El magistrado Flors decidirá si lo envía al banquillo por aceptar regalos de Gürtel
El recurso de Camps tenía un carácter "incierto e indefinido", indica la sala
IGNACIO ZAFRA - Valencia
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors, para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps. Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.
La causa supera el punto procesal en que fue archivada hace dos años
La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción: prevaricación, cohecho y delitos electorales. En concreto, el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez; el ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de Economía, Ricardo Costa (imputado también con Camps, Víctor Campos y Rafael Betoret por los trajes); el exdirector de Canal 9 y exresponsable del área de Comunicación de Presidencia de la Generalitat, Pedro García; el vicesecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y diputado David Serra; la tesorera regional del partido y diputada, Yolanda García, y la administradora del PPCV, Cristina Ibáñez. Casi todos ellos repiten en las listas de la formación a las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar del caso de los trajes tendrá lugar antes de los comicios. Flors dispondrá de tres días a partir de esa audiencia para decidir si sienta a los cuatro acusados en el banquillo.
En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado la marcha del procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.
La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, consideró que no se dirigían "a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añadió la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".
La sala, compuesta por la presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, y por los magistrados José Ceres y Juan Montero, también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y conforme a lo indicado no cabe considerarlo un criterio personal del Instructor sino que es el criterio legalmente establecido".
El paso dado ayer por el Tribunal Superior de Justicia supone que la causa de los trajes ha superado la barrera de la última apelación en la que fue archivado hace ahora dos años. En aquella ocasión, la Sala Civil y Penal, presidida por Juan Luís de la Rúa, a quien Camps consideraba más que un amigo, sobreseyó el caso con una interpretación jurídica que vaciaba de contenido el delito de cohecho impropio. En mayo de 2010, el Tribunal Supremo corrigió con dureza aquel archivo y ordenó la reapertura del caso, que ha avanzado desde entonces condicionado por el siempre ceremonioso ritmo judicial, la existencia de otra instrucción paralela en Madrid, y los continuos recursos que las defensas han presentado a las decisiones del juez.
Los pasos que ha dado Flors desde que empezó la instrucción hace más de dos años parecen apuntar a que se inclinará por enviar a Camps a juicio.
El presidente valenciano siempre ha negado haber recibido regalos de la trama. Las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, obtenidas a través de registros, grabación de las comunicaciones de los miembros de la red corrupta y declaraciones de los empleados de los dos establecimientos que suministraban las prendas de vestir, señalan, en cambio, lo contrario.
La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que Camps recibió al menos 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros entre los años 2005 y 2008. Y ha solicitado por ello que sea condenado a una multa de 41.250, al tiempo que recordaba que con el Código Penal actual ese delito se castiga con penas de prisión e inhabilitación.
El presidente ha afirmado también que la única relación que ha tenido con El Bigotes era profesional y se derivaba de su condición de organizador de actos del PP. Las conversaciones intervenidas a la trama indican, sin embargo, que el grado de familiaridad entre ambos era alto.
En una de las cintas, grabada el 24 de diciembre de 2008, se oye a Camps decirle a Álvaro Pérez: "Feliz Navidad, amiguito del alma"; "[tenía que haberte llamado] sobre todo para decirte que te quiero un huevo". Pocos días después El Bigotes vuelve a hablar con el presidente y su esposa, Isabel Bas. Y esta se queja de que el regalo que le ha enviado resulta excesivo: "Con el mío te has pasado 20 pueblos".
La causa supera el punto procesal en que fue archivada hace dos años
La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción: prevaricación, cohecho y delitos electorales. En concreto, el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez; el ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de Economía, Ricardo Costa (imputado también con Camps, Víctor Campos y Rafael Betoret por los trajes); el exdirector de Canal 9 y exresponsable del área de Comunicación de Presidencia de la Generalitat, Pedro García; el vicesecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y diputado David Serra; la tesorera regional del partido y diputada, Yolanda García, y la administradora del PPCV, Cristina Ibáñez. Casi todos ellos repiten en las listas de la formación a las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar del caso de los trajes tendrá lugar antes de los comicios. Flors dispondrá de tres días a partir de esa audiencia para decidir si sienta a los cuatro acusados en el banquillo.
En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado la marcha del procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.
La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, consideró que no se dirigían "a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añadió la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".
La sala, compuesta por la presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, y por los magistrados José Ceres y Juan Montero, también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y conforme a lo indicado no cabe considerarlo un criterio personal del Instructor sino que es el criterio legalmente establecido".
El paso dado ayer por el Tribunal Superior de Justicia supone que la causa de los trajes ha superado la barrera de la última apelación en la que fue archivado hace ahora dos años. En aquella ocasión, la Sala Civil y Penal, presidida por Juan Luís de la Rúa, a quien Camps consideraba más que un amigo, sobreseyó el caso con una interpretación jurídica que vaciaba de contenido el delito de cohecho impropio. En mayo de 2010, el Tribunal Supremo corrigió con dureza aquel archivo y ordenó la reapertura del caso, que ha avanzado desde entonces condicionado por el siempre ceremonioso ritmo judicial, la existencia de otra instrucción paralela en Madrid, y los continuos recursos que las defensas han presentado a las decisiones del juez.
Los pasos que ha dado Flors desde que empezó la instrucción hace más de dos años parecen apuntar a que se inclinará por enviar a Camps a juicio.
El presidente valenciano siempre ha negado haber recibido regalos de la trama. Las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, obtenidas a través de registros, grabación de las comunicaciones de los miembros de la red corrupta y declaraciones de los empleados de los dos establecimientos que suministraban las prendas de vestir, señalan, en cambio, lo contrario.
La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que Camps recibió al menos 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros entre los años 2005 y 2008. Y ha solicitado por ello que sea condenado a una multa de 41.250, al tiempo que recordaba que con el Código Penal actual ese delito se castiga con penas de prisión e inhabilitación.
El presidente ha afirmado también que la única relación que ha tenido con El Bigotes era profesional y se derivaba de su condición de organizador de actos del PP. Las conversaciones intervenidas a la trama indican, sin embargo, que el grado de familiaridad entre ambos era alto.
En una de las cintas, grabada el 24 de diciembre de 2008, se oye a Camps decirle a Álvaro Pérez: "Feliz Navidad, amiguito del alma"; "[tenía que haberte llamado] sobre todo para decirte que te quiero un huevo". Pocos días después El Bigotes vuelve a hablar con el presidente y su esposa, Isabel Bas. Y esta se queja de que el regalo que le ha enviado resulta excesivo: "Con el mío te has pasado 20 pueblos".
elpaís.com
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