CASO PUERTOS | Detalles de la investigación
* La Autoridad Portuaria adjudicó en 2008 un puerto con 379 amarres a la misma sociedad que se llevó el Club Marítimo de Mahón
* El informe concluía que se 'estaba vulnerando la igualdad de oportunidades'
* La Autoridad Portuaria adjudicó en 2008 un puerto con 379 amarres a la misma sociedad que se llevó el Club Marítimo de Mahón
* El informe concluía que se 'estaba vulnerando la igualdad de oportunidades'
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
Un informe encargado por la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares (APB) a una consultora especializada alertó en junio de 2006 que la oferta presentada para quedarse el puerto deportivo de Ibiza Nueva por parte de Serveis Marítims Port d’Eivissa (Semar), participada al 50% por Trapsayates, había «aumentado de manera ilícita el presupuesto» de ejecución del proyecto. Una circunstancia que, según las valoraciones de los consultores de ingeniería que revisaron cada una de las 14 propuestas presentadas al concurso para la concesión de uno de los mejores puertos deportivos de las Islas, «vulneraba» la «igualdad de oportunidades del resto de concursantes».
Un año y medio después de la realización de este informe, a finales de 2007 y tras la llegada a la presidencia del todavía dirigente de APB Francesc Triay (PSOE), el organismo público que gestiona las concesiones portuarias en las Islas acabó resolviendo el concurso en favor de Semar, que se llevó así la explotación de 379 amarres en la Ribera Norte del puerto ibicenco. Semar se mantuvo como concesionaria temporal entre abril y julio de 2008 hasta que ese mismo verano le fue ratificada la concesión final por 17 años a razón de 5,6 millones de euros anuales.
Un año y medio después de la realización de este informe, a finales de 2007 y tras la llegada a la presidencia del todavía dirigente de APB Francesc Triay (PSOE), el organismo público que gestiona las concesiones portuarias en las Islas acabó resolviendo el concurso en favor de Semar, que se llevó así la explotación de 379 amarres en la Ribera Norte del puerto ibicenco. Semar se mantuvo como concesionaria temporal entre abril y julio de 2008 hasta que ese mismo verano le fue ratificada la concesión final por 17 años a razón de 5,6 millones de euros anuales.
Once errores
Aquel análisis técnico elaborado por la empresa Ligrho –Little Grasshopper– Consultants entre mayo y julio de 2006 se enmarcaba en unas labores de «asesoría de apoyo a la Comisión Técnica» de la APB que debía decidir sobre la mejor oferta. Entre otras cosas, analizaba uno por uno los proyectos presentados para la reforma del puerto. Partida a partida, fiscalizaba las propuestas tras la apertura de plicas de un concurso que se había convocado en 2005, durante la anterior presidencia de Joan Verger (PP). Al abordar la de Semar, los ingenieros de Ligrho dejaron constancia escrita de una serie de errores «graves» y «contradicciones» en el proyecto.
Así, por ejemplo, en el capítulo en el que se estudiaba la pavimentación denunciaban falta de información sobre «los tipos de firmes dispuestos», lo que en su opinión reflejaba «el poco rigor del proyecto básico». También denunciaron errores graves «en el diseño de la Marina Seca», donde había conceptos «sobredimensionados». Al analizar los capítulos presupuestarios hallaron partidas idénticas a otras ya contempladas en otro presupuesto. El informe advertía literalmente: «Se considera un error muy grave en cuanto a la calidad del proyecto básico y un intento de aumentar de manera ilícita el presupuesto».
En total, descubrieron once conceptos del proyecto a los que proponían restar cantidades presupuestadas bien por estar duplicadas o bien porque «se entienden como intentos de aumentar ilícitamente el presupuesto». Era el caso de la partida para los trabajos de dragado, imprescindibles para incrementar el calado del puerto, o la de la reforma del Club Social, sobre la que afirmaban que «el licitador incumple el pliego de condiciones del concurso» y proponían eliminar 1,59 millones de euros del importe ofrecido.
Aquel análisis técnico elaborado por la empresa Ligrho –Little Grasshopper– Consultants entre mayo y julio de 2006 se enmarcaba en unas labores de «asesoría de apoyo a la Comisión Técnica» de la APB que debía decidir sobre la mejor oferta. Entre otras cosas, analizaba uno por uno los proyectos presentados para la reforma del puerto. Partida a partida, fiscalizaba las propuestas tras la apertura de plicas de un concurso que se había convocado en 2005, durante la anterior presidencia de Joan Verger (PP). Al abordar la de Semar, los ingenieros de Ligrho dejaron constancia escrita de una serie de errores «graves» y «contradicciones» en el proyecto.
Así, por ejemplo, en el capítulo en el que se estudiaba la pavimentación denunciaban falta de información sobre «los tipos de firmes dispuestos», lo que en su opinión reflejaba «el poco rigor del proyecto básico». También denunciaron errores graves «en el diseño de la Marina Seca», donde había conceptos «sobredimensionados». Al analizar los capítulos presupuestarios hallaron partidas idénticas a otras ya contempladas en otro presupuesto. El informe advertía literalmente: «Se considera un error muy grave en cuanto a la calidad del proyecto básico y un intento de aumentar de manera ilícita el presupuesto».
