Aparicio preside la sociedad propietaria de la estación de servicio ilegal
El Ayuntamiento de Burgos ha sido condenado a pagar casi cinco millones de euros por el incumplimiento de una sentencia del Supremo que obliga al cierre de una gasolinera. El encargado de ejecutar el cierre es el alcalde del PP Juan Carlos Aparicio, quien fuera ministro de Trabajo de Aznar, que además preside la sociedad propietaria de la estación de servicio, por lo que se enfrenta a una denuncia por prevaricación.
Aparicio mantiene abierta la gasolinera ilegal –con una ubicación privilegiada al estar junto a un aparcamiento de camiones- pesar de que una sentencia del Supremo de hace doce años obliga a su cierre. Ahora el Ayuntamiento deberá pagar casi cinco millones de euros de indemnización por el incumplimiento de la sentencia, y la multa se incrementará anualmente en 300.000 euros si se sigue manteniendo abierta.
Intereses del alcalde en el caso
La gasolinera pertenece a una sociedad presidida por el propio alcalde, y en la actualidad la tienen subarrendada, según informa la cadena SER. Aparicio afronta una denuncia por prevaricación presentada por la Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos y el Supremo estudia un posible suplicatorio para el alcalde, ya que es aforado por su condición de diputado.
Intento de cambiar el plan urbanístico
El equipo de gobierno burgalés se resiste todavía a ejecutar la sentencia y busca legalizar la gasolinera modificando la distancia mínima entre estaciones de servicio contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo esta vía ya se buscó con anterioridad y la anuló en 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Peso pesado de Aznar
Aparicio fue uno de los hombres de confianza de José María Aznar tanto cuando éste presidió Castilla y León, donde fue su vicepresidente, como durante el Gobierno nacional del PP, donde fue el responsable de la Seguridad Social y ministro de Trabajo.
ELPLURAL.COM
El Ayuntamiento de Burgos ha sido condenado a pagar casi cinco millones de euros por el incumplimiento de una sentencia del Supremo que obliga al cierre de una gasolinera. El encargado de ejecutar el cierre es el alcalde del PP Juan Carlos Aparicio, quien fuera ministro de Trabajo de Aznar, que además preside la sociedad propietaria de la estación de servicio, por lo que se enfrenta a una denuncia por prevaricación.
Aparicio mantiene abierta la gasolinera ilegal –con una ubicación privilegiada al estar junto a un aparcamiento de camiones- pesar de que una sentencia del Supremo de hace doce años obliga a su cierre. Ahora el Ayuntamiento deberá pagar casi cinco millones de euros de indemnización por el incumplimiento de la sentencia, y la multa se incrementará anualmente en 300.000 euros si se sigue manteniendo abierta.
Intereses del alcalde en el caso
La gasolinera pertenece a una sociedad presidida por el propio alcalde, y en la actualidad la tienen subarrendada, según informa la cadena SER. Aparicio afronta una denuncia por prevaricación presentada por la Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos y el Supremo estudia un posible suplicatorio para el alcalde, ya que es aforado por su condición de diputado.
Intento de cambiar el plan urbanístico
El equipo de gobierno burgalés se resiste todavía a ejecutar la sentencia y busca legalizar la gasolinera modificando la distancia mínima entre estaciones de servicio contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo esta vía ya se buscó con anterioridad y la anuló en 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Peso pesado de Aznar
Aparicio fue uno de los hombres de confianza de José María Aznar tanto cuando éste presidió Castilla y León, donde fue su vicepresidente, como durante el Gobierno nacional del PP, donde fue el responsable de la Seguridad Social y ministro de Trabajo.
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