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| Blanco y Conde-Pumpido, en una imagen de 2009. | Foto: Diego Sinova |
* Esa circunstancia no impide que la Fiscalía aprecie indicios de criminalidad
* El ministro es investigado por un posible delito de tráfico de influencias
* El ministro es investigado por un posible delito de tráfico de influencias
María Peral | Efe | Madrid
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido acaba de firmar un decreto por el que anuncia que no intenvendrá en ninguno de los trámites, dictámines o traslados que pueda hacerle el Tribunal Supremo en relación con la implicación del ministro de Fomento, José Blanco, en la 'operación Campeón'.
Conde-Pumpido admite ser amigo personal de Blanco, por lo que considera que incurre en una de las causas de abstención previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, en concreto, en la de mantener amistad con una de las partes implicadas.
Conde-Pumpido cita expresamente en el decreto el artículo 219 de la LOPJ, que contempla como motivo de abstención del fiscal y, en su caso, de recusación la "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes".
Igualmente, se remite al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regula la abstención de los miembros de la carrera cuando les afecten las causas previstas, y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que prevé su sustitución por orden de categoría y antigüedad.
Conde-Pumpido admite ser amigo personal de Blanco, por lo que considera que incurre en una de las causas de abstención previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, en concreto, en la de mantener amistad con una de las partes implicadas.
Conde-Pumpido cita expresamente en el decreto el artículo 219 de la LOPJ, que contempla como motivo de abstención del fiscal y, en su caso, de recusación la "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes".
Igualmente, se remite al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regula la abstención de los miembros de la carrera cuando les afecten las causas previstas, y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que prevé su sustitución por orden de categoría y antigüedad.
Delito de tráfico de influencias
Esa circunstancia de amistad no ha impedido que la Fiscalía aprecie indicios de criminalidad contra Blanco por la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, al mediar en la agilización de una licencia de construcción de una nave para su amigo el empresario José Antonio Orozco, según publicaba EL MUNDO el lunes.
A partir de ahora las actuaciones de la Fiscalía en este caso estarán dirigidas por el número dos de la carrera, el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan José Martín-Casallo.
La juez de Lugo Estela San José remitió el pasado día 3 al Supremo una exposición razonada al apreciar indicios de delito en la actuación de Blanco, al que el principal imputado en esta causa, el empresario Jorge Dorribo, acusó de cobrar comisiones ilegales.
La Sala de Admisión de Causas Especiales del TS, encargada de los casos que afectan a aforados, será la que decida qué hacer con la documentación remitida por el juzgado de Lugo, bien devolverla a la juez Estela San José para que prosiga con la investigación o pedir informe a la Fiscalía por si considera que existen indicios de delito para actuar contra el ministro.
Comisiones irregulares
En el marco de la 'operación Campeón', Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel, prestó declaración en agosto y acusó al ministro de Fomento de haber percibido comisiones irregulares, según la información publicada por EL MUNDO, que asegura que la juez ha apreciado indicios de los delitos de cohecho y tráfico de influencias en la actuación de Blanco.
Según esas informaciones, Dorribo pagó 200.000 euros al primo de Blanco como condición para poder pedir algunos favores al ministro, con el que se entrevistó en una gasolinera de Lugo.
El empresario lucense había sido enviado a prisión el pasado mayo por su implicación en una supuesta trama para obtener subvenciones de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad provisional el 8 de agosto tras prestar declaración ante la juez.
EL MUNDO informó de conversaciones telefónicas y mensajes de texto interceptados a Blanco que revelarían la intervención del ministro en la concesión de una licencia para que el empresario José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, construyera una nave en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat.
Fiscales aplauden la decisión
La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han visto con buenos ojos la decisión de Pumpido. El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Jiménez Villarejo, ha recordado que la legislación española establece como causa de abstención la "amistad o enemistad manifiesta" con cualquiera de las partes de un procedimiento.
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