TRIBUNALES Piden un año de cárcel
Europa Press Málaga
El Juzgado de lo Penal número 7 dejó visto para sentencia el juicio contra Fernández, para el que el fiscal pide también ocho años de inhabilitación; y contra el particular que construyó, para el que pide un año de cárcel, multa e inhabilitación por un año. El escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, insta a la demolición de la vivienda que, según el acusado, es su residencia habitual.
Según la acusación pública, el particular ejecutó de 2001 a 2007 una vivienda de 160 metros cuadrados sobre suelo no urbanizable, amparándose en una solicitud de 1999 de licencia "que no llegó a ser concedida" al no presentar el proyecto técnico y porque la secretaria municipal emitió informe en contra. Además, se señala que las obras no son legalizables porque no están vinculadas a uso agrícola.
A este respecto, el particular declaró que la estructura estaba terminada en 2002, por lo que, según su defensa, el delito habría prescrito; y dijo no recordar si tenía licencia o no, pero sí que había pagado unas tasas y los impuestos. Añadió que "ni el Seprona ni el alcalde ni nadie" le dijo que no se podía construir y precisó que cuando pidió el permiso había otro alcalde.
El ministerio fiscal señala que estos hechos fueron denunciados en el Ayuntamiento hasta en 19 ocasiones por un vecino del acusado, natural de Cómpeta, al que se le había denegado una licencia para una nave para abejas. Éste, que declaró como testigo, señaló que cuando preguntó al alcalde y a la secretaria le decían que la otra casa "tenía licencia".
Por otra parte, el fiscal sostuvo que el entonces alcalde tuvo "pleno conocimiento" de las denuncias del vecino y fue advertido por la secretaria de la necesidad de iniciar expediente de infracción y restablecimiento de la legalidad, lo que no hizo, pero además, según la acusación, expidió en 2006 un certificado en el que se hablaba de que la vivienda reunía las condiciones para la primera ocupación.
En su declaración, el ex regidor dijo que no dio licencia de obra ni de habitabilidad y precisó que ese certificado, para el enganche de la luz, no lo hizo él. En este sentido, la secretaria, que declaró como testigo, dijo que lo redactó ella por indicación del ex alcalde y apuntó que cuando le advertía de la ilegalidad "él hacía la salvedad de que era un pueblo pequeño, era un muchacho de allí y no era para especulación, sino para vivir".
De hecho, el ex primer edil aseveró que "nunca" actuó "contra un vecino que intentaba ganarse la vida". "He preguntado y hecho lo que hacían todos los alcaldes de la Axarquía. Hemos intentado ir con la legalidad, pero no sé de leyes", apostilló Fernández, quien añadió que "a día de hoy, no se sabe la delimitación del casco urbano del pueblo y no hay planeamiento, por lo que no sé si el suelo es urbanizable o no".
En este punto, reconoció que no se preocupó por saber si la casa era legal o ilegal "porque estaba terminada", aunque aseguró que cuando denegó la licencia al otro vecino fue porque era suelo no urbanizable y porque, según se informó, una nave de ese uso "no puede estar cerca de vecinos ni de caminos". "Quería poner la nave cerca de donde vivía gente", insistió.
Aseveró que "mucha gente" sabía que "la casa estaba allí y nadie me dijo que era ilegal" y se quejó de falta de apoyo técnico por parte de otras instituciones. "Pensaba que era legal, pensaba que tenía licencia concedida por tener, como todo el mundo, una hoja de autoliquidación", manifestó, al tiempo que dijo que "hasta hace tres o cuatro años, todo el mundo ha construido en el campo".
En su informe final, el fiscal indicó que el que otras autoridades supieran que existía esa vivienda y no actuaran "no significa que el alcalde no lo tuviera que hacer" y consideró que "cuando uno es alcalde, tiene que conocer que tiene competencias y que se puede perseguir estos delitos". "Si no lo sabe, tiene o que enterarse o no presentarse a alcalde", apostilló.
Europa Press Málaga
La Fiscalía de Málaga mantiene la petición de un año de prisión para el ex alcalde de la localidad malagueña de Salares Jorge Luis Fernández, al que acusa de prevaricación omisiva, por no actuar para restablecer la legalidad respecto a una vivienda construida en suelo no urbanizable y sin licencia, según el fiscal. El ex regidor declaró que no sabía que debía sancionar y que pensaba que era legal.
El Juzgado de lo Penal número 7 dejó visto para sentencia el juicio contra Fernández, para el que el fiscal pide también ocho años de inhabilitación; y contra el particular que construyó, para el que pide un año de cárcel, multa e inhabilitación por un año. El escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, insta a la demolición de la vivienda que, según el acusado, es su residencia habitual.
Según la acusación pública, el particular ejecutó de 2001 a 2007 una vivienda de 160 metros cuadrados sobre suelo no urbanizable, amparándose en una solicitud de 1999 de licencia "que no llegó a ser concedida" al no presentar el proyecto técnico y porque la secretaria municipal emitió informe en contra. Además, se señala que las obras no son legalizables porque no están vinculadas a uso agrícola.
A este respecto, el particular declaró que la estructura estaba terminada en 2002, por lo que, según su defensa, el delito habría prescrito; y dijo no recordar si tenía licencia o no, pero sí que había pagado unas tasas y los impuestos. Añadió que "ni el Seprona ni el alcalde ni nadie" le dijo que no se podía construir y precisó que cuando pidió el permiso había otro alcalde.
El ministerio fiscal señala que estos hechos fueron denunciados en el Ayuntamiento hasta en 19 ocasiones por un vecino del acusado, natural de Cómpeta, al que se le había denegado una licencia para una nave para abejas. Éste, que declaró como testigo, señaló que cuando preguntó al alcalde y a la secretaria le decían que la otra casa "tenía licencia".
Por otra parte, el fiscal sostuvo que el entonces alcalde tuvo "pleno conocimiento" de las denuncias del vecino y fue advertido por la secretaria de la necesidad de iniciar expediente de infracción y restablecimiento de la legalidad, lo que no hizo, pero además, según la acusación, expidió en 2006 un certificado en el que se hablaba de que la vivienda reunía las condiciones para la primera ocupación.
En su declaración, el ex regidor dijo que no dio licencia de obra ni de habitabilidad y precisó que ese certificado, para el enganche de la luz, no lo hizo él. En este sentido, la secretaria, que declaró como testigo, dijo que lo redactó ella por indicación del ex alcalde y apuntó que cuando le advertía de la ilegalidad "él hacía la salvedad de que era un pueblo pequeño, era un muchacho de allí y no era para especulación, sino para vivir".
De hecho, el ex primer edil aseveró que "nunca" actuó "contra un vecino que intentaba ganarse la vida". "He preguntado y hecho lo que hacían todos los alcaldes de la Axarquía. Hemos intentado ir con la legalidad, pero no sé de leyes", apostilló Fernández, quien añadió que "a día de hoy, no se sabe la delimitación del casco urbano del pueblo y no hay planeamiento, por lo que no sé si el suelo es urbanizable o no".
En este punto, reconoció que no se preocupó por saber si la casa era legal o ilegal "porque estaba terminada", aunque aseguró que cuando denegó la licencia al otro vecino fue porque era suelo no urbanizable y porque, según se informó, una nave de ese uso "no puede estar cerca de vecinos ni de caminos". "Quería poner la nave cerca de donde vivía gente", insistió.
Aseveró que "mucha gente" sabía que "la casa estaba allí y nadie me dijo que era ilegal" y se quejó de falta de apoyo técnico por parte de otras instituciones. "Pensaba que era legal, pensaba que tenía licencia concedida por tener, como todo el mundo, una hoja de autoliquidación", manifestó, al tiempo que dijo que "hasta hace tres o cuatro años, todo el mundo ha construido en el campo".
En su informe final, el fiscal indicó que el que otras autoridades supieran que existía esa vivienda y no actuaran "no significa que el alcalde no lo tuviera que hacer" y consideró que "cuando uno es alcalde, tiene que conocer que tiene competencias y que se puede perseguir estos delitos". "Si no lo sabe, tiene o que enterarse o no presentarse a alcalde", apostilló.
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