TRIBUNALES | Nueve años de inhabilitación
* Fue absuelto en junio y la Fiscalía presentó un recurso que ha sido aceptado
* La Sala dice que "era conocedor de que su conducta no se ajustaba a derecho"
* Fue absuelto en junio y la Fiscalía presentó un recurso que ha sido aceptado
* La Sala dice que "era conocedor de que su conducta no se ajustaba a derecho"
Efe | Europa Press | Málaga
El alcalde de Canillas de Aceituno (Málaga) y secretario general del PSOE del municipio, José Manuel Aranda, ha registrado un escrito de petición de baja temporal del partido tras haber sido condenado por la Audiencia Provincial a nueve años de inhabilitación para cargo público y a una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia, según ha informado en un comunicado el secretario de Organización de los socialistas malagueños, Francisco Conejo.
La Audiencia Provincial de Málaga ha estimado con esta sentencia el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga, que lo había absuelto.
El tribunal considera que debe revocar el anterior fallo y condenar al regidor debido a que "era perfectamente conocedor de que su conducta no era ajustada a derecho" cuando concedió una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable.
"Conociendo las normas y doctrina del partido y habiendo defendido siempre los intereses de la organización, he tomado esta decisión. Te informo de que seguiré con mi defensa y las acciones judiciales oportunas hasta que la causa tenga una sentencia absolutoria", ha declarado Aranda en un documento enviado al PSOE.
Por su parte, la defensa del regidor ha indicado que se recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, que también se pedirá la suspensión de la pena.
La Audiencia Provincial de Málaga ha estimado con esta sentencia el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga, que lo había absuelto.
El tribunal considera que debe revocar el anterior fallo y condenar al regidor debido a que "era perfectamente conocedor de que su conducta no era ajustada a derecho" cuando concedió una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable.
"Conociendo las normas y doctrina del partido y habiendo defendido siempre los intereses de la organización, he tomado esta decisión. Te informo de que seguiré con mi defensa y las acciones judiciales oportunas hasta que la causa tenga una sentencia absolutoria", ha declarado Aranda en un documento enviado al PSOE.
Por su parte, la defensa del regidor ha indicado que se recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, que también se pedirá la suspensión de la pena.
Sentencia
Se considera probado que el alcalde concedió en octubre de 2006 una licencia de obras a un particular y sus hermanos en un suelo calificado como no urbanizable en de Canillas de Aceituno, una localidad de algo más de 2.000 habitantes.
La Sala mantiene que el acusado era conocedor de que se atentaba contra las esenciales normas y sabía que no se podía conceder la licencia debido a que la secretaria y el técnico municipal se habían mostrado en contra.
La Audiencia le reprocha que pretendió aprobar un proyecto de actuación, que tenía apariencia de legalidad, y con ello buscaba "instrumentos jurídicos para otorgar una licencia para la construcción de una vivienda que en modo alguno resultaba justificada como adscrita a una explotación agrícola a todas luces inexistente".
En los fundamentos de derecho se destaca que el regidor tuvo pleno conocimiento del otorgamiento de una licencia arbitraria, ilegal e injusta, "sin observar los trámites legalmente establecidos y sin tomar en consideración los informes técnicos jurídicos".
En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga el juez explicó que "aun constando indicios de que el regidor otorgó la licencia a sabiendas de que incumplía la normativa urbanística aplicable, lo cierto es que las dudas no pueden solventarse en otra forma que favorablemente al acusado", al que aplicó el principio de in dubio pro reo.
elmundo.es
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