domingo, 24 de mayo de 2009

EL CALAYO NO DA EL CANTE EN ALHAURÍN DE LA TORRE



J. M. CAMACHO. MÁLAGA

El ex alcalde de Alcaucin, el socialista José Manuel Martín Alba, detenido el pasado febrero dentro de la operación «Arcos», confía en salir muy pronto de la prisión de Alhaurin de la Torre, según Fuentes de su entorno, quienes explicaron que su vida en el interior de la cárcel discurre como la de cualquier preso preventivo.


El ex regidor municipal ha comentado que no quiere seguir los pasos del ex alcalde de Marbella, Julian Muñoz, quien solicitó trabajar como camarero en el economato de la prisión para suministrar artículos a los reclusos, ni tampoco ha pedido ayudar en el comedor a servir a sus compañeros, ni participar en ningún taller. Martin Alba, un apasionado por el flamenco, ha llegado a cantar en algunos espectáculos y de ahí que se le conozca mas por el sobrenombre artístico «El Calayo».

«Sale al patio con sus compañeros, ve un poco la televisión, pero anímicamente está mal», señalaron las fuentes consultadas por ABC, quienes aseguraron que está «muy dolido» con algunas informaciones publicadas sobre él y su familia y también con la actuación desarrollada por la Guardia Civil en el municipio.

Afirmaron que su estado no llega a la depresión, pero si se encuentra «muy afectado» por «las calumnias y falsedades que se han dicho sobre su entorno familiar». Las mismas fuentes manifestaron que cuando salga de la cárcel dará su versión sobre los hechos, siempre respetando el secreto del sumario.

La instructora del caso «Arcos» podría decretar la libertad del ex regidor en las próximas semanas cuando hallan declarado todos los imputados en la trama de corrupción urbanística. El pasado jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, interrogó a dos personas, una de ellas Imputada. También el ex alcalde fue trasladado hace una semana desde la cárcel al Juzgado para declarar ante la jueza. Aunque no han trascendido sus declaraciones, fuentes cercanas señalaron que Martín Alba defendió su inocencia, se ratificó en su primera declaración y negó haberse lucrado con la corrupción urbanística en Alcaucin. Por otra parte, el jefe de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Mora, puesto en libertad la pasada semana tras pagar una fianza de 120.000 euros, ha solicitado 15 días de permiso en su trabajo. Cuando regrese a la Diputación, no desarrollará el trabajo que venía desempeñando como arquitecto en la comarca de la Axarquía. Mora no podrá salir del organismo supramunicipal y realizará trabajo de mesa.

Actualmente, hay mas de una treintena de personas imputadas en la operación Arcos, según fuentes jurídicas. La Guardia Civil detuvo hace casi tres meses en las provincias de Málaga y Huelva a un total de trece personas por diversos delitos de corrupción, relacionados con el urbanismo. En aquella operación fueron detenidos, además del alcalde de Alcaucín, varios miembros de su familia, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario.

Los agentes registraron también las dependencias del Ayuntamiento de Alcaucín y del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional. En uno de los registros, la Guardia Civil halló bajo el colchón de una cama varias bolsas que contenían 160.000 euros.«El ahorro de toda una vida», declaró el ex alcalde cuando fue interrogado por este dinero.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

La investigación permitió desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

ABC.ES

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