El Superior ve indicios de cohecho y tráfico de influencias en Escribano - El industrial fue detenido por la policía en las últimas horas
JOSÉ PRECEDO / LORENA BUSTABAD - Santiago / Ferrol
El empresario eumés Fermín Duarte, detenido por la policía en las últimas horas dentro de la Operación Arena, vio el cielo abierto cuando la fiscalía de medio ambiente archivó de mala gana una denuncia de la Asociación Gallega de Áridos (AGA) contra su firma Manmer, S L, por vender residuos no reciclados y potencialmente peligrosos a empresas constructoras. Pese a que el fiscal no vio indicios de relevancia penal, desaconsejó el uso de esos materiales con restos de alquitrán y betunes importados de Holanda, y exigió análisis cada vez que fuera utilizado, una instrucción que el empresario decidió ignorar. Pronto volvió a comercializarlos como zahorra, lo que motivó una segunda denuncia por utilizar materiales contaminantes de AGA, que aglutina a empresas de la competencia de Manmer, y arrancó la Operación Arena que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ferrol con la intervención del teléfono móvil de Fermín Duarte.
Según la policía, el diputado puso el coche a nombre de una tía y lo vendió
Decenas de conversaciones grabadas al empresario pusieron a la Brigada de Delitos Económicos de la policía sobre la pista del diputado autonómico del PP Javier Escribano, quien ayer presentó su dimisión. Según los informes policiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Escribano se comprometió a mediar ante administraciones del PP -la Consellería de Medio Ambiente se había negado a autorizar la venta de esos residuos- para que adjudicatarias de obra pública le comprasen la mercancía a Manmer. A cambio, y según se deduce de los pinchazos telefónicos, Duarte regaló un Porsche a Escribano quien, casi sin darle uso, decidió venderlo en Internet. Esos y otros muchos indicios que figuran en el sumario, cuyo secreto se levantó el pasado jueves, llevaron al juzgado ferrolano a trasladar parte del caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que abrió una causa separada y vio pruebas suficientes para imputar a Escribano los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El prolijo informe de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que figura en el sumario que instruye el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia detalla cómo, en una conversación telefónica de hace unos meses, el empresario Fermín Duarte cuenta a una familiar directa que ha tenido que regalar uno de sus tres coches a un diputado del PP para que le ayude en sus negocios. En esa charla a través de su móvil, Duarte dice a su interlocutora: "He regalado uno de los tres coches, el Porsche, a un político del PP. No te enteras de nada, así es como se hacen las cosas y yo si fuera él [por Escribano] haría lo mismo". La policía cuenta con decenas de grabaciones y, en varias de ellas, el empresario y el diputado pactan distintas cantidades de dinero, comisiones ilegales, que Escribano iba a percibir a medida que sus contactos empezasen a dar frutos.
La investigación policial corroboró que, en efecto, el regalo del Porsche no solo se produjo, sino que Escribano decidió ponerlo a nombre de una tía suya, de más de 60 años, para no levantar sospechas si el Parlamento gallego, como era previsible desde que sucedió en el Congreso de los Diputados, decidía hacer públicos los bienes de los diputados. En el sumario consta que a las pocas semanas de recibir el deportivo, Escribano, siguiendo el consejo de sus allegados, decidió deshacerse de él y venderlo en Internet.
Esas y otras pruebas de las supuestas comisiones ilegales (en otras hablan de cantidades de dinero concretas) son las que llevaron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a pedir el pasado jueves al Parlamento que ratificase la condición de diputado y por tanto de aforado de Javier Escribano. Esa comunicación desató todas las alarmas en el Partido Popular y motivó la renuncia de Escribano, que lleva fecha de ese día, en que se levantó el secreto de sumario, aunque no fue tramitada hasta ayer en el Parlamento. Es la segunda dimisión que se produce en el grupo parlamentario del PP en el último mes por casos relacionados con la corrupción (la anterior fue la de Pablo Cobián, inmerso en la Operación Campeón, por la que dimitió la cúpula del Igape y que también se llevó por delante al parlamentario nacionalista, Fernando Blanco).
