Iván Pérez | Francisco Álvarez | Valencia
La detención este martes del presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, por parte de la Policía Nacional, ha destapado la caja de los truenos en la escena política y también en la judicial. Las versiones sobre el desarrollo de la operación son confusas y contradictorias.
Y es que si el propio Ripoll ha admitido que está citado a declarar este jueves, el TSJ valenciano, en nombre del juez instructor de Orihuela, ha comunicado que no hay imputación alguna y que, además, no ha habido ninguna orden judicial para arrestar al presidente de la Diputación de Alicante ni citación alguna para los implicados.
1. Detenido, según la Policía. La propia Policía Nacional reconoció el martes la detención del presidente de la Diputación de Alicante y máximo responsable del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, y de otras 10 personas, entre ellas tres ediles del Ayuntamiento de Orihuela y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.
Doce horas después, Ripoll quedó en libertad (al igual que el resto de los detenidos) tras prestar declaración en la Comisaría Provincial de Alicante con la incógnita de si pesaba sobre él cargo alguno.
Al respecto, la Policía tampoco arrojó demasiada luz en su comunicado oficial, emitido ya durante la noche. "Según los casos -en alusión al grueso de los detenidos-, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias,prevaricación, fraude y encubrimiento", apunta.
Los arrestos, según dicho comunicado, se enmarcan dentro de una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado número 3 de Orihuela y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y que podría estar vinculada con las adjudicaciones de los servicios de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja y el denominado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.
2. Sin orden de arresto, según el juez. El Juzgado de instrucción número 3 de Orihuela investiga desde mayo de 2007 lo que se conoce como el caso Brugal, una trama de supuestas extorsiones y sobornos en las contrataciones de los servicios de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante).
Precisamente el juez que instruye el caso ha plagado de interrogantes el desarrollo de la operación través de un comunicado emitido por el TSJ valenciano. El magistrado ha asegurado que no ordenó la detención judicial de ninguno de los implicados en la presunta trama y, además, que tampoco tiene previsto citar a declarar como imputados ni al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ni al resto de detenidos.
Tal ha sido la confusión, que el juzgado número 3 ha emitido una nueva nota informativa a media tarde en la que ha atribuido a la Policía tanto las detenciones como las citaciones a los imputados.
Desde el Ministerio del Interior precisan que el arresto se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional paradetener a un sospechoso sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.
3. Ripoll, citado a declarar. Sin embargo, el presidente de la Diputación de Alicante ha confirmado que la Policía le entregó una cédula de citación que le reclama este jueves, 8 de julio, para declarar en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela.
Según ha manifestado, "nadie me ha dicho de qué se me acusa". El presidente del ente provincial ha añadido que "me presentaré mañana en el juzgado a las dos del mediodía", tras manifestar su "máximo respeto y colaboración" a la autoridad judicial.
4. Los matices de la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, también ha dado su propia versión de los hechos. Si bien admite que no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del 'número 3' de Orihuela, aclara que sí contaban con un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.
Según fuentes del Ministerio Fiscal, recogidas por Europa Press, la operación desarrollada está amparada totalmente por el mandamiento del juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.
La Fiscalía de Alicante admite que se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, aunque finalmente Anticorrupción desechó esta opción.
5. El PP exige explicaciones. Las distintas explicaciones no han satisfecho al PP que por mediación de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha acusado a la Policía Nacional de "mentir" en la nota de prensa emitida el pasado martes sobre la operación.
El portavoz 'popular' ha destacado el hecho de que en la nota de prensa policial se decía que a los detenidos se les imputaba una serie de delitos, y los enumeraba, mientras que en la nota judicial se señala que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas".
"Exigimos una aclaración del Ministerio del Interior de todos los puntos oscuros", aseveró el portavoz del PP. Según González Pons, "los hechos son de tal gravedad que el ministro debe de aclararlo de inmediato". "Todo esto creemos que merece una explicación", ha apostillado.
