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| Juan Antonio Roca durante el juicio del caso 'Malaya'. | ELMUNDO.es |
Los dos peritos de la Agencia Tributaria que continúan declarando en el juicio del caso 'Malaya', José Padín y Ramón Rey, han destacado este martes los vínculos hallados entre el principal acusado, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de Marbella Jesús Gil a través de sociedades inmobiliarias en las que ambos tenían intereses.
Concretamente, los expertos de Hacienda sostienen que desde el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor -integrado por abogados testaferros de Roca que se sientan en el banquillo- "se creó ex profeso una estructura" que sirvió para que el exasesor urbanístico pudiera actuar en determinadas operaciones urbanísticas junto a Jesús Gil, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y el exgerente de sociedades municipales marbellíes José Luis Jiménez, peón de confianza del fallecido regidor.
Padín y Rey se han referido a los 270 millones de las antiguas pesetas (1,6 millones de euros) que el promotor Tomás Olivo, también acusado, pagó presuntamente a modo de soborno a Roca, a cambio de la cesión de unos suelos destinados al Centro Comercial La Cañada. Todo ello tras un convenio que el empresario firmó con el exedil Román en mayo de 1994.
El dinero, según los técnicos, habría llegado a Roca a través de distintas sociedades instrumentales, en las que aparecía su principal testaferro, Oscar Benavente. Se simulaba una operación inmobiliaria entre dichas empresas y el Consistorio marbellí.
Se trata de Road House España y Mediterránea de Inmuebles 47, principalmente. En ellas aparecen los promotores Carlos Sánchez y Andrés Liétor junto a Benavente. De los 270 millones de pesetas 60 fueron a parar a la sociedad Club Financiero Inmobiliario, propiedad de Gil.
Padín ha relatado durante su declaración que detectaron "intereses del alcalde Jesús Gil apantallados por sus familiares". En este caso se trataba de la sociedad Gestión Inmobiliaria Mizar, en la que aparece como administradora la hija del expresidente del Atlético de Madrid, Miriam Gil Marín, nunca citada a declarar en el macrosumario de 'Malaya'.
Concretamente, los expertos de Hacienda sostienen que desde el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor -integrado por abogados testaferros de Roca que se sientan en el banquillo- "se creó ex profeso una estructura" que sirvió para que el exasesor urbanístico pudiera actuar en determinadas operaciones urbanísticas junto a Jesús Gil, el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y el exgerente de sociedades municipales marbellíes José Luis Jiménez, peón de confianza del fallecido regidor.
Padín y Rey se han referido a los 270 millones de las antiguas pesetas (1,6 millones de euros) que el promotor Tomás Olivo, también acusado, pagó presuntamente a modo de soborno a Roca, a cambio de la cesión de unos suelos destinados al Centro Comercial La Cañada. Todo ello tras un convenio que el empresario firmó con el exedil Román en mayo de 1994.
El dinero, según los técnicos, habría llegado a Roca a través de distintas sociedades instrumentales, en las que aparecía su principal testaferro, Oscar Benavente. Se simulaba una operación inmobiliaria entre dichas empresas y el Consistorio marbellí.
Se trata de Road House España y Mediterránea de Inmuebles 47, principalmente. En ellas aparecen los promotores Carlos Sánchez y Andrés Liétor junto a Benavente. De los 270 millones de pesetas 60 fueron a parar a la sociedad Club Financiero Inmobiliario, propiedad de Gil.
Padín ha relatado durante su declaración que detectaron "intereses del alcalde Jesús Gil apantallados por sus familiares". En este caso se trataba de la sociedad Gestión Inmobiliaria Mizar, en la que aparece como administradora la hija del expresidente del Atlético de Madrid, Miriam Gil Marín, nunca citada a declarar en el macrosumario de 'Malaya'.
Promociones Guadalquivir
En otra operación se detectó que la empresa Rafly, controlada por Roca, compraba a un banco la deuda de un crédito hipotecario contraído por el Ayuntamiento de Marbella con una entidad bancaria. La cantidad para llevar a cabo dicha transacción la aportó la sociedad Promociones Guadalquivir, propiedad también de Jesús Gil. Finalmente, la organización de Roca se hacía con parcelas municipales, un procedimiento habitual.
Se da la circunstancia de que los fondos que percibió Promociones Guadalquivir, a modo de comisiones, llegaron a Jesús Gil a través de cuentas bancarias controladas por letrados del bufete que creó la estructura societaria al servicio de Roca, según los peritos.
El papel de Jesús Gil, a través de su empresa Promociones Guadalquivir, también lo pone de manifiesto Hacienda al haber recibido dicha empresa fondos de la mercantil Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. , propietaria de la finca rústica La Concepción, de más de 800.000 metros cuadrados de extensión en Marbella y sobre la que estaba proyectada la construcción de 1.600 viviendas y un campo de golf.
Aragonesas de Finanzas estaba controlada por Roca, a través de sus abogados testaferros, y el dinero que fue a parar a la sociedad de Gil se canalizó a través de cuentas corrientes de dichos letrados, según el perito José Padín.
Las relaciones entre el entorno de Gil y los testaferros de Roca expuestas ante el tribunal este martes no son las únicas. De hecho, EL MUNDO desveló en su edición del 3 de septiembre de 2006 que varios abogados testaferros de Roca compartían órganos sociales en una sociedad cuyo administrador único era Severiano Gil y Gil, hermano del fallecido.
Francisco Antonio Soriano Pastor y Manuel Sánchez Martín, ambos integrantes del mencionado gabinete jurídico, figuran como apoderados de la sociedad Rústicas y Urbanas Disa S.L., dedicada a la actividad inmobiliaria, tal y como dio a conocer este periódico.
Lo cierto es que el juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, nunca se interesó por tales hechos, que no aparecían en el sumario, ni citó siquiera como testigos a familiares directos de Jesús Gil que figuraban vinculados a Roca a través de hombres de paja de éste acusados de blanqueo de capitales.
Distintas fuentes relacionadas con el sector inmobiliario marbellí consultadas situaron a Severano Gil como «intermediario» de algunas operaciones urbanísticas desarrolladas en Marbella.
elmundo.es
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