El gerente de la firma que dio origen a este caso, Fermín Duarte Rodríguez, se quejó amargamente por la alarma social que generó la primera investigación a su empresa archivada por la fiscalía y arremetió contra la campaña de "acoso y derribo" orquestada a su entender por AGA para "satanizar" un material "con todas las verificaciones". Aseguró entonces que varias empresas y Administraciones, entre ellas la Consellería de Medio Ambiente, habían cancelado sus pedidos ocasionándole unas pérdidas de unos cuatro millones de euros. Para resarcirse, Duarte empezó entonces a tocar a sus contactos políticos.
Nadie del PP quiso hablar sobre la dimisión de su diputado, a pesar de que la cúpula nacional y gallega del partido, con Rajoy y Feijóo a la cabeza, se citaron ayer en un mitin en A Coruña, al que ya no acudió Escribano. El BNG pidió a Feijóo que ofrezca una explicación sobre este escándalo y lamentó el escaso tratamiento de la noticia en la televisión autonómica.
Una denuncia de empresas de áridos desató el caso
El caso de corrupción que investigan el Tribunal Superior de Xustiza y un juzgado de Ferrol parte de la denuncia presentada por la Asociación Gallega de Áridos (AGA) contra la constructora eumesa Manmer, S L. Esta sociedad de Pontedeume importa residuos asfálticos desde Holanda a través del puerto exterior de Ferrol y los vende como zahorra (áridos no triturados). Sirven como base granular para asfaltar carreteras y obras civiles a precios bajos. El material de Manmer se comercializa como producto reciclado de la firma holandesa Bentum Recycling Centrale, pero según la fiscalía no lo es. Contiene restos de betún, alquitrán y trozos de asfalto de viejas carreteras del norte de Europa con sustancias prohibidas desde los noventa por tóxicas.
La primera denuncia contra Manmer la interpuso AGA (que agrupa a 56 empresas) el 22 de diciembre de 2009. La acompañaron dos analíticas y un informe de la Universidade de Santiago que alertaba de la alta toxicidad del material. Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente tomaron muestras en la empresa en Vilar do Colo (Fene) y en el puerto exterior y las remitieron al Instituto Nacional de Toxicología. Cuatro meses después, la fiscalía de delitos contra el medio ambiente archivaba el caso al no hallar indicios "suficientes". El fiscal advertía, sin embargo, que el aglomerado asfáltico de Manmer contaminaba (dentro de los límites), era nocivo para la salud y desaconsejaba su uso. "Contiene sustancias que pueden ser peligrosas para el medio ambiente y pueden llegar al hombre a través de la cadena alimentaria ya que se acumula en los aceites", alertaba en su informe.
Precios bajos
El material se siguió comercializando y una segunda denuncia contra Manmer llegó al juzgado ferrolano, que abrió nuevas diligencias para determinar si Manmer incurría en delito ambiental. Durante la investigación policial apareció el nombre del desde ayer exdiputado popular Javier Escribano y parte de la causa se elevó al Tribunal Superior por su condición de aforado.
La zahorra de Manmer continuó su trasiego desde el puerto de Rotterdam hasta la dársena de Caneliñas y se apila en grandes montañas en los terrenos de la consignataria COP Galicia. Entre junio y diciembre del 2009, según datos de AGA, Manmer había importado 400.000 tolenadas de este material nocivo de residuos de hidrocarburos. Con la misma progresión, en los últimos dos años ya habría descargado en la rada ferrolana dos millones de toneladas de aglomerado asfáltico a precios muy competitivos, unos 2,6 euros la tonelada, la mitad que la competencia.
