Acusado de sobornar a Roca
El promotor acusado de cohecho cifra en 2.000 millones de euros lo recaudado
José Carlos Villanueva | Málaga
La Junta de Andalucía se ha convertido en protagonista destacada durante la sesión de este miércoles en el juicio por el llamado caso 'Malaya'. El conocido promotor malagueño Cristóbal Peñarroya, acusado de sobornar a Juan Antonio Roca con 35.500 euros a cambio de una licencia de obras por silencio administrativo, ha arremetido duramente en numerosas ocasiones contra el Ejecutivo autonómico -en materia urbanística- por hacer “omisión” de sus funciones en Marbella durante los gobiernos del GIL (1991-2006).
Peñarroya sostiene que “para la Junta de Andalucía no había viviendas ilegales a la hora de cobrar impuestos en Marbella”. Es una tesis que también mantiene la actual alcaldesa, Angeles Muñoz (PP). De hecho, el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, denegó en principio la personación del Gobierno andaluz, como perjudicado, “por haberse lucrado con los impuestos de todas las viviendas que se construyeron en la ciudad”. Finalmente se aceptó la personación como acusación popular-,no particular, encarnada esta por el Consistorio marbellí.
En el marco de su crítico discurso contra la administración que actualmente preside José Antonio Griñán el acusado ha cifrado en 2.000 millones de euros lo que ha cobrado la Junta “por 30.000 viviendas ilegales”. Acto seguido se ha preguntado lo siguiente: “¿Hacia dónde ha mirado la Junta, hacia Cuenca o hacia Guadalajara”?
No obstante, el actual gobierno municipal de Marbella tampoco ha salido bien parado en palabras del promotor : “El urbanismo de ahora es peor que el de antes. Es el mayor desastre de España", en comparación con el que llevaron a cabo los gobiernos del GIL entre 1991 y 2006. Ya en la sesión del martes, Peñarroya acusó a la Corporación que preside actualmente Muñoz de “falsedad documental y otros hechos muy graves, de los que no voy a hablar aquí".
El presidente del tribunal, José Godino, se ha visto obligado a llamar al orden al empresario durante el interrogatorio del fiscal: “Ha nombrado usted a la Junta 17 veces”. La advertencia se ha producido después de que el procesado insistiera en que el Ejecutivo que presidió Manuel Chaves “puso a la Comisión Gestora para arrasar todo”, ha dicho en alusión a la paralización de obras ilegales.
El aviso del juez Godino no ha impedido que el promotor malagueño se enzarzara en una agria polémica con el letrado de la administración andaluza cuando éste le preguntaba: “Si los edificios eran ilegales, la Junta ha estado cobrando los impuestos de Ibi, Iva y actos jurídicos documentados”, le ha espetado Peñarroya.
“¿Por qué usted no recurrió esos tributos?”, le ha preguntado el letrado autonómico, a lo que Peñarroya ha replicado que en aquel entonces no le constaba. Dicho letrado ha recordado las 400 impugnaciones de licencias ilegales, otorgadas por el GIL, que llevó a cabo en los tribunales la Consejería de Obras Públicas.
En lo que sí ha hecho hincapié el empresario es en que una serie de promotores, incluido él mismo, mantuvieron una reunión, en el Hotel El Fuerte de Marbella, para instar a la Junta a que inscribiera en el Registro de la Propiedad las anotaciones correspondientes a viviendas ilegales, “pero hicieron oídos sordos”, ha asegurado.
También ha mencionado al ex delegado provincial de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano: “Cuando denegaron el PGOU del 98 (julio de 2003) fui a la Comisión Provincial de Urbanismo para enterarme de en qué afectaba a mis promociones y él me dijo que no mareara la perdiz, porque era todo un tema político”.
La tesis de Peñarroya, al dejar al margen a Roca, es responsabilizar al arquitecto municipal Francisco Merino y la ex asesora de Urbanismo, Raquel Escobar, de “todo lo relacionado con el otorgamiento de licencias de obras”. Ambos deberán comparecer como testigos.
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