Efe | Málaga
elmundo.es
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado de 13 años y medio a 30 la petición de cárcel contra el letrado y presidente del Sevilla FC, Jose María del Nido, en su escrito de conclusiones finales en el caso "Minutas" sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella.
El fiscal ha explicado que también ha elevado la petición de cárcel para el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, de 16 años y medio a 28 años.
El ministerio público ha destacado que Jose María del Nido "tuvo una posición de dominio sobre el hecho delictivo".
El origen de este proceso es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en la que consta que José María del Nido facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.
La Fiscalía estableció en aquel momento que había "abundantes y evidentes indicios" de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, "en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".
El fiscal ha explicado que también ha elevado la petición de cárcel para el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, de 16 años y medio a 28 años.
El ministerio público ha destacado que Jose María del Nido "tuvo una posición de dominio sobre el hecho delictivo".
El origen de este proceso es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en la que consta que José María del Nido facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.
La Fiscalía estableció en aquel momento que había "abundantes y evidentes indicios" de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, "en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".
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