miércoles, 23 de febrero de 2011

"CASO PALMA ARENA"; MATAS PIDE EL ARCHIVO DE LA CAUSA ANTE LA "INEXISTENCIA DE INDICIOS INCRIMINATORIOS"

De la pieza sobre Calatrava

Europa Press | Palma

El ex presidente del Govern Jaume Matas ha remitido un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, en el que le pide el sobreseimiento libre y el archivo de la pieza sobre la adjudicación del Palacio de la Ópera de Palma al arquitecto Santiago Calatrava ante la "inexistencia de indicios incriminatorios, tras la fructífera y cuidada instrucción llevada a cabo por el juez".

Así, en el escrito enviado por el abogado de Matas, Rafael Perera, se subraya que en esta pieza separada del caso Palma Arena "no se objetivan indicios racionales de ninguno de los delitos" de los que se le acusa y que, concretamente, son malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración, en base a los cuales el fiscal y la letrada de la Comunidad Autónoma tienen solicitada la medida cautelar de una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros.

En el citado escrito, remitido un día después de que Matas compareciera de manera voluntaria ante el juez Castro, se rechaza la idea de la Fiscalía y de la acusación particular, que sostienen que el proyecto de Calatrava tenía la "única y exclusiva finalidad de favorecer los intereses propios de Matas, como candidato a la Presidencia del Govern y los del partido al que representa, a modo de golpe de efecto durante la campaña".

Así, Matas remarca que, "desde luego, este procedimiento nada tiene que ver de montaje", al tiempo que subraya que en el "hipotético" caso en el que se hubieran producido irregularidades en el expediente de contratación del Palacio de la Ópera, éstas "a parte de ser completamente ajenas" a él tendrían un carácter "puramente administrativo y serían sólo contemplables en el ámbito de otra jurisdicción, distinta a la Penal".

Por tanto, el ex presidente del Ejecutivo balear manifiesta que es a los electores a quien corresponde "censurar las decisiones políticas adoptadas por los gobernantes si las consideraran desacertadas, y en modo alguno, a la Justicia Penal".

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