Además
* El juez aclara que no ordenó detener a Ripoll
* El PP acusa a la Policía de mentir sobre la detención de Ripoll
* Lea el comunicado del TSJ valenciano | Citación a Ripoll
* Reacciones: Lorente | Barberá | Ortiz | Peralta | Alarte
elmundo.es
Y es que si el propio Ripoll ha admitido que está citado a declarar este jueves, el TSJ valenciano, en nombre del juez instructor de Orihuela, ha comunicado que no hay imputación alguna y que, además, no ha habido ninguna orden judicial para arrestar al presidente de la Diputación de Alicante ni citación alguna para los implicados.
1. Detenido, según la Policía. La propia Policía Nacional reconoció el martes la detención del presidente de la Diputación de Alicante y máximo responsable del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, y de otras 10 personas, entre ellas tres ediles del Ayuntamiento de Orihuela y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.
Doce horas después, Ripoll quedó en libertad (al igual que el resto de los detenidos) tras prestar declaración en la Comisaría Provincial de Alicante con la incógnita de si pesaba sobre él cargo alguno.
Al respecto, la Policía tampoco arrojó demasiada luz en su comunicado oficial, emitido ya durante la noche. "Según los casos -en alusión al grueso de los detenidos-, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias,prevaricación, fraude y encubrimiento", apunta.
Los arrestos, según dicho comunicado, se enmarcan dentro de una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado número 3 de Orihuela y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y que podría estar vinculada con las adjudicaciones de los servicios de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja y el denominado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.
2. Sin orden de arresto, según el juez. El Juzgado de instrucción número 3 de Orihuela investiga desde mayo de 2007 lo que se conoce como el caso Brugal, una trama de supuestas extorsiones y sobornos en las contrataciones de los servicios de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante).
Precisamente el juez que instruye el caso ha plagado de interrogantes el desarrollo de la operación través de un comunicado emitido por el TSJ valenciano. El magistrado ha asegurado que no ordenó la detención judicial de ninguno de los implicados en la presunta trama y, además, que tampoco tiene previsto citar a declarar como imputados ni al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ni al resto de detenidos.
Tal ha sido la confusión, que el juzgado número 3 ha emitido una nueva nota informativa a media tarde en la que ha atribuido a la Policía tanto las detenciones como las citaciones a los imputados.
Desde el Ministerio del Interior precisan que el arresto se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional paradetener a un sospechoso sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.
3. Ripoll, citado a declarar. Sin embargo, el presidente de la Diputación de Alicante ha confirmado que la Policía le entregó una cédula de citación que le reclama este jueves, 8 de julio, para declarar en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela.
Según ha manifestado, "nadie me ha dicho de qué se me acusa". El presidente del ente provincial ha añadido que "me presentaré mañana en el juzgado a las dos del mediodía", tras manifestar su "máximo respeto y colaboración" a la autoridad judicial.
4. Los matices de la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, también ha dado su propia versión de los hechos. Si bien admite que no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del 'número 3' de Orihuela, aclara que sí contaban con un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.
Según fuentes del Ministerio Fiscal, recogidas por Europa Press, la operación desarrollada está amparada totalmente por el mandamiento del juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.
La Fiscalía de Alicante admite que se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, aunque finalmente Anticorrupción desechó esta opción.
5. El PP exige explicaciones. Las distintas explicaciones no han satisfecho al PP que por mediación de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha acusado a la Policía Nacional de "mentir" en la nota de prensa emitida el pasado martes sobre la operación.
El portavoz 'popular' ha destacado el hecho de que en la nota de prensa policial se decía que a los detenidos se les imputaba una serie de delitos, y los enumeraba, mientras que en la nota judicial se señala que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas".
"Exigimos una aclaración del Ministerio del Interior de todos los puntos oscuros", aseveró el portavoz del PP. Según González Pons, "los hechos son de tal gravedad que el ministro debe de aclararlo de inmediato". "Todo esto creemos que merece una explicación", ha apostillado.
Además
* El juez aclara que no ordenó detener a Ripoll
* El PP acusa a la Policía de mentir sobre la detención de Ripoll
* Lea el comunicado del TSJ valenciano | Citación a Ripoll
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