* Se habría aprovechado de sus relaciones con el titular de Economía
* Lo habría usado para conseguir recalificar los terrenos donde se iba a alzar
* El conseller firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos
* El proyecto quedó paralizado tras estallar el escándalo de desvío de fondos
Germán González | Efe | Barcelona
La Fiscalía ha presentado hoy una querella por tráfico de influencias contra Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull por la operación para construir el hotel del Palau de la Música, en la que se iba a embolsar una comisión de 3'6 millones de euros, gracias a un convenio firmado con el conseller de Economía, Antoni Castells. La querella también va dirigida a cualquier otra persona que pudiera haber intercedido en la operación.
La Fiscalía, además, pide que Antoni Castells, Carles Martí, Xavier Trias y García-Bragado declaren como testigos por su participación en convenios.
La querella, señala que Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull se aprovecharon de sus relaciones personales con Castells para conseguir que la Generalitat se comprometiera a recalificar las fincas donde un promotor privado iba a construir el hotel, que finalmente quedó paralizado al estallar el escándalo del desvío de fondos del Palau de la Música.
En su escrito, la Fiscalía señala que el conseller de Economía firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos preceptivos, dejando en manos de Millet la indemnización que debería percibir la Generalitat por la pérdida de valor patrimonial derivada de esta operación urbanística.
Los querellados, una vez tuvieron acceso a las fincas del hotel "hiceron valer, de manera especial e intensa" sus cargos al frente del Palau de la Música para aprovechar "las relaciones personales que tenían con autoridades y funcionarios" de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo es q estos contactos "colaborasen en la operación urbanística con la que los querellados buscaban conseguir un importante beneficio económico".
Contactos desde 2005
A finales de 2005 y principios de 2006 Millet y Montull contactaron con el conseller Antoni Castells para firmar un convenio que permitiese la transferencia de aprovechamiento de varias fincas. La Generalitat accedía a que la finca de su propiedad situada en la calle Ciutat obtenía la calificación urbanística de equipamienti, mientras que los terrenos que el Palau consiguió del centro educativo serían considerados residenciales. Con este cambio, la finca conseguida por Millet pasaba a tener un valor de 15 millones de euros.
Pese a esto, la Generalitat debía ser compensada por la pérdida de patrimonio en la permuta de las fincas y que pagaría la entidad que construyese el futuro hotel, en este caso la empresa Olivia Hotels, tal y como acordaron después los querellados. El convenio firmado entre Millet y Castelles debía de ser aprobado "por los órganos decisorios del Palau y de la Generalitat" sin que conste que el Consell de Govern le haya dado el visto bueno "pese a que ha producido efectos jurídicos".
El fiscal Antoni Pelegrín destaca que los querellados utilizaron sus influencias con Castells para conseguir un compromiso de la Generalitat para que se garantizase la recalificación de la finca. De esta forma podían gestionar la transmisión económica de los terrenos consiguiendo un beneficio importante. La Fiscalía también destaca que el convenio firmado entre Millet y Castells no consta el correspondiente informe jurídico para saber la viabilidad de la operación y que los servicios jurídicos retornaron el expediente administravio del acuerdo tras constatar que se había firmado días antes. Pese a esto, el convenio se firmó.
Además
* Lea la quererella de la Fiscalía
elmundo.es
La Fiscalía, además, pide que Antoni Castells, Carles Martí, Xavier Trias y García-Bragado declaren como testigos por su participación en convenios.
La querella, señala que Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull se aprovecharon de sus relaciones personales con Castells para conseguir que la Generalitat se comprometiera a recalificar las fincas donde un promotor privado iba a construir el hotel, que finalmente quedó paralizado al estallar el escándalo del desvío de fondos del Palau de la Música.
En su escrito, la Fiscalía señala que el conseller de Economía firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos preceptivos, dejando en manos de Millet la indemnización que debería percibir la Generalitat por la pérdida de valor patrimonial derivada de esta operación urbanística.
Los querellados, una vez tuvieron acceso a las fincas del hotel "hiceron valer, de manera especial e intensa" sus cargos al frente del Palau de la Música para aprovechar "las relaciones personales que tenían con autoridades y funcionarios" de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo es q estos contactos "colaborasen en la operación urbanística con la que los querellados buscaban conseguir un importante beneficio económico".
Contactos desde 2005
A finales de 2005 y principios de 2006 Millet y Montull contactaron con el conseller Antoni Castells para firmar un convenio que permitiese la transferencia de aprovechamiento de varias fincas. La Generalitat accedía a que la finca de su propiedad situada en la calle Ciutat obtenía la calificación urbanística de equipamienti, mientras que los terrenos que el Palau consiguió del centro educativo serían considerados residenciales. Con este cambio, la finca conseguida por Millet pasaba a tener un valor de 15 millones de euros.
Pese a esto, la Generalitat debía ser compensada por la pérdida de patrimonio en la permuta de las fincas y que pagaría la entidad que construyese el futuro hotel, en este caso la empresa Olivia Hotels, tal y como acordaron después los querellados. El convenio firmado entre Millet y Castelles debía de ser aprobado "por los órganos decisorios del Palau y de la Generalitat" sin que conste que el Consell de Govern le haya dado el visto bueno "pese a que ha producido efectos jurídicos".
El fiscal Antoni Pelegrín destaca que los querellados utilizaron sus influencias con Castells para conseguir un compromiso de la Generalitat para que se garantizase la recalificación de la finca. De esta forma podían gestionar la transmisión económica de los terrenos consiguiendo un beneficio importante. La Fiscalía también destaca que el convenio firmado entre Millet y Castells no consta el correspondiente informe jurídico para saber la viabilidad de la operación y que los servicios jurídicos retornaron el expediente administravio del acuerdo tras constatar que se había firmado días antes. Pese a esto, el convenio se firmó.
Además
* Lea la quererella de la Fiscalía
elmundo.es
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