La magistrada da 10 días de plazo a la Junta de Andalucía
* Reclama expedientes tramitados por Hacienda cuando Griñán era consejero
* La juez asegura que hay indicios para asegurar que se aprobaron sin control
* También impone una fianza de 4,6 millones a 16 imputados en los ERE
* Reclama expedientes tramitados por Hacienda cuando Griñán era consejero
* La juez asegura que hay indicios para asegurar que se aprobaron sin control
* También impone una fianza de 4,6 millones a 16 imputados en los ERE
Europa Press | Sevilla
La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la presunta trama de prejubilaciones ilegales en los ERE, ha dado a la Junta de Andalucía un plazo de diez días para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que era consejero el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
En este sentido, conviene recordar que fue la representación procesal del PP quien, por medio de un escrito elevado a la juez el pasado día 17 de noviembre, interesó que se requiriera a la representación de la Administración autonómica para que aportara todos los expedientes "íntegros" tramitados por la Consejería de Economía y Hacienda "para su aprobación por el Consejo de Gobierno", una diligencia de prueba que ha sido admitida "parcialmente" por la magistrada.
En un auto fechado este mismo viernes, la juez Mercedes Alaya pone de manifiesto, en sus razonamientos jurídicos, que "debe partirse de la premisa de que, pese a los informes de la Intervención General y más específicamente tras el informe definitivo de cumplimiento correspondiente a 2003 y el informe adicional que al mismo se acompaña -fechado el 25 de julio de 2005-, se siguió utilizando" por la Consejería de Empleo para la materialización de sus ayudas a terceros "la figura de la transferencia de financiación, realizando mediante las mismas, que específicamente estaban destinadas a financiar gastos corrientes de las empresas públicas, verdaderas subvenciones excepcionales".
A su juicio, todo ello se llevó a cabo "sin la intensidad del control previo al gasto y pago propio de la subvención, ni la verificación de las condiciones y fines para los que se habían concedido estas ayudas, prescindiendo -según tales informes de la Intervención General- de forma absoluta del procedimiento establecido y generando, entre otras consecuencias, la adopción de compromisos de obligaciones por parte de la Junta, superando los límites de los créditos presupuestarios".
Por otro lado, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que impone fianzas a 16 de los imputados en el procedimiento por un importe global de 4.797.561 euros.
En este sentido, conviene recordar que fue la representación procesal del PP quien, por medio de un escrito elevado a la juez el pasado día 17 de noviembre, interesó que se requiriera a la representación de la Administración autonómica para que aportara todos los expedientes "íntegros" tramitados por la Consejería de Economía y Hacienda "para su aprobación por el Consejo de Gobierno", una diligencia de prueba que ha sido admitida "parcialmente" por la magistrada.
En un auto fechado este mismo viernes, la juez Mercedes Alaya pone de manifiesto, en sus razonamientos jurídicos, que "debe partirse de la premisa de que, pese a los informes de la Intervención General y más específicamente tras el informe definitivo de cumplimiento correspondiente a 2003 y el informe adicional que al mismo se acompaña -fechado el 25 de julio de 2005-, se siguió utilizando" por la Consejería de Empleo para la materialización de sus ayudas a terceros "la figura de la transferencia de financiación, realizando mediante las mismas, que específicamente estaban destinadas a financiar gastos corrientes de las empresas públicas, verdaderas subvenciones excepcionales".
A su juicio, todo ello se llevó a cabo "sin la intensidad del control previo al gasto y pago propio de la subvención, ni la verificación de las condiciones y fines para los que se habían concedido estas ayudas, prescindiendo -según tales informes de la Intervención General- de forma absoluta del procedimiento establecido y generando, entre otras consecuencias, la adopción de compromisos de obligaciones por parte de la Junta, superando los límites de los créditos presupuestarios".
Por otro lado, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que impone fianzas a 16 de los imputados en el procedimiento por un importe global de 4.797.561 euros.
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