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| Raquel Escobar durante su declaración en el juicio. | Cabanillas |
Raquel Escobar
"Yagüe no entendía la terminología y se dejaba asesorar por Roca", asegura
José Carlos Villanueva | Málaga
«El señor Roca proponía en la mayoría de los casos el sentido del voto de los concejales». La frase es de la abogada Raquel Escobar, antigua asesora del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y ex mano derecha del principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya'.
La testigo Escobar ha declarado este lunes fiel a su estilo, demostrado en comparecencias anteriores. Se trata de un testimonio claramente incriminatorio contra el que fuera su jefe directo. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción tiene depositadas grandes expectativas en su versión, para poder demostrar el poder decisorio del considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí.
«Roca tenía absoluto conocimiento de todo lo que tuviera que ver con el urbanismo de Marbella», ha remachado la letrada. Acto seguido ha dejado claro el papel, testimonial, de la entonces alcaldesa marbellí, la gilista Marisol Yagüe: «Los conocimientos de ella eran nulos en urbanismo, no entendía la terminología y se dejaba asesorar por el señor Roca».
Escobar recaló en el Ayuntamiento de Marbella en el verano de 1999. Jesús Gil acababa de perder la presidencia de la Mancomunidad Occidental, donde ella era asesora jurídica de confianza, y la trasladó al cuartel general de Roca, la empresa municipal Planeamiento 2000 S.L.
Cuando ella llegó a Urbanismo las licencias de obras se concedían en base a la revisión del PGOU, aprobada por silencio administrativo, frente a la Junta de Andalucía, en el famoso pleno nocturno de agosto de 1998.
Frente a la reiterada versión de los ediles gilistas acusados, quienes apuntan a Escobar como la causante de sus imputaciones en delitos urbanísticos- por no informarles de irregularidades- ella ha declarado lo siguiente: «Ellos votaron en Pleno esa revisión del Plan, tanto en 1998 como en 2000», en alusión a que contravenían el PGOU de 1986 con conocimiento de causa.
Habla Escobar de una «decisión política» de Jesús Gil en cuanto a no emitir informes jurídicos sobre el PGOU del 86 a la hora de otorgar licencias.
No fue hasta 2003, con la revisión del PGOU del 98 invalidada por la Junta y los tribunales, cuando se empezaron a incluir informes jurídicos en todos los expedientes de licencias que iban a las comisiones de gobierno.
Roca conocía con antelación los asuntos urbanísticos que se iban a tratar en las juntas locales de gobierno, a las que él no asistía. El entonces asesor gilista tenía una «mayor intervención» cuando existía controversia en determinadas licencias, según Escobar.
Frente al argumento de los ediles del GIL sobre falta de información de Escobar hacia ellos la letrada ha sido clara: «Su interés era conocer si el proyecto se adecuaba a la revisión del 98, nunca al Plan del 86». Además, ha añadido, «no prestaban especial atención».
El grado de complicidad entre Escobar y Roca fue tal que las escuchas telefónicas detectaron cómo ambos se recreaban en provocar la imputación del funcionario Jorge González, en base a declaraciones del entonces gerente de urbanismo marbellí: «Eso lo tienes que hacer por mí», le dijo la abogada a su jefe: Ella ya había resultado imputada en sumarios por delitos urbanísticos.
Conviene recordar que gracias al testimonio de González, en el marco del sumario por la construcción del hotel Guadalpín Marbella, el juez Miguel Ángel Torres abrió las diligencias 4796/2005 que dieron lugar a la operación ‘Malaya’.
María José Lobera
Este lunes también ha prestado declaración la que fuera secretaria personal de Juan Antonio Roca, María José Lobera. A preguntas de la defensa del ex asesor marbellí la testigo ha dicho que «la sintonía del señor Roca con la Junta de Andalucía siempre fue buena».
De hecho, se han leído cartas ante el tribunal en las que Roca se dirigía al entonces delegado de Obras Públicas en Málaga, Carlos Morales, como «querido amigo». También otra misiva, dirigida a la ya ex consejera de Obras Públicas Josefina Cruz. En ella se daba cuenta de una querella retirada por Jesús Gil contra ella y el ex consejero Francisco Vallejo.
«Esperamos seamos capaces de entablar una nueva etapa de colaboración». De esta forma se despedía Roca de altos cargos de la Junta mencionados, tras desistir Gil de actuar contra ellos en los tribunales.
La ex secretaria personal también ha corroborado que numerosas y relevantes personas se interesaron por Roca al ingresar en prisión preventiva en abril de 2002, por el caso 'saqueo 1'. Uno de ellos fue el empresario y terrateniente murciano Ricardo Pérez Reales, habitual mecenas del PP de Marbella. «Si hace falta un talón de 100 millones de pesetas lo tengo ya», decía el militante popular para pagar la fianza de Roca, según Lobera. Él fue uno de los aportantes para reunir la cantidad de 450.000 euros que le permitió salir de prisión.
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