viernes, 9 de abril de 2010

"CASO FACTURAS FALSAS"; INGRESA EM PRISIÓN UNO DE LOS COLABORADORES DE MONTESIRÍN CONDENADOS DEL CASO MACARENA

FACTURAS FALSAS | José Marín adelanta su ingreso para evitar las cámaras

* El posible recurso ante el Tribunal Constitucional no paraliza el ingreso
* Los acusados deben devolver al Ayuntamiento los 5.901 euros defraudados


Efe | Sevilla

José Marín, ex secretario del Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla, ha ingresado esta noche en prisión para cumplir la condena de cuatro años y tres meses de cárcel por el pago de facturas falsas, adelantándose voluntariamente a la orden de ingreso que el tribunal había dictado para este jueves con el fin de eludir a los medios de comunicación.

En cuanto a José Pardo, fuentes judiciales han informado de que también puede optar por acudir directamente a la cárcel con copia de la sentencia, aunque ha sido citado a las 12 horas de este jueves en la Audiencia de Sevilla para, desde allí, ser trasladado a prisión y, además, para requerirle el pago de la indemnización a que fue condenado.

El juez sevillano que presidió el jurado popular ha dictado para este jueves el ingreso en prisión de Marín y del contratista Pardo, después de que en febrero pasado el Tribunal Supremo confirmase la condena contra ambos.

La petición de indulto y el posible recurso ante el Tribunal Constitucional, que están estudiando las defensas de ambos, no paralizan el ingreso el prisión, según han explicado fuentes del caso.

Marín ha sido condenado por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial, al pagar seis facturas falsas por obras menores que "no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente".

Pardo ha sido condenado porque a finales de 2002 y comienzos de 2003 presentó al Ayuntamiento varias facturas "pese a conocer que los trabajos no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente", y lo hizo aparentando actuar por cuenta de Contratas y Obras Sevilla (COS), pese a que sabía que la empresa había cesado su actividad a finales de 2002 y que ya no tenía la representación de la misma.

La sentencia de la Audiencia afirma que Marín, que tenía la condición de funcionario público, "conscientemente permitió que Pardo cobrara por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, pese a conocer que éstas no se habían ejecutado", y que éste pretendía "obtener más dinero del que le correspondería".

El posterior fallo del TSJA confirmó además el importe de la defraudación, 5.901 euros que los acusados deberán devolver al Ayuntamiento, así como una multa de 2.400 euros y seis años de inhabilitación absoluta para Marín, y de 2.160 euros para Pardo.

elmundo.es

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