Uno de los imputados ha señalado a Miquel Oliver, expresidente de la Xarxa de Televisions, como la persona que ordenó excluir al Consell de los recibos de una subvención
EFE. PALMA Tres imputados en el 'caso Maquillaje' relacionados con la Xarxa de Televisions, que recibió una subvención de 280.000 euros del Consell supuestamente irregular, han confirmado hoy al juez que se cambiaron facturas para excluir de ellas el nombre de la institución insular.
Miquel Ramon, de Ramon Vídeo; Bartolomé Pons, de la asociación Pou de Judí, y Gabriel Pujol, de Onavisió, han comparecido hoy ante el juez de instrucción 2 de Palma, Ignacio Lope Sola, que investiga el presunto desvío de fondos y financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) mediante subvenciones del Consell en el pasado mandato, cuando estaba presidido por el partido nacionalista.
Entre otras cosas, el juez indaga una subvención de 280.000 euros que dio el Consell en la legislatura a la Xarxa (una asociación de televisiones y productoras locales) para la investigación, catalogación y digitalización de los materiales audiovisuales de interés que facilitaran a la Televisió de Mallorca.
Esta cantidad, concedida a propuesta de la ex presidenta del Consell Maria Antònia Munar (UM) -en libertad bajo fianza por este caso-, se repartió a partes iguales entre las televisiones locales y productoras, 20.000 euros a cada una, pero, según declaró en su momento la directora general de la Radiotelevisión de Mallorca, la catalogación no existe.
Los tres imputados que han declarado hoy han indicado al juez que no sabían que el dinero que se les pagó por sus archivos de vídeo provenían de una subvención, aunque sí han reconocido que se les dijo que tenían que cambiar las facturas por este dinero para excluir de ellas al Consell.
Según Pujol, fue Miquel Oliver, expresidente de la Xarxa de Televisions y exadministrador de la productora Video U, quien le dijo que tenía que cambiar la factura para que no figurara el Consell.
La productora de Oliver, en libertad bajo fianza por este caso, obtuvo contratos millonarios del Consell durante la legislatura pasada, entre ellos el de la puesta en marcha de la Televisió de Mallorca. Las acusaciones sospechan que esta empresa era en realidad propiedad de la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar.
Todos han reconocido que no entregaron al Consell las imágenes, sino que las guardan en sus respectivos archivos ya que nadie se las ha reclamado.
Después de las declaraciones de hoy, otras tres personas relacionadas con la Xarxa están citadas como imputadas por el juez Lope Sola el 4 de marzo.
Miquel Ramon, de Ramon Vídeo; Bartolomé Pons, de la asociación Pou de Judí, y Gabriel Pujol, de Onavisió, han comparecido hoy ante el juez de instrucción 2 de Palma, Ignacio Lope Sola, que investiga el presunto desvío de fondos y financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) mediante subvenciones del Consell en el pasado mandato, cuando estaba presidido por el partido nacionalista.
Entre otras cosas, el juez indaga una subvención de 280.000 euros que dio el Consell en la legislatura a la Xarxa (una asociación de televisiones y productoras locales) para la investigación, catalogación y digitalización de los materiales audiovisuales de interés que facilitaran a la Televisió de Mallorca.
Esta cantidad, concedida a propuesta de la ex presidenta del Consell Maria Antònia Munar (UM) -en libertad bajo fianza por este caso-, se repartió a partes iguales entre las televisiones locales y productoras, 20.000 euros a cada una, pero, según declaró en su momento la directora general de la Radiotelevisión de Mallorca, la catalogación no existe.
Los tres imputados que han declarado hoy han indicado al juez que no sabían que el dinero que se les pagó por sus archivos de vídeo provenían de una subvención, aunque sí han reconocido que se les dijo que tenían que cambiar las facturas por este dinero para excluir de ellas al Consell.
Según Pujol, fue Miquel Oliver, expresidente de la Xarxa de Televisions y exadministrador de la productora Video U, quien le dijo que tenía que cambiar la factura para que no figurara el Consell.
La productora de Oliver, en libertad bajo fianza por este caso, obtuvo contratos millonarios del Consell durante la legislatura pasada, entre ellos el de la puesta en marcha de la Televisió de Mallorca. Las acusaciones sospechan que esta empresa era en realidad propiedad de la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar.
Todos han reconocido que no entregaron al Consell las imágenes, sino que las guardan en sus respectivos archivos ya que nadie se las ha reclamado.
Después de las declaraciones de hoy, otras tres personas relacionadas con la Xarxa están citadas como imputadas por el juez Lope Sola el 4 de marzo.
diariodemallorca.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario