jueves, 20 de mayo de 2010

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A OTRA VEINTENA DE POSIBLES DELITOS

Admite la ampliación de la querella presentada por el PP
La juez pide documentación sobre la financiación de los ERE y pagos con Visa
También quiere investigar los gastos de consultoría y la concesión de becas

Efe Sevilla

La juez que instruye el caso Mercasevilla ha ampliado su investigación a un nuevo delito societario y ha pedido documentación sobre veinte posibles hechos delictivos, entre ellos la financiación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), los pagos con Visa, los gastos de consultoría, la concesión de becas y el reparto de dividendos.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla acepta la ampliación de la querella presentada por el PP, partido que presentó la primera denuncia por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, luego ampliada a lo que la juez ha denominado "adjudicación fraudulenta" de la venta de sus terrenos.

La juez dirige las nuevas diligencias contra los directivos de Mercasevilla ya imputados Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo, pero añade que ello se hace "sin perjuicio de que la presente instrucción pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsables".

El PP dirigió esta ampliación de querella contra el concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el actual gerente de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, el ex concejal Gonzalo Crespo y los altos cargos designados por la empresa estatal Mercasa: Ángel Gil Pascual y José Ignacio Fernández Estellés.

El auto solicita información sobre veinte apartados contables y de gestión, el organigrama y retribuciones de la Fundación Mercasevilla desde su fundación, sus libros de cuentas, estados de gestión, contratos de préstamo y convenios, ordena a la Policía que informe sobre "los procedimientos de contratación" y pide que la Intervención General del Estado analice toda esta documentación.

Entre los hechos que deben investigarse, cita la financiación del Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla en los años 2007 y 2010, pues si resulta no ser cierto el compromiso de pago por parte de la Junta de Andalucía, "dicha partida de 9 millones de euros realmente tendría que registrarse como pérdida y ello podría general que la sociedad incurriera en causa de disolución".

La juez requiere a Mellet sus pagos con tarjeta Visa no justificados entre 2007 y 2009, los gastos de viajes de Ponce y solicita información sobre una beca de estudios concedida a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas, entre otros.

Además pide investigar el doble pago de las conferencias de un Foro Jurídico celebrado en Sevilla y la "legalidad de los pagos" a Maginae Solutions -empresa vinculada a UGT y a su dirigente Juan Lanzas- y Hermes Consulting por mediar en el ERE".

También pide que se investigue por qué Mercasevilla ha tenido que asumir los costes del IRPF a los trabajadores incluidos en el ERE, si ha habido un "trasvase fraudulento" de trabajadores de Mercasevilla y su Fundación, así como la existencia de un trasvase de gastos e ingresos entre ambas.

Incluso la juez pretende que el Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAS) del Ministerio de Economía determine por qué las irregularidades detectadas por la consultora Deloitte tras la primera investigación judicial en Mercasevilla no fueron detectadas por la entonces empresa auditora, Price Waterhouse, que hizo el informe de auditoría de 2008.

Dice la juez en su auto que todos estos hechos suponen una "amalgama que conllevaría una gestión desleal de Mercasevilla, generándole importantes perjuicios económicos".

Entre otros, ordena investigar por qué en abril de 2008 la Junta General de Accionistas de Mercasevilla acordó repartir dividendos por importe de 90.000 euros, de los cuales 46.116 eran para el Ayuntamiento, ya que "podría resultar contrario a cualquier procedimiento contable registrar dicha partida como ingreso".

1 comentario:

  1. Rafael García. Sevilla20 de mayo de 2010, 20:31

    Ya está lanzada la juez Alaya para llegar al fondo de este asunto, que va a dar a más de un político dolores de cabeza, pues "no se para en barras" y pide tanta documentación que van a necesitar por lo menos una furgoneta para llevarla, a menos que salgan diciendo "que se ha extraviado o que hubo un incendio" y se destruyeron.
    No sería nada raro visto el perfil de los implicados.
    Sra. Alaya, no se extrañe de que la auditora Deloitte sí haya detectado irregularidades, donde Price Waterhouse no las detectó, pues debe saber que esta última auditora está al servicio del PSOE cuando quiere que el informe sea favorable a sus intereses.
    Hay algún caso que así lo prueba.
    Y a Monteseirín, ¿cuándo lo va a citar?, pues debe saber tanto o más que Torrrijos. Rafael García. Sevilla

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