ELPAÍS.com - Madrid
Los escándalos que afectan al PP
El magistrado hace efectiva la inhibición al haber aforados en la red corrupción dirigida por Correa.- El sastre de Camps vuelve a declarar en la Audiencia
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado hoy la investigación del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, tras acordarse el pasado jueves 5 de marzo la inhibición en favor de estos al hallar indicios en la causa contra aforados regionales de ambas comunidades. El magistrado ha remitido los correspondientes oficios, aunque los había dejado firmados antes de irse de viaje el pasado martes. El envío no se ha hecho efectivo hasta hoy por problemas técnicos con los servicios de reprografía, dada la gran cantidad de fotocopias que han tenido que hacerse para remitir la causa completa a ambos tribunales, según han informado fuentes jurídicas.
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Veinte minutos después de las dos de la tarde han comenzado a salir las nueve primeras cajas de folios de la Audiencia Nacional con destino a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Ante el aparente retraso de la remisión de la causa, el PP presentó ayer un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando al juez por ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión.
A pesar de haber acordado la inhibición con respecto a los aforados, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, y los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, Garzón mantiene la instrucción de la causa con respecto a los otros 37 imputados no aforados a los que ya ha tomado declaración y a los que se suman otros seis a los que ha citado para tomar declaración el próximo miércoles, entre los que destacan los alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López.
Interrogatorio al Sastre de Camps
Garzón ha vuelto hoy a tomar declaración como testigo a José Tomás, empleado de las dos tiendas en las que supuestamente se adquirieron varios trajes para el presidente valenciano por parte de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. El interrogatorio ha durado aproximadamente una hora y a la salida ni Tomás ni su abogado han realizado declaraciones. Garzón acusa a Camps de recibir trajes por valor de 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por una cantidad próxima a los cuatro millones de euros.
En el auto emitido por el magistrado el pasado 5 de marzo se detallaban una serie de pruebas en las que se apoya la acusación de sobornos a Camps y otros dirigentes valencianos, como el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y el director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.
Facturas y grabaciones
Entre dichas pruebas hay facturas de los establecimientos, las declaraciones del sastre que les suministraba el vestuario e incluso les tomaba las medidas en sus despachos y las grabaciones de los cabecillas de la trama en la que confirmaban los obsequios a los políticos valencianos. Los implicados pagaban a las empresas con facturas falsas para no dejar pistas.
De acuerdo con la instrucción del juez, Camps acudió a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, El Bigotes (administrador de Orange Market) para comprar ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el hoy interrogado José Tomás, persona de confianza de Pérez de Alonso. Garzón apuntaba también a la supuesta financiación ilegal del PP, de al menos 420.000 euros, según consta en las cuentas de las empresas investigadas.
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