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| La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el ex alcalde Luis Díaz Alperi, en las Cortes Valencianas. | José Cuéllar |
También a Luis Díaz Alperi, su antecesor en el cargo
Se investigan supuestos amaños en el PGOU de Alicante a favor de Enrique Ortiz
Tanto Sonia Castedo como Díaz Alperi figuran en la causa como 'implicados'
Juan Nieto | Alicante
Tras más de catorce meses de pesquisas, el juez que investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante, Manrique Tejada, ha concluido la fase de instrucción solicitando la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Diaz Alperi.
En esta pieza separada del llamado 'caso Brugal' se investigan el posible trato de favor al constructor y promotor Enrique Ortiz, también máximo accionista del Hércules CF, que es uno de los imputados, y aparecen como implicados Castedo y Díaz Alperi, de quienes Anticorrupción cree que han podido cometer los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
El juez de instrucción ha citado este jueves a los abogados personados en esta pieza separada del Brugal para entregarles el auto de elevación al TSJCV y la exposición razonada de la investigación, que se ha prolongado durante el último año y medio. El auto tiene 103 páginas y en la tercera el magistrado ya solicita la imputación de Castedo y Alperi.
Ambos son diputados en las Cortes Valencianas por el PP y ahora tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que se haga cargo de esta rama de la operación Brugal.
El juez Tejada ha notificado este jueves su auto de exposición razonada donde detalla una serie de irregularidades urbanísticas que habría permitido la alcaldesa y Alperi. Según la Fiscalía, el promotor Enrique Ortiz habría salido muy beneficiado de un proceso que ahora está bajo sospecha. Ahora el juzgado ha detectado indicios de delitos en la gestión de Sonia Castedo por lo que solicita la intervención del alto tribunal al ser aforada.
La medida la toma el juez después de llevar a cabo una exhaustiva investigación que ha puesto entre las cuerdas a ambos dirigentes. Durante la ronda de interrogatorios, un empresario de Elche, Ramón Salvador, admitió que Ortiz le telefoneó para asegurarle que tenía copia de los nuevos planos de la ciudad cuando estos todavía no eran públicos.
Además, la niñera de la alcaldesa, Julia Castelló, no pudo entregar ningún documento donde quedase acreditado que pagó un vehículo Mini a Ortiz, que Anticorrupción incluye en el paquete de dádivas que se habría llevado la alcaldesa a cambio de filtrar datos reservados sobre el urbanismo de Alicante.
Entre tanto, la alcaldesa ha admitido en declaraciones públicas viajes a Ibiza con Ortiz en pleno proceso de elaboración de los planos.
El nuevo Plan General, cuya tramitación se ha negado a suspender el Consell, tendrá una vigencia de más de 20 años. En este caso también figura como imputado el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, que habría ayudado a Ortiz a redactar los cambios exigidos por el promotor en los planos gracias a la intervención de su hermana, según los investigadores
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