucía referente a los Altos Cargos, Manuel Chavez habría violado esta ley ya que, según la misma, "los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil." (Artículo 7 de la Ley 3/2005). Según el acta de la sesión, el entonces presidente de la Junta presidió la reunión en la que se otorgó la subvención y además ratificó dicha ayuda.
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