Bartomeu Vicens, Jaime Montis, Tomás Martín y Damià Nicolau.* Tomás Martín ha incriminado a Vicens por malversación y prevaricación
* También ha devuelto los 12.000 euros que cobró del Consell por un informe
* Nicolau niega la relación del informe con las irregularidades
Esteban Urreiztieta | Palma
El contable Tomás Martín ha incriminado directamente a Bartomeu Vicens por malversación y prevaricación ante el juez instructor del caso Son Oms durante su declaración en el TSJB. Martín recibió 12.000 euros públicos, concedidos 'a dedo' para elaborar un informe plagiado sobre el valor del suelo en Mallorca. También ha procedido a devolver los 12.000 euros que cobró del Consell de Mallorca por elaborar dicho informe.
Por su parte, el ex secretario general de UM y también imputado dentro del caso Son Oms, Damià Nicolau, ha negado ante el juez Antoni Capó, que exista relación alguna entre el proceso de recalificación del polígono palmesano y la realización del citado informe.
Con todo, los cuatro imputados: Bartomeu Vicens, Jaime Montis, Tomás Martín y Damià Nicolau han salido en libertad tras comparecer ante el magistrado que continúa tomando declaración a los testigos.
Nicolau ha sido el único de los imputados que ha decidido hablar con los medios de comunicación tras declarar durante 45 minutos, según informa Europa Press. El ex secretario general de UM ha manifestado que el informe fue encargado "a la persona que mejor lo podía hacer", si bien ha eludido contestar al juez a la pregunta de "quién" encargo el imforme.
Asimismo, ha asegurado que el texto no guarda ninguna relación con el proceso de recalificación, por el que se investigan delitos de alcance millonario por una presunta trama político-empresarial, ya que en el momento en que se llevó a cabo, en 1999, él tenía 21 años, "estudiaba y no estaba metido en política. Sí aseguró entender, no obstante, que la persona que redactó el informe "estaba vinculada con Son Oms, porque si no no tendría ningún sentido".
Por su parte, Vicens ha salido solo de las dependencias judiciales y ante los numerosos medios congregados, se ha limitado a decir que la comparecencia "ha ido bien" y que está "contento" con su declaración, aunque ha eludido profundizar sobre sus manifestaciones ante el juez, ya que "sobre temas de justicia no hablo", afirma.
A las comparecencias de los cuatro imputados se han sumado las de la ex secretaria técnica de Vicens, Apolònia Serra, del contable de las oficinas de Vipasima -con la que Vicens mantuvo presuntas vinculaciones económicas e inmobiliarias cuando era conseller insular de Territorio-, Joaquín Llorenç, y de Jutta Delgado, todos ellos en calidad de testigos
En concreto, las declaraciones ante el juez Antoni Capó han estado centradas en el estudio que supuestamente encargó el departamento de Territorio del Consell de Mallorca, en marzo de 2007, sobre el valor del suelo en la Isla y cuya adjudicación ascendía a 12.020 euros, cantidad máxima que permite la Ley para realizar este tipo de pagos sin necesidad de convocar un concurso público.
Al parecer, este informe habría sido presuntamente adjudicado al gestor Tomás Martín, contable particular de Vicens, quien es defendido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, y mañana declarará como imputado por tercera vez dentro de este procedimiento -también está encausado en los casos de Can Domenge y Plan Territorial de Mallorca-.
En el caso de Nicolau, también asistido por Valdivia y Campaner, supuestamente fue el encargado de solicitar el estudio argumentando la necesidad de contar con el documento para la futura toma de decisiones desde el Consell en materia territorial, aunque será mañana cuando deberá aclarar ante el magistrado quién le instó a justificar la importancia del informe.
Cabe recordar que Vicens eludió su ingreso en prisión preventiva el pasado 11 de noviembre al abonar una fianza de 100.000 euros frente a los 800.000 que pedía la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio público investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas, mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.
Instrucción del caso
En concreto, fue el pasado 27 de octubre cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso, procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Se trata de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pedía la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.
En relación con el procedimiento, la Fiscalía afirma que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que su presunta testaferro Elisabeth Diéguez fue designada administradora única.
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