Y a otras 19 personas
Europa Press | Málaga
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La Sección Octava de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de esta semana al alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y a otras 19 personas por el denominado caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística municipal en dicho municipio. El inicio de la vista oral está previsto para el jueves día 22.
Las previsiones de la Sala son que el juicio se celebre los jueves y viernes hasta diciembre. Así, según un auto del Tribunal, está previsto que al menos la primera sesión se dedique a que las partes personadas presenten sus cuestiones previas o alegaciones, tras lo que comenzarán los interrogatorios de los acusados y de los testigos y peritos.
Además del regidor, están acusados el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos funcionarios, que eran asesores jurídicos; y 16 empresarios. Asimismo, está previsto que declaren, entre testigos y peritos, unas 70 personas, según se desprende de dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press.
La Fiscalía de Málaga solicita en su escrito de conclusiones provisionales que se imponga a Martín Serón las penas de cuatro años y medio de prisión y 19 años de inhabilitación para cargo público, al acusar al regidor de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo.
El fiscal concluye que en ese Ayuntamiento, al menos desde 2002, "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución".
Según la acusación, "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, al que acusa de 11 delitos de cohecho pasivo, con carácter continuado, por lo que solicita las penas de cinco años de prisión y 11 de inhabilitación para cargo publico; y de 14 delitos urbanísticos, también continuados, por lo que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, además de una multa de 1,6 millones de euros.
El fiscal estima que, presuntamente, los hechos "eran conocidos" por el alcalde, quien "va a permitir la conducta delictiva en su concejal de Urbanismo, si bien obteniendo a cambio de su silencio la oportuna participación en el dinero así conseguido". De esta forma, se señala que tuvo "numerosos ingresos" en efectivos en sus cuentas, que suman 238.785 euros.
Estos ingresos, según la acusación pública, "proceden de los pagos efectuados al mismo por el acusado Guerra, obtenidos en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento". Además de prisión e inhabilitación, pide para Martín Serón una multa de 500.000 euros y el decomiso del efectivo intervenido y de los inmuebles adquiridos con fondos "ilegales".
La defensa del regidor ha alegado, por su parte, "indefensión", apuntando la "completa inocencia" de éste "al ser absolutamente incierta la realidad de su participación criminal en la trama de corrupción que de forma general se dibuja, no sólo por ser los hechos inciertos, sino porque mi mandante no conoce ni sabe a qué conductas de corrupción por cohecho y prevaricación se está refiriendo el ministerio fiscal".
Según la Fiscalía, el edil de Urbanismo "se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios". En el escrito inicial se señala que los pagos están en anotaciones manuscritas y en archivos informáticos intervenidos.
En estas anotaciones, éste "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido", de forma que, presuntamente, el metro cuadrado de techo de más se fijaba en 80 euros, mientras que "a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros", dice el ministerio fiscal.
La Fiscalía acusa a uno de los asesores jurídicos por 10 delitos contra la ordenación del territorio, que adquiere el carácter continuado, por lo que solicita 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; mientras que para el otro solicita un año de prisión y siete de inhabilitación por un solo delito urbanístico. Además, insta a que se acuerde la nulidad de las licencias concedidas.
Respecto a los empresarios, se acusa a los 16 como autores de un delito de cohecho activo, por el que pide dos años de cárcel y multa de diferente cuantía para cada uno. Además, a 15 de éstos les acusa como cooperadores necesarios o inductores de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión e inhabilitación por siete años; mientras que a uno de ellos le acusa de dos de estos delitos, por lo que pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación.
Las previsiones de la Sala son que el juicio se celebre los jueves y viernes hasta diciembre. Así, según un auto del Tribunal, está previsto que al menos la primera sesión se dedique a que las partes personadas presenten sus cuestiones previas o alegaciones, tras lo que comenzarán los interrogatorios de los acusados y de los testigos y peritos.
Además del regidor, están acusados el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos funcionarios, que eran asesores jurídicos; y 16 empresarios. Asimismo, está previsto que declaren, entre testigos y peritos, unas 70 personas, según se desprende de dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press.
La Fiscalía de Málaga solicita en su escrito de conclusiones provisionales que se imponga a Martín Serón las penas de cuatro años y medio de prisión y 19 años de inhabilitación para cargo público, al acusar al regidor de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo.
El fiscal concluye que en ese Ayuntamiento, al menos desde 2002, "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución".
Según la acusación, "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, al que acusa de 11 delitos de cohecho pasivo, con carácter continuado, por lo que solicita las penas de cinco años de prisión y 11 de inhabilitación para cargo publico; y de 14 delitos urbanísticos, también continuados, por lo que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, además de una multa de 1,6 millones de euros.
El fiscal estima que, presuntamente, los hechos "eran conocidos" por el alcalde, quien "va a permitir la conducta delictiva en su concejal de Urbanismo, si bien obteniendo a cambio de su silencio la oportuna participación en el dinero así conseguido". De esta forma, se señala que tuvo "numerosos ingresos" en efectivos en sus cuentas, que suman 238.785 euros.
Estos ingresos, según la acusación pública, "proceden de los pagos efectuados al mismo por el acusado Guerra, obtenidos en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento". Además de prisión e inhabilitación, pide para Martín Serón una multa de 500.000 euros y el decomiso del efectivo intervenido y de los inmuebles adquiridos con fondos "ilegales".
La defensa del regidor ha alegado, por su parte, "indefensión", apuntando la "completa inocencia" de éste "al ser absolutamente incierta la realidad de su participación criminal en la trama de corrupción que de forma general se dibuja, no sólo por ser los hechos inciertos, sino porque mi mandante no conoce ni sabe a qué conductas de corrupción por cohecho y prevaricación se está refiriendo el ministerio fiscal".
Según la Fiscalía, el edil de Urbanismo "se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios". En el escrito inicial se señala que los pagos están en anotaciones manuscritas y en archivos informáticos intervenidos.
En estas anotaciones, éste "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido", de forma que, presuntamente, el metro cuadrado de techo de más se fijaba en 80 euros, mientras que "a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros", dice el ministerio fiscal.
La Fiscalía acusa a uno de los asesores jurídicos por 10 delitos contra la ordenación del territorio, que adquiere el carácter continuado, por lo que solicita 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; mientras que para el otro solicita un año de prisión y siete de inhabilitación por un solo delito urbanístico. Además, insta a que se acuerde la nulidad de las licencias concedidas.
Respecto a los empresarios, se acusa a los 16 como autores de un delito de cohecho activo, por el que pide dos años de cárcel y multa de diferente cuantía para cada uno. Además, a 15 de éstos les acusa como cooperadores necesarios o inductores de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión e inhabilitación por siete años; mientras que a uno de ellos le acusa de dos de estos delitos, por lo que pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación.
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