CORRUPCIÓN | Confirmación de la Audiencia
Europa Press | Palma
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado mediante un auto que ocho imputados podrán ser juzgados, junto al ex jefe de Urbanismo del Consistorio y ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, en el marco de la pieza 9 del caso Andratx, después de que los encausados recurriesen este trámite ante esta instancia judicial, que ha desestimado así la petición de archivo solicitado por cada uno de ellos.
El tribunal ha rechazado de este modo los recursos de apelación interpuestos por las defensas de estos inculpados, que de acuerdo a las investigaciones participaron junto a Massot -que no había recurrido-, en la emisión de informes favorables y la concesión de una licencia, todo ello de forma presuntamente irregular, para la construcción de una vivienda en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) a pesar de que en el terreno, de 7.103 metros cuadrados, no se podía edificar.
La resolución de la Audiencia avala de este modo el auto dictado por el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción de esta pieza y decretaba su pase a procedimiento abreviado para que las acusaciones pudieran presentar sus escritos. De hecho, la acusación particular, ejercida por la abogada Isabel Fluxà, ya se ha pronunciado y sus peticiones más elevadas de cárcel (seis años) las dirige contra Massot, defendido por Fernando Mateas, y la administrativa Ángela Hernández, asistida por Alberto García, a raíz del grado de implicación que tuvieron en los hechos.
La acusación, en nombre del Ayuntamiento, postula que tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, los acusados María Jesús González, su marido Emilio Martínez y su hijo Pedro Martínez comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia y sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien escribió de su puño y letra la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos".
"Lo redacta ella misma por órdenes del señor Massot", prosigue la acusación particular al incidir en el papel que jugó la inculpada en los hechos, calificando incluso de "estrecha" e "indudable" la relación de amistad que le unía a Massot.
El escrito señala que la concesión de la licencia fue respaldada por el también inculpado Luis Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Gabriel Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho". Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el juez de instrucción que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto recurrido. En cualquier caso, la licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005.
Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y por los que, además de la petición de seis años de prisión para Massot y Hernández, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda.
El tribunal ha rechazado de este modo los recursos de apelación interpuestos por las defensas de estos inculpados, que de acuerdo a las investigaciones participaron junto a Massot -que no había recurrido-, en la emisión de informes favorables y la concesión de una licencia, todo ello de forma presuntamente irregular, para la construcción de una vivienda en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) a pesar de que en el terreno, de 7.103 metros cuadrados, no se podía edificar.
La resolución de la Audiencia avala de este modo el auto dictado por el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción de esta pieza y decretaba su pase a procedimiento abreviado para que las acusaciones pudieran presentar sus escritos. De hecho, la acusación particular, ejercida por la abogada Isabel Fluxà, ya se ha pronunciado y sus peticiones más elevadas de cárcel (seis años) las dirige contra Massot, defendido por Fernando Mateas, y la administrativa Ángela Hernández, asistida por Alberto García, a raíz del grado de implicación que tuvieron en los hechos.
La acusación, en nombre del Ayuntamiento, postula que tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, los acusados María Jesús González, su marido Emilio Martínez y su hijo Pedro Martínez comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia y sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien escribió de su puño y letra la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos".
"Lo redacta ella misma por órdenes del señor Massot", prosigue la acusación particular al incidir en el papel que jugó la inculpada en los hechos, calificando incluso de "estrecha" e "indudable" la relación de amistad que le unía a Massot.
El escrito señala que la concesión de la licencia fue respaldada por el también inculpado Luis Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Gabriel Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho". Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el juez de instrucción que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto recurrido. En cualquier caso, la licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005.
Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y por los que, además de la petición de seis años de prisión para Massot y Hernández, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda.
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