Según la policía, el diputado puso el coche a nombre de una tía y lo vendió
Decenas de conversaciones grabadas al empresario pusieron a la Brigada de Delitos Económicos de la policía sobre la pista del diputado autonómico del PP Javier Escribano, quien ayer presentó su dimisión. Según los informes policiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Escribano se comprometió a mediar ante administraciones del PP -la Consellería de Medio Ambiente se había negado a autorizar la venta de esos residuos- para que adjudicatarias de obra pública le comprasen la mercancía a Manmer. A cambio, y según se deduce de los pinchazos telefónicos, Duarte regaló un Porsche a Escribano quien, casi sin darle uso, decidió venderlo en Internet. Esos y otros muchos indicios que figuran en el sumario, cuyo secreto se levantó el pasado jueves, llevaron al juzgado ferrolano a trasladar parte del caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que abrió una causa separada y vio pruebas suficientes para imputar a Escribano los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El prolijo informe de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que figura en el sumario que instruye el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia detalla cómo, en una conversación telefónica de hace unos meses, el empresario Fermín Duarte cuenta a una familiar directa que ha tenido que regalar uno de sus tres coches a un diputado del PP para que le ayude en sus negocios. En esa charla a través de su móvil, Duarte dice a su interlocutora: "He regalado uno de los tres coches, el Porsche, a un político del PP. No te enteras de nada, así es como se hacen las cosas y yo si fuera él [por Escribano] haría lo mismo". La policía cuenta con decenas de grabaciones y, en varias de ellas, el empresario y el diputado pactan distintas cantidades de dinero, comisiones ilegales, que Escribano iba a percibir a medida que sus contactos empezasen a dar frutos.
La investigación policial corroboró que, en efecto, el regalo del Porsche no solo se produjo, sino que Escribano decidió ponerlo a nombre de una tía suya, de más de 60 años, para no levantar sospechas si el Parlamento gallego, como era previsible desde que sucedió en el Congreso de los Diputados, decidía hacer públicos los bienes de los diputados. En el sumario consta que a las pocas semanas de recibir el deportivo, Escribano, siguiendo el consejo de sus allegados, decidió deshacerse de él y venderlo en Internet.
Esas y otras pruebas de las supuestas comisiones ilegales (en otras hablan de cantidades de dinero concretas) son las que llevaron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a pedir el pasado jueves al Parlamento que ratificase la condición de diputado y por tanto de aforado de Javier Escribano. Esa comunicación desató todas las alarmas en el Partido Popular y motivó la renuncia de Escribano, que lleva fecha de ese día, en que se levantó el secreto de sumario, aunque no fue tramitada hasta ayer en el Parlamento. Es la segunda dimisión que se produce en el grupo parlamentario del PP en el último mes por casos relacionados con la corrupción (la anterior fue la de Pablo Cobián, inmerso en la Operación Campeón, por la que dimitió la cúpula del Igape y que también se llevó por delante al parlamentario nacionalista, Fernando Blanco).
El gerente de la firma que dio origen a este caso, Fermín Duarte Rodríguez, se quejó amargamente por la alarma social que generó la primera investigación a su empresa archivada por la fiscalía y arremetió contra la campaña de "acoso y derribo" orquestada a su entender por AGA para "satanizar" un material "con todas las verificaciones". Aseguró entonces que varias empresas y Administraciones, entre ellas la Consellería de Medio Ambiente, habían cancelado sus pedidos ocasionándole unas pérdidas de unos cuatro millones de euros. Para resarcirse, Duarte empezó entonces a tocar a sus contactos políticos.
Nadie del PP quiso hablar sobre la dimisión de su diputado, a pesar de que la cúpula nacional y gallega del partido, con Rajoy y Feijóo a la cabeza, se citaron ayer en un mitin en A Coruña, al que ya no acudió Escribano. El BNG pidió a Feijóo que ofrezca una explicación sobre este escándalo y lamentó el escaso tratamiento de la noticia en la televisión autonómica.
Una denuncia de empresas de áridos desató el caso
El caso de corrupción que investigan el Tribunal Superior de Xustiza y un juzgado de Ferrol parte de la denuncia presentada por la Asociación Gallega de Áridos (AGA) contra la constructora eumesa Manmer, S L. Esta sociedad de Pontedeume importa residuos asfálticos desde Holanda a través del puerto exterior de Ferrol y los vende como zahorra (áridos no triturados). Sirven como base granular para asfaltar carreteras y obras civiles a precios bajos. El material de Manmer se comercializa como producto reciclado de la firma holandesa Bentum Recycling Centrale, pero según la fiscalía no lo es. Contiene restos de betún, alquitrán y trozos de asfalto de viejas carreteras del norte de Europa con sustancias prohibidas desde los noventa por tóxicas.