En total, descubrieron once conceptos del proyecto a los que proponían restar cantidades presupuestadas bien por estar duplicadas o bien porque «se entienden como intentos de aumentar ilícitamente el presupuesto». Era el caso de la partida para los trabajos de dragado, imprescindibles para incrementar el calado del puerto, o la de la reforma del Club Social, sobre la que afirmaban que «el licitador incumple el pliego de condiciones del concurso» y proponían eliminar 1,59 millones de euros del importe ofrecido.
La carta de Mahón
Como conclusión a su análisis, Ligrho remarcaba que «este licitador ha aumentado de manera ilícita el presupuesto de ejecución», lo que consideraba «un hecho grave ya que vulnera la igualdad de oportunidades del resto de concursantes». Y apostillaba: «Para solventar esta situación la asistencia homogeneizará todas las sobreinversiones; no obstante, se debe destacar que esta tarea es imposible realizarla de manera exacta, con lo que puede quedar cierto grado de incertidumbre en el presupuesto de ejecución material de este licitador». Es decir, podía haber distorsiones incorregibles. Hay que recordar que el presupuesto total presentado por Semar para la reforma del puerto fue el segundo mayor de las 14 propuestas presentadas con una suma total de 31.865.846,57 euros (27,5 millones de inversión neta). Asimismo, el canon anual que propusieron abonar fue el más alto de todos, 5,4 millones (revisados hasta 5,6 por el IPC).
La adjudicación de Ibiza Nueva es una de las que están siendo revisadas en la investigación bautizada como Operación Mar Blau que desde hace dos años impulsa el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma y que versa sobre el presunto amaño de algunas de las principales adjudicaciones portuarias en los últimos años. Estas pesquisas se iniciaron después de que EL MUNDO/El Día de Baleares destapase unas grabaciones de una reunión clandestina entre los antiguos concesionarios del Club Marítimo de Mahón y Verger en la que éste les daba instrucciones sobre lo que debían negociar bajo mano con Trapsa para alterar el resultado del concurso para llevarse la concesión menorquina. Precisamente, y como también desveló este diario, posteriormente una carta de los ex concesionarios de Mahón aseguraba que Trapsa había pedido Ibiza a Triay.
La investigación desembocó hace 15 días en el registro policial de la Autoridad Portuaria y en el interrogatorio como imputados de sus dos últimos presidentes, Verger y Triay, así como de sus principales directivos, entre los que se encuentra el histórico director de Explotación Ángel Matías. Según apuntan fuentes de la investigación el informe de Ligrhos ha sido exhibido en el curso de algunos interrogatorios que se han practicado en las últimas semanas.
Como conclusión a su análisis, Ligrho remarcaba que «este licitador ha aumentado de manera ilícita el presupuesto de ejecución», lo que consideraba «un hecho grave ya que vulnera la igualdad de oportunidades del resto de concursantes». Y apostillaba: «Para solventar esta situación la asistencia homogeneizará todas las sobreinversiones; no obstante, se debe destacar que esta tarea es imposible realizarla de manera exacta, con lo que puede quedar cierto grado de incertidumbre en el presupuesto de ejecución material de este licitador». Es decir, podía haber distorsiones incorregibles. Hay que recordar que el presupuesto total presentado por Semar para la reforma del puerto fue el segundo mayor de las 14 propuestas presentadas con una suma total de 31.865.846,57 euros (27,5 millones de inversión neta). Asimismo, el canon anual que propusieron abonar fue el más alto de todos, 5,4 millones (revisados hasta 5,6 por el IPC).
La adjudicación de Ibiza Nueva es una de las que están siendo revisadas en la investigación bautizada como Operación Mar Blau que desde hace dos años impulsa el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma y que versa sobre el presunto amaño de algunas de las principales adjudicaciones portuarias en los últimos años. Estas pesquisas se iniciaron después de que EL MUNDO/El Día de Baleares destapase unas grabaciones de una reunión clandestina entre los antiguos concesionarios del Club Marítimo de Mahón y Verger en la que éste les daba instrucciones sobre lo que debían negociar bajo mano con Trapsa para alterar el resultado del concurso para llevarse la concesión menorquina. Precisamente, y como también desveló este diario, posteriormente una carta de los ex concesionarios de Mahón aseguraba que Trapsa había pedido Ibiza a Triay.
La investigación desembocó hace 15 días en el registro policial de la Autoridad Portuaria y en el interrogatorio como imputados de sus dos últimos presidentes, Verger y Triay, así como de sus principales directivos, entre los que se encuentra el histórico director de Explotación Ángel Matías. Según apuntan fuentes de la investigación el informe de Ligrhos ha sido exhibido en el curso de algunos interrogatorios que se han practicado en las últimas semanas.
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