"CASO BRUGAL"; UN COLABORADOR DE ORTIZ DECLARA AL JUEZ QUE LOS PLANOS QUE TENÍA EL PROMOTOR ERAN DEL PGOU ANTIGUO

El magistrado interrogará como testigos a cuatro empleados del despacho del hermano de Castedo

S. NAVARRO - Alicante

Javier Llorens, técnico urbanista colaborador del promotor Enrique Ortiz, ha declarado está mañana al juez que los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que tenía en su poder el empresario correspondían al planeamiento vigente, el de 1998, y no el nuevo documento que se comenzó a redactar a partir de 2008. Llorens ha comparecido, en calidad de testigo, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante que instruye la pieza del "caso Brugal" sobre un supuesto amaño del nuevo PGOU en favor de Ortiz.

Las escuchas telefónicas del sumario de Brugal recogen decenas de conversaciones entre el Ortiz y Llorens en las que el primero comenta al segundo que tiene planos del PGOU. Llorens no negó las conversaciones pero mantuvo que se trata del plano del PGOU vigente o de la oficina del catastro virtual. En una de esas escuchas grabadas el 13 de junio de 2008, Ortiz comenta a Llorens: "Javier yo tengo un plano con las zonas protegidas con prioridad del Plan General, porque son esas y no pueden ser otras". Llorens le pregunta si el plan lo tiene en la oficina y Ortiz le responde: "No lo llevo encima".

El juez también ha interrogado como testigo a Luis Perea, empleado de promotor, que igualmente ha admitido que Ortiz tenía en su poder planos, aunque ha precisado que "eran planos superpuestos del catastro virtual".El magistrado ha aplazado para el próximo mes de febrero la declaración de un tercer testigo, Luis Miguel Sivent, también empleado de Ortiz.

A lo largo de febrero el magistrado interrogará en calidad de testigos a cuatro trabajadores del despacho de abogado Salvetti Abogados. Este bufete es propiedad de los abogados José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en esta causa. El fiscal considera que tramitaban alegaciones al PGOU que luego eran estimadas debido a la información privilegiada del documento que poseían. La policía cree que con ello obtuvieron una ganancia de un millón de euros.

elpaís.com