La primera denuncia contra Manmer la interpuso AGA (que agrupa a 56 empresas) el 22 de diciembre de 2009. La acompañaron dos analíticas y un informe de la Universidade de Santiago que alertaba de la alta toxicidad del material. Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente tomaron muestras en la empresa en Vilar do Colo (Fene) y en el puerto exterior y las remitieron al Instituto Nacional de Toxicología. Cuatro meses después, la fiscalía de delitos contra el medio ambiente archivaba el caso al no hallar indicios "suficientes". El fiscal advertía, sin embargo, que el aglomerado asfáltico de Manmer contaminaba (dentro de los límites), era nocivo para la salud y desaconsejaba su uso. "Contiene sustancias que pueden ser peligrosas para el medio ambiente y pueden llegar al hombre a través de la cadena alimentaria ya que se acumula en los aceites", alertaba en su informe.
Precios bajos
El material se siguió comercializando y una segunda denuncia contra Manmer llegó al juzgado ferrolano, que abrió nuevas diligencias para determinar si Manmer incurría en delito ambiental. Durante la investigación policial apareció el nombre del desde ayer exdiputado popular Javier Escribano y parte de la causa se elevó al Tribunal Superior por su condición de aforado.
La zahorra de Manmer continuó su trasiego desde el puerto de Rotterdam hasta la dársena de Caneliñas y se apila en grandes montañas en los terrenos de la consignataria COP Galicia. Entre junio y diciembre del 2009, según datos de AGA, Manmer había importado 400.000 tolenadas de este material nocivo de residuos de hidrocarburos. Con la misma progresión, en los últimos dos años ya habría descargado en la rada ferrolana dos millones de toneladas de aglomerado asfáltico a precios muy competitivos, unos 2,6 euros la tonelada, la mitad que la competencia.
"Para defenderse como cualquiera"
El Parlamento tuvo notificación de la renuncia de Escribano el jueves, cuando el Tribunal Superior se dirigió a la Cámara para solicitar que acreditase su condición de diputado, paso previo para abrir diligencias a un aforado. La carta de renuncia lleva fecha de ese mismo día, pero no fue presentada hasta primera hora de la mañana de ayer en el registro oficial de la Cámara. En el documento, firmado por Escribano, consta su envío desde un fax particular a las 9.01 horas. Era día inhábil en O Hórreo y es preceptivo que la Mesa se reúna para dar por efectiva la dimisión. A toda prisa se convocó a sus cinco miembros, aunque los dos de la oposición, el socialista Ricardo Varela y la nacionalista Carme Adán, estaban lejos de Santiago y se limitaron a dar su aquiescencia por teléfono.
El PP hizo pública la renuncia de Escribano en un comunicado a la una y media de la tarde, cuando los dirigentes del partido acompañaban a Mariano Rajoy en una comida en A Coruña. Informaba de que el ya exdiputado está sometido a un "procedimiento judicial" y justificaba su abandono por el deseo de "defenderse como cualquier gallego". El sustituto del dimisionario será Manuel Martínez Cereijo, un cirujano de Santiago.
El Parlamento tuvo notificación de la renuncia de Escribano el jueves, cuando el Tribunal Superior se dirigió a la Cámara para solicitar que acreditase su condición de diputado, paso previo para abrir diligencias a un aforado. La carta de renuncia lleva fecha de ese mismo día, pero no fue presentada hasta primera hora de la mañana de ayer en el registro oficial de la Cámara. En el documento, firmado por Escribano, consta su envío desde un fax particular a las 9.01 horas. Era día inhábil en O Hórreo y es preceptivo que la Mesa se reúna para dar por efectiva la dimisión. A toda prisa se convocó a sus cinco miembros, aunque los dos de la oposición, el socialista Ricardo Varela y la nacionalista Carme Adán, estaban lejos de Santiago y se limitaron a dar su aquiescencia por teléfono.
El PP hizo pública la renuncia de Escribano en un comunicado a la una y media de la tarde, cuando los dirigentes del partido acompañaban a Mariano Rajoy en una comida en A Coruña. Informaba de que el ya exdiputado está sometido a un "procedimiento judicial" y justificaba su abandono por el deseo de "defenderse como cualquier gallego". El sustituto del dimisionario será Manuel Martínez Cereijo, un cirujano de Santiago.
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