* El fiscal le acusa de aprobar 3 millones empresas afines con facturas falsas
E. Cplom | M.J García | Palma
No remite el aluvión de acusaciones por presunta corrupción política contra los antiguos dirigentes de Unió Mallorquina. Ahora la Fiscalía Anticorrupción suma una nueva batería de cargos contra el ex conseller de Turismo Francesc Buils en el marco del llamado caso Ibatur, donde se indaga una presunta malversación desde el Instituto Balear del Turismo durante la pasada legislatura, mientras estuvo bajo el control de UM.
En esta ocasión, el fiscal que se ocupa de investigar este organismo público, Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la imputación de Buils por malversación, prevaricación y falsedad documental por haber firmado un convenio encaminado, sobre el papel, a promover el turismo náutico «sostenible» en las Islas. Un proyecto por el que Turismo se comprometió en 2008 a pagar hasta 2011 la friolera de 850.000 euros anuales a un Consorcio que, según las pesquisas de la Fiscalía, iba a canalizar luego el dinero en favor de un grupo de empresas vinculadas directamente al gerente de ese propio consorcio público y jefe de los servicios jurídicos de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, organizadas en torno a una asociación llamada Bitácora que administraba su pareja sentimental. Así como en favor de una de las principales empresas contratistas de UM y vinculada a Buils, la sociedad de informática Minser SL, cuyos responsables han sido también imputados.
Todo ello, denuncia la Fiscalía, mediante el uso de facturas fechadas antes de la propia firma del convenio. De ahí la acusación de falsedad documental. Aquel convenio fue paralizado tras el cambio de gobierno, lo que provocó que la asociación investigada incluso llegase a recurrir y exigir que le pagasen todo el dinero.
En esta ocasión, el fiscal que se ocupa de investigar este organismo público, Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la imputación de Buils por malversación, prevaricación y falsedad documental por haber firmado un convenio encaminado, sobre el papel, a promover el turismo náutico «sostenible» en las Islas. Un proyecto por el que Turismo se comprometió en 2008 a pagar hasta 2011 la friolera de 850.000 euros anuales a un Consorcio que, según las pesquisas de la Fiscalía, iba a canalizar luego el dinero en favor de un grupo de empresas vinculadas directamente al gerente de ese propio consorcio público y jefe de los servicios jurídicos de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, organizadas en torno a una asociación llamada Bitácora que administraba su pareja sentimental. Así como en favor de una de las principales empresas contratistas de UM y vinculada a Buils, la sociedad de informática Minser SL, cuyos responsables han sido también imputados.
Todo ello, denuncia la Fiscalía, mediante el uso de facturas fechadas antes de la propia firma del convenio. De ahí la acusación de falsedad documental. Aquel convenio fue paralizado tras el cambio de gobierno, lo que provocó que la asociación investigada incluso llegase a recurrir y exigir que le pagasen todo el dinero.
elmundo.es
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