Acusado de cohecho, fraude y coacciones
Europa Press | Palma
El que fuera copropietario del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, ha asegurado en calidad de imputado ante el juez instructor del caso Mar Blau que "jamás" ha pagado comisiones a cargos públicos a cambio de concesiones, y en particular en el marco del concurso convocado para la explotación de amarres del puerto de Mahón. "Eso es un disparate, jamás haría algo parecido. No lo he hecho nunca ni lo he consentido en cincuenta años como empresario", ha aseverado tajante.
Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, el encausado, propietario al cincuenta por ciento del conglomerado Trapsayates, se ha desvinculado del presunto amaño del anterior proceso para favorecer que su empresa resultase adjudicataria, si bien tenía constancia de las "presiones" que se estaban produciendo desde el entorno de otra de las mercantiles licitantes, el Club Marítimo de Mahón, "con el objetivo claro de alterar el resultado del concurso y, por supuesto, en detrimento de Trapsa".
Tras negar su supuesta participación en estos hechos, el empresario, sobre quien pesan entre otros los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración, coacciones y contra la hacienda pública, ha apuntado al entonces consejero delegado de Trapsa, Juan Manuel Domínguez -también imputado- como la persona que tenía autonomía "total" para gestionar y actual "al cien por cien" en Trapsa.
En esta misma línea, ha expresado su desconocimiento sobre el contrato firmado entre el CMM y Teinver -perteneciente a Trapsa- por el que la primera empresa debía ceder de forma presuntamente irregular a la segunda 13.500 euros y tres amarres valorados en 4,5 millones de euros, a cambio de que esta última se retirase del concurso, si bien finalmente resultó adjudicataria. "Es ridículo dar una concesión a cambio de tres amarres", ha incidido.
De hecho, ha resaltado que finalmente en 2005 el concurso fue adjudicado a Trapsa al justificar que "sin duda era la que ofrecía las condiciones más ventajosas y si se lo hubieran dado al CMM hubiera sido una injusticia". "Nunca se pensó en renunciar a la concesión", ha recalcado el imputado, quien, preguntado sobre su actuación a través de Trapsayates, ha aseverado que ésta "sólo significaba el 1 por ciento de las sociedades que manejaba" y por tanto estaba fuera de su posibilidad "hacer un seguimiento de las actuaciones llevadas en esa empresa".
Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, el encausado, propietario al cincuenta por ciento del conglomerado Trapsayates, se ha desvinculado del presunto amaño del anterior proceso para favorecer que su empresa resultase adjudicataria, si bien tenía constancia de las "presiones" que se estaban produciendo desde el entorno de otra de las mercantiles licitantes, el Club Marítimo de Mahón, "con el objetivo claro de alterar el resultado del concurso y, por supuesto, en detrimento de Trapsa".
Tras negar su supuesta participación en estos hechos, el empresario, sobre quien pesan entre otros los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración, coacciones y contra la hacienda pública, ha apuntado al entonces consejero delegado de Trapsa, Juan Manuel Domínguez -también imputado- como la persona que tenía autonomía "total" para gestionar y actual "al cien por cien" en Trapsa.
En esta misma línea, ha expresado su desconocimiento sobre el contrato firmado entre el CMM y Teinver -perteneciente a Trapsa- por el que la primera empresa debía ceder de forma presuntamente irregular a la segunda 13.500 euros y tres amarres valorados en 4,5 millones de euros, a cambio de que esta última se retirase del concurso, si bien finalmente resultó adjudicataria. "Es ridículo dar una concesión a cambio de tres amarres", ha incidido.
De hecho, ha resaltado que finalmente en 2005 el concurso fue adjudicado a Trapsa al justificar que "sin duda era la que ofrecía las condiciones más ventajosas y si se lo hubieran dado al CMM hubiera sido una injusticia". "Nunca se pensó en renunciar a la concesión", ha recalcado el imputado, quien, preguntado sobre su actuación a través de Trapsayates, ha aseverado que ésta "sólo significaba el 1 por ciento de las sociedades que manejaba" y por tanto estaba fuera de su posibilidad "hacer un seguimiento de las actuaciones llevadas en esa empresa".
Se niega a responder a las acusaciones particulares
"No estaba desvinculado de mis empresas pero de esa sí, ya que era una compañía muy pequeña e insignificante en el conjunto", ha incidido Pascual, quien se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares personadas en este caso.
Finalmente, al ser inquirido sobre si su hijo Gonzalo se reunió con el presidente de la APB, Francesc Triay, en el marco de estos hechos, ha respondido que le pidió que acompañase a Domínguez al objeto de ir aprendiendo sobre el negocio náutico y "si en una reunión estuvo con el señor Triay fue por pura casualidad". "Sólo tenía intención de que mi hijo aprendiese, no estaba en la plantilla de Trapsa y no tenía ningún tipo de poder", ha sentenciado.
Cabe recordar que el otro propietario de Trapsa y ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, ya prestó declaración como imputado el pasado 28 de marzo y en su comparecencia aseguró que no haber intervenido "para nada" en las negociaciones que se habrían llevado a cabo al margen del concurso del puerto de Mahón.
elmundo